El ingreso igualitario debuta en los Tribunales Federales

La cola rodea la manzana de los Tribunales Federales. Todos llevan papeles en las manos: son las páginas del formulario de inscripción que aprobó la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN). La presentación de ese documento es el primer paso para conseguir un empleo por medio del nuevo mecanismo de ingreso democrático e igualitario de personal al Poder Judicial de la Nación.

El paisaje de ciudadanos sin trabajo, o con expectativas de conseguir uno mejor, fue la nota destacada de la semana que pasó. Como cada vez que el Estado abre una convocatoria laboral, la demanda superó las expectativas. El número de interesados ha sido enorme y aún puede aumentar, puesto que la inscripción vence este lunes. Recién entonces la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán tendrá datos concretos sobre el volumen de aspirantes a los puestos de ayudante, auxiliar, prosecretario y secretario (estas últimas dos categorías requieren el título de abogado) en los Tribunales Federales con sede en la provincia, Santiago del Estero y Catamarca.

El ingreso igualitario al Poder Judicial de la Nación nació dentro del paquete de propuestas promovido por el kirchnerismo con la pretensión de democratizar la Justicia. A diferencia de otras disposiciones, que fueron volteadas o paralizadas por los jueces, la ley relativa a los concursos públicos (número 26.861) quedó en pie y dio origen a la reglamentación de la inscripción de los aspirantes prevista en la Acordada 49/2013, de la CSJN.

Lo que sigue, en teoría, es el diseño del proceso de selección. Fuentes judiciales informaron que aún no habían recibido instrucciones al respecto, ni oficial ni extraoficialmente. En principio, la Corte nacional debería emitir una nueva acordada con las pautas del concurso. El listado de inscriptos, según la Ley 26.861, tiene dos años de validez. Esto quiere decir que la nómina confeccionada este mes servirá para cubrir vacantes hasta marzo de 2016.

Pese al aluvión de aspirantes, la perspectiva de entrar a los Tribunales Federales es más bien pequeña o ínfima. Sucede que un cargo sólo queda disponible en caso de dimisión, jubilación o fallecimiento de su titular. Tampoco hay demasiadas perspectivas por el lado del Juzgado Federal N°3 de Tucumán, oficina creada por ley del año pasado. La puesta en marcha de esa nueva unidad judicial requiere de la celebración de un concurso en el Consejo de la Magistratura de la Nación, cuya tramitación previsiblemente se extenderá durante un par de años.

Para colmo, la cobertura de las vacantes actuales no está suspendida. Ocurre que, hasta que el nuevo sistema de selección de personal entre en vigor, los Tribunales Federales podrán seguir designando empleados y funcionarios, y ascendiéndolos en forma discrecional. Este ha sido el mecanismo que históricamente aplicó la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, institución de la que dependen cuatro juzgados de primera instancia (dos en Tucumán, uno en Catamarca y otro en Santiago del Estero), y 450 empleados y funcionarios. Sin embargo, en el pasado reciente algunas iniciativas aisladas procuraron privilegiar el criterio del mérito: este fue el caso de los concursos organizados por Mario Racedo, juez federal subrogante a cargo del Juzgado Federal N°2 entre 2006 y 2011.