La normativa de las FFAA no justifica los actos de barbarie, sentenció el TOF

En 30 cajas azules idénticas. Allí se guardaron las copias de las 2.204 páginas del fallo que condensó 13 meses de debate en el Tribunal Oral Federal (TOF). Ayer se celebró la última audiencia de la megacausa “Arsenales II-Jefatura II” en la que se concretó la difusión de los fundamentos de la sentencia dictada por los jueces Carlos Jiménez Montilla, Gabriel Casas y Juan Carlos Reynaga el 13 de diciembre pasado.

De los 37 condenados, sólo estuvieron en la sala los 25 que se encuentran en la cárcel de Villa Urquiza y, mediante videoconferencia, asistieron los siete recluidos en el Penal de Ezeiza (Buenos Aires). En un hecho inédito para el TOF por la magnitud del juicio, cada uno de ellos recibió uno de los contenedores de plástico con las explicaciones y argumentos de los magistrados respecto de por qué están hoy tras las rejas. Una de las condenadas que está excarcelada y otros cuatro que sufrieron problemas de salud y los cuatro absueltos no participaron. El acto se desarrollo en un clima de tensión entre familiares de las víctimas y de los condenados, al igual que había ocurrido durante la sentencia.

Centros clandestinos

Las palabras de 358 testimonios que se escucharon en 90 audiencias determinaron la responsabilidades -o no- de 41 imputados en crímenes de lesa humanidad cometidos contra 200 víctimas durante el terrorismo de estado. En los fundamentos quedó en claro que, para la Justicia, se comprobó la existencia de un centro clandestino de detención y exterminio en el ex Arsenal “Miguel de Azcuénaga” y que, tal como relataron docenas de sobrevivientes, tenía las características más cruentas de un campo de concentración (en el caso Jefatura I se había constatado el centro que funcionó en esa dependencia policial).

Los jueces fueron particularmente duros en relación a la defensa esgrimida por parte de los imputados. “La estructura normativa que algunos invocan en su defensa, en función de las Fuerzas Armadas (FFAA), en operaciones bélicas, no justifica ni disculpa los actos de barbarie que ni siquiera una tribu salvaje aceptaría. Una cosa es el leal combate y otra es la ejecución de civiles desarmados, sin juicio previo, después de torturas y ocultando sus cadáveres”, consideraron los jueces. Subrayaron también la eficacia de la búsqueda de la impunidad. Hicieron hincapié, sobre todo, en el ocultamiento de cuerpos. Ocurre que una de las pruebas más contundentes fueron los restos de desaparecidos encontrados en el Arsenal. “El hallazgo de restos óseos en las fosas de Arsenales, en el Pozo de Vargas, en el cementerio de Tacanas y las identificaciones de restos óseos como los de Damián Márquez, Ricardo Salinas o Adriana Mitrovich (...) son datos categóricos, además de comprobar el esfuerzo realizado por los condenados ocultar los cuerpos de las víctimas y lograr impunidad”, sentenciaron.

El TOF se explayó también en los crímenes contra la familia (hay grupos familiares enteros que fueron asesinados), contra las embarazadas y en la violencia sexual en los centros.

Los culpables mantendrán las condiciones de detención en las que se encuentran hasta tanto la sentencia quede firme (25 en Villa Urquiza, seis en Ezeiza, uno en el penal de Marcos Paz, tres en arresto domiciliario y otro permanece hospitalizado).

Los condenados a la mayor pena habían sido Roberto Albornoz, Luis de Cándido, Ricardo Sánchez y Luis Varela (perpetua). El resto de los ex militares, ex policías y ex gendarmes había recibido penas de entre dos y 20 años. El TOF había absuelto, en tanto, con el voto en disidencia de Reynaga, al ex gendarme Celso Barraza, el sacerdote José Mijalchyk, el escribano Juan Carlos Benedicto y el ex militar Luis de Urquiza.

El secretario del TOF, Mariano García Zavalía, detalló que desde hoy las defensas podrán interponer recursos de Casación si así lo consideran.

Agresiones contra fotógrafos

Personas del público -presuntamente identificadas con los condenados- agredieron a fotógrafos y a otros periodistas que realizaban la cobertura, ayer, en la sede del Tribunal Oral Federal. Unos 200 gendarmes estaban consignados a la vigilancia en el edificio de Crisóstomo Álvarez y Chacabuco.