Pablo Antonio Amín insiste y se pregunta. Si hay al menos cuatro detenidos que pueden estudiar y asistir a la facultad de Derecho para rendir los exámenes, ¿por qué a él no le permiten tener su título de abogado? Ayer al mediodía, el hombre que cumple una condena a prisión perpetua por el homicidio de su esposa tuvo una audiencia ante el camarista Eduardo Romero Lascano, y una vez más se retiró de los tribunales sin una respuesta afirmativa y con la inhibición por violencia moral del juez para resolver su situación.
Cerca de las 12.30, Amín llegó a la sala II de la Cámara Penal, en el primer piso de los tribunales penales, custodiado por tres guardiacárceles. Lo aguardaban su abogado Roberto Flores y el juez Romero Lascano, quien tiene a su cargo el control de la ejecución de la sentencia del hombre.
Fuentes judiciales señalaron que, durante la audiencia, Amín mencionó que hay otros condenados a cadena perpetua a quienes se les permite estudiar. El problema, le habría explicado el magistrado, es que los informes del Servicio Penitenciario indican que no están en condiciones de garantizar la integridad física del condenado o de terceros, cada vez que este deba ser trasladado a la facultad de Derecho.
La solución que propuso el detenido fue que se implemente un sistema de teleconferencias para rendir los exámenes, ya que la Universidad Nacional de Tucumán no cuenta con un sistema intramuros de enseñanza, y los docentes no van al penal.
Romero Lascano le señaló a Amín que la Universidad no cuenta con los elementos para llevar adelante las teleconferencias. Fue cuando el detenido se ofuscó. “Observo una animosidad en mi contra”, habrían sido las palabras que, en elevado tono, le dijo al juez.
Las diferencias de criterio quedaron plasmadas en el acta de la audiencia. El maltrato verbal que Amín le habría dispensado al camarista fueron motivo suficiente para que Romero Lascano alegara violencia moral y se inhibiera para resolver el problema.
Ahora, la Cámara Penal deberá sortear un tribunal para que resuelva la inhibición de Romero Lascano, y en caso de aceptarla para que decida si el homicida podrá estudiar en la facultad.
Amín fue condenado por haber matado a su esposa María Marta Arias el 28 de octubre de 2007. Vivían en Santiago del Estero y habían llegado a la provincia porque el homicida debía disertar en un congreso que daba la empresa para la que trabajaba como vendedor. Se alojaron en la habitación 514 del hotel Catalinas Park, donde a la madrugada la mató a golpes, le arrancó los ojos y arrastró el cuerpo por las escaleras.
A las 14.30 de ayer, cuando en el primer piso del edificio de avenida Sarmiento sólo quedaban Romero Lascano, Flores, el prosecretario Ramón Plaza y los tres guardiacárceles, Amín se retiró esposado, con el rostro adusto.
“No existe un convenio que le permita rendir en la cárcel”
Las pretensiones de Pablo Antonio Amín para estudiar en la facultad de Derecho chocan con un escollo: no existe un convenio entre la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) y el Sistema Penitenciario Provincial, que le permita estudiar y rendir los examenes en la cárcel.
Así lo afirmó el vicedecano de la facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Miguel Marcotullio. “Quien da los permisos extramuros para rendir o para internaciones sanatoriales es el tribunal que condenó a una persona. En la facultad tenemos casos de estudiantes que cumplen con los requisitos de un alumno libre, que obtienen los permisos extramuros, concurren con personal de guardia, rinden el examen y vuelven a su lugar de alojamiento”, explicó el funcionario universitario.
Sin embargo, este sistema puede ser implementado porque la facultad cuenta con un reglamento para que los alumnos realicen toda su carrera libre, y la autorización para que vayan a rendir la otorga la Justicia.
“No hay un convenio específico. La facultad fija el calendario a principios de cada año, y las fechas de las mesas de examen están en la página de internet, por lo que cada alumno sabe cuándo puede rendir. En estos casos, el abogado defensor pide el permiso al tribunal un mes antes de cada fecha”, dijo Marcotullio.
El vicedecano aclaró que la facultad no puede firmar convenios con el sistema carcelario, sino que eso es atribución del rectorado de la UNT. “Hay muchas cuestiones que se tienen que tener en cuenta para que un docente vaya a dar clases o a tomar examen en las prisiones, como el seguro”, añadió Marcotullio.
El modelo más conocido de estudios en la cárcel es el de la Universidad de Buenos, que tiene un centro universitario en la cárcel de Devoto. En el pabellón en el que cursan los alumnos hay empleados de la UBA y pueden optar entre varias carreras.