18 Marzo 2014
El incremento de la marginalidad y la delincuencia está reflejando la más que preocupante descomposición del tejido social, pero también fallas en el Poder Judicial y en el sistema penitenciario. No se trata, por cierto, de realidades nuevas, sino bastante conocidas por quienes tienen que buscar soluciones y ponerlas en marcha. En nuestra edición de ayer informamos que el 61% de los presos no tiene condena, que hay 600 detenidos en comisarías porque no tienen lugar en las tres sedes carcelarias de la provincia, las cuales están excedidas en su capacidad. Este amplio porcentaje de individuos que carece aún de condena tampoco puede ser incluido en los programas de reinserción social.
Según el director de Institutos Penales, en las cárceles Villa Urquiza, Concepción y Banda del Río Salí (para mujeres), alrededor de 1.300 personas privadas de su libertad. Ello significa que para que un detenido en una seccional policial pueda pasar a las prisiones, debe producirse una vacante. En 2013, la Fiscalía de Instrucción de la VIII Nominación informó que había presos que llevaban varios meses en las comisarías, porque no había cupo en las cárceles para alojarlos. Contrariamente a lo que prescribe una acordada de la Corte Suprema que en las seccionales no debe haber reclusos, permanecen actualmente 600 arrestados. Muchos de ellos se hallan en estado de hacinamiento porque las sedes policiales no tienen espacio, no están preparadas ediliciamente para albergar un elevado número de detenidos y la mayoría son antiguas.
Esta situación pone también en evidencia la morosidad de la Justicia en resolver estos casos. El secretario provincial de Seguridad dijo que la lentitud en el proceso penal, así como la falta de políticas públicas para los procesados son dos de las causas de la superpoblación de las prisiones y a diferencia del director de Institutos Penales que señaló que cuando los condenados recuperan la libertad, se adecuan a las normas sociales, afirmó que el sistema penitenciario perfecciona “la capacidad delictiva de los que están privados de la libertad; no se reinsertan porque no hay políticas públicas diferentes”.
Desde hace tiempo, se viene anunciando la construcción de una alcaidía para 800 reclusos sin condena en el mismo penal de Villa Urquiza, como parte de una solución. Lo cierto es que se trata de una realidad, cuyas soluciones deberían abordarse desde varios puntos de vista y en forma integral, no sólo el edilicio.
Habría que debatir si con la actual metodología se produce positivamente la reinserción social, que debería ser el principal objetivo. En 2010, el presidente José Mujica que estuvo en la cárcel durante 13 años, anunció un plan de construcción de viviendas, en el que los principales obreros iban a ser los convictos de las cárceles. “Quiero que todos los presos hagan algo para solucionar el problema de la vivienda y de yapa el de hacinamiento... Es una manera de que los delincuentes encarcelados dejen de estar amontonados como piojos en costura”, dijo.
De un debate serio, en el que intervinieran los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como las áreas de educación y la salud mental, debería surgir una política de Estado, que atendiera esta problemática con eficacia. Si los presos siguen perfeccionando en la cárcel su capacidad delictiva, significa que el actual sistema es inservible.
Según el director de Institutos Penales, en las cárceles Villa Urquiza, Concepción y Banda del Río Salí (para mujeres), alrededor de 1.300 personas privadas de su libertad. Ello significa que para que un detenido en una seccional policial pueda pasar a las prisiones, debe producirse una vacante. En 2013, la Fiscalía de Instrucción de la VIII Nominación informó que había presos que llevaban varios meses en las comisarías, porque no había cupo en las cárceles para alojarlos. Contrariamente a lo que prescribe una acordada de la Corte Suprema que en las seccionales no debe haber reclusos, permanecen actualmente 600 arrestados. Muchos de ellos se hallan en estado de hacinamiento porque las sedes policiales no tienen espacio, no están preparadas ediliciamente para albergar un elevado número de detenidos y la mayoría son antiguas.
Esta situación pone también en evidencia la morosidad de la Justicia en resolver estos casos. El secretario provincial de Seguridad dijo que la lentitud en el proceso penal, así como la falta de políticas públicas para los procesados son dos de las causas de la superpoblación de las prisiones y a diferencia del director de Institutos Penales que señaló que cuando los condenados recuperan la libertad, se adecuan a las normas sociales, afirmó que el sistema penitenciario perfecciona “la capacidad delictiva de los que están privados de la libertad; no se reinsertan porque no hay políticas públicas diferentes”.
Desde hace tiempo, se viene anunciando la construcción de una alcaidía para 800 reclusos sin condena en el mismo penal de Villa Urquiza, como parte de una solución. Lo cierto es que se trata de una realidad, cuyas soluciones deberían abordarse desde varios puntos de vista y en forma integral, no sólo el edilicio.
Habría que debatir si con la actual metodología se produce positivamente la reinserción social, que debería ser el principal objetivo. En 2010, el presidente José Mujica que estuvo en la cárcel durante 13 años, anunció un plan de construcción de viviendas, en el que los principales obreros iban a ser los convictos de las cárceles. “Quiero que todos los presos hagan algo para solucionar el problema de la vivienda y de yapa el de hacinamiento... Es una manera de que los delincuentes encarcelados dejen de estar amontonados como piojos en costura”, dijo.
De un debate serio, en el que intervinieran los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como las áreas de educación y la salud mental, debería surgir una política de Estado, que atendiera esta problemática con eficacia. Si los presos siguen perfeccionando en la cárcel su capacidad delictiva, significa que el actual sistema es inservible.
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