Por Abrehu Carlos
16 Marzo 2014
Después de nueve años, un gobernador electo democráticamente volvía a rendir cuentas de su administración y a exponer sus planes de acción futuros en la Asamblea Legislativa. La Constitución de 1907 así lo disponía. Y el 1 de abril de 1984, Fernando Riera habló ante el plenario de las Cámaras de Diputados y Senadores, cuyo ciclo de sesiones ordinarias inauguró.
El presidente Raúl Alfonsín cumplió con igual obligación ante el Congreso el 1 de mayo, conforme a la Constitución de 1853. No existía entonces la superposición de discursos de los máximos funcionarios electivos que se produce ahora en Tucumán cada 1 de marzo, debido a que la simultaneidad está impuesta por la Constitución nacional de 1994 y por la Carta Magna provincial que rige desde 2006.
Cuando riera fue a la Asamblea Legislativa, llevaba 100 jornadas al frente del Ejecutivo. El marco político ubicaba al gobernador condicionado por las líneas directrices trazadas por Alfonsín
En Tucumán, los bloques legislativos de la UCR marcaban de cerca al gobernante peronista. La sombra de Alfonsín se proyectaba con fuerza. Sin embargo, la crisis socioeconómica afectaría a ambos gobiernos. Las diferencias políticas enfrentaron pronto al PJ y a la UCR.
El rumbo
En estos 100 días, a pesar de opiniones contrarias, marcamos un rumbo, planteó Riera, quien se comprometió a defender la democracia. También afirmó que la Casa de Gobierno tendría paredes de cristal. En ese contexto consignó que coincidía con la convocatoria a la unidad que había hecho Alfonsín.
Según Riera, las metas de los primeros 100 días consistieron en el saneamiento de las finanzas la reactivación de economía, con la recuperación del sector industrial el pase a disponibilidad de 210 policías. Mencionó, además, la integración de la Corte Suprema de Justicia y la aplicación de la ley de reordenameinto administrativo (prescindibilidad). La crítica no nos molesta, sentenció el referente del PJ.
La cautela prevaleció en las opiniones de los legisladores opositores al evaluar las palabras de Riera. Sólo Carlos Muiño (UCR) detectó que el jefe del PE había deslizado una sombra de sospecha sobre Alfonsín.
En los días siguientes, la conducción de la Federación Económica de Tucumán (FET), encabezada por Pedro Omodeo, manifestó su apoyo a los propósitos enunciados por Riera el 1 de abril.
Primeros roces
Las desavenencias entre peronistas y radicales afloraron el 4 de abril, en la primera sesión ordinaria de Diputados.
La ley de prescindibilidad alteró la concordia. Una versión indicaba la existencia de 210 cesantías, a causa de esa norma. El radical Carlos Muiño dijo que esos despidos repetían el mejor estilo del conservadorismo. Desde Vanguardia Federal (VF), Salvador Martín acusó a Juan Carlos González Palacio (secretario de Obras Públicas) de haber impulsado los despidos y lo identificó con Antonio Domingo Bussi.
Miguel Nazur (PJ) defendió la ley y admitió que se pudieron haber cometido excesos, que serán corregidos. Hubo errores, se sinceró. No obstante, los bloques de la UCR y de VF abandonaron el recinto. Pero la unidad opositora duró poco. Los gelsistas dialogaron al día siguiente con Riera. Benito Orlando Ferreyra lo justificó arguyendo que el gobernador surgió del voto popular. Prometió revisiones, aseveró.
El 10 de abril, durante la primera sesión ordinaria del Senado, Hugo Lazarte (PJ) tildó de patota legislativa al bloque radical de Diputados por haber dejado la sesión. Ramón Martínez (UCR) aseguró que la ley de prescindibilidad había sido violada. Abril mezcló ritos legales y borrascas políticas.
El presidente Raúl Alfonsín cumplió con igual obligación ante el Congreso el 1 de mayo, conforme a la Constitución de 1853. No existía entonces la superposición de discursos de los máximos funcionarios electivos que se produce ahora en Tucumán cada 1 de marzo, debido a que la simultaneidad está impuesta por la Constitución nacional de 1994 y por la Carta Magna provincial que rige desde 2006.
Cuando riera fue a la Asamblea Legislativa, llevaba 100 jornadas al frente del Ejecutivo. El marco político ubicaba al gobernador condicionado por las líneas directrices trazadas por Alfonsín
En Tucumán, los bloques legislativos de la UCR marcaban de cerca al gobernante peronista. La sombra de Alfonsín se proyectaba con fuerza. Sin embargo, la crisis socioeconómica afectaría a ambos gobiernos. Las diferencias políticas enfrentaron pronto al PJ y a la UCR.
El rumbo
En estos 100 días, a pesar de opiniones contrarias, marcamos un rumbo, planteó Riera, quien se comprometió a defender la democracia. También afirmó que la Casa de Gobierno tendría paredes de cristal. En ese contexto consignó que coincidía con la convocatoria a la unidad que había hecho Alfonsín.
Según Riera, las metas de los primeros 100 días consistieron en el saneamiento de las finanzas la reactivación de economía, con la recuperación del sector industrial el pase a disponibilidad de 210 policías. Mencionó, además, la integración de la Corte Suprema de Justicia y la aplicación de la ley de reordenameinto administrativo (prescindibilidad). La crítica no nos molesta, sentenció el referente del PJ.
La cautela prevaleció en las opiniones de los legisladores opositores al evaluar las palabras de Riera. Sólo Carlos Muiño (UCR) detectó que el jefe del PE había deslizado una sombra de sospecha sobre Alfonsín.
En los días siguientes, la conducción de la Federación Económica de Tucumán (FET), encabezada por Pedro Omodeo, manifestó su apoyo a los propósitos enunciados por Riera el 1 de abril.
Primeros roces
Las desavenencias entre peronistas y radicales afloraron el 4 de abril, en la primera sesión ordinaria de Diputados.
La ley de prescindibilidad alteró la concordia. Una versión indicaba la existencia de 210 cesantías, a causa de esa norma. El radical Carlos Muiño dijo que esos despidos repetían el mejor estilo del conservadorismo. Desde Vanguardia Federal (VF), Salvador Martín acusó a Juan Carlos González Palacio (secretario de Obras Públicas) de haber impulsado los despidos y lo identificó con Antonio Domingo Bussi.
Miguel Nazur (PJ) defendió la ley y admitió que se pudieron haber cometido excesos, que serán corregidos. Hubo errores, se sinceró. No obstante, los bloques de la UCR y de VF abandonaron el recinto. Pero la unidad opositora duró poco. Los gelsistas dialogaron al día siguiente con Riera. Benito Orlando Ferreyra lo justificó arguyendo que el gobernador surgió del voto popular. Prometió revisiones, aseveró.
El 10 de abril, durante la primera sesión ordinaria del Senado, Hugo Lazarte (PJ) tildó de patota legislativa al bloque radical de Diputados por haber dejado la sesión. Ramón Martínez (UCR) aseguró que la ley de prescindibilidad había sido violada. Abril mezcló ritos legales y borrascas políticas.
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