Cerraron las Ruinas de Quilmes debido a “problemas judiciales”

“Cerrado por problemas judiciales”. Pintado a mano sobre una madera, un cartel se interpone entre los turistas y las Ruinas de Quilmes, en el corazón de los Valles Calchaquíes. Una familia cordobesa, desconcertada, da media vuelta y se retira. Dicen que no entienden por qué no se puede pasar.

Comprender el conflicto que mantiene aislada a la Ciudad Sagrada de los Quilmes, y a parte de sus pobladores, no es sencillo. La historia de los descendientes del pueblo que resistió más de un siglo la conquista española y, luego, el olvido, es compleja. Pero los sucesos de los últimos días, que derivaron en el cierre del sitio arqueológico, lo son aún más.

Desde el viernes, un grupo de Quilmes mantiene tomada la administración de las Ruinas; mientras otro, enfrentado a ellos, bloquea el paso desde la ruta hasta el complejo. De esta manera, no pueden llegar víveres ni asistencia a los comuneros que sostienen la toma, según explicaron.

El conflicto tiene un origen más lejano en el tiempo. La Comunidad Indígena Quilmes está compuesta por los habitantes originarios de 14 pueblos o bases, entre las cuales se encuentra Quilmes, ubicado entre Amaicha y Colalao. La reforma de la Constitución de Tucumán reconoció la propiedad de los restos de la ciudad precolombina más grande del país a la comunidad originaria. Por ello, desde 2008, la administración pasó a manos de los comuneros.

Francisco Chaile es el cacique desde 1998, aunque un grupo disidente sostiene que su mandato ya caducó. Miembros del sector opositor tomaron la administración de las Ruinas el 6 de noviembre de 2013, argumentando que Chaile nunca rindió cuentas del destino de los fondos provenientes no sólo de la venta de entradas a turistas a la Ciudad Sagrada, sino de partidas provenientes de la Nación, destinadas al desarrollo de la comunidad.

Así, anularon una asamblea que había renovado el mandato a Chaile, eligieron como nuevo cacique a Santiago Santos y se mantuvieron en la administración durante cuatro meses.

El 5 de marzo fueron desalojados por un operativo policial dispuesto por la jueza de Paz de Colalao, Susana Fuentes Lajud, detallaron. Sin embargo, dos días más tarde, el grupo expulsado volvió a tomar el lugar. Sus oponentes decidieron entonces bloquear la comunicación con la ruta, dejándolos aislados.

Los seguidores de Chaile, que mantienen el bloqueo al complejo, se negaron a dialogar con un equipo de LA GACETA que intentó acceder al sitio. La única forma de llegar al complejo, por lo tanto, es cruzando el monte, a pie o en moto.

El ambiente en la región es de tensión y prácticamente ningún habitante de la zona se mantiene ajeno al conflicto que amenaza con llegar a la violencia. De hecho, miembros de ambos bandos aseguran que los enfrentamientos dejaron ya tres heridos.

Soledad Emma es una de las comuneras que permanece en la Ciudad Sagrada, cocinando para sus compañeros y esperando un nuevo desalojo policial. “No sabemos lo que puede pasar. Esto es triste para nosotros, los hermanos, que venimos sufriendo 20 años de abuso de poder”, asegura. También se encuentra allí el cacique Santos. Considera que la administración del lugar les pertenece y que el desalojo judicial (ordenado tras una sentencia favorable a un recurso de amparo interpuesto por Chaile) obedece a la connivencia entre la jueza y el antiguo cacique.

Miguel, comunero de la toma, aseguró que la ocupación del sitio obedece a la intención de conservar y preservar el lugar, aunque reconoce que el dinero que ingresa en concepto de ventas de entradas a los turistas supera el medio millón de pesos anuales. “Ingresan más de 1.000 turistas por día en temporada alta, y cada uno paga $ 20. Nunca supimos a dónde fue ese dinero durante la gestión de Chaile, ni lo vimos transformado en beneficios para la comunidad”, asegura.

Chaile no respondió a los llamados de LA GACETA, ni fue visto en el lugar. En una comunicación anterior, había asegurado que él sí rindió cuentas de su gestión, y acusó a Santos de usurpar el puesto de cacique con intenciones de devolver la gestión del lugar al empresario Héctor Cruz, quien explotó las ruinas durante 16 años. Santos lo niega.

Mientras la Ciudad Sagrada permanece cerrada al turismo, sus poseedores se encuentran divididos en una disputa en la que abundan acusaciones cruzadas de usurpación, malversación de fondos y agresiones.

Sostienen que no abandonarán sus posturas, aunque prometen que tampoco incitarán a la violencia. Pobladores de la región miran con preocupación el enfrentamiento que amenaza con quebrar la paz de los Valles Calchaquíes.