25 Febrero 2014
MOMENTOS DE TENSIÓN. La protesta que realizaron en diciembre los policías de Catamarca dejó heridos. FOTO DE AGENCIA NA
SAN FERNANDO DE CATARMACA.- El gobierno de Catamarca ordenó a la Fiscalía de Estado y a la Secretaría de Seguridad provincial que abran una investigación para determinar si los policías que realizaron paro en diciembre cometieron delitos o actos de indisciplina durante la protesta.
Así lo dispuso la gobernadora Lucía Corpacci al ratificar por decreto el acuerdo firmado para la mejora salarial de los policías, de un 44%.
El convenio de diciembre de 2013 debía ser ratificado por las condiciones en que se firmó, ya que existían elementos que podrían llevar a declarar su nulidad.
Ahora, la kirchnerista Corpacci emitió el decreto provincial 155 para ratificar el acta celebrada entre el secretario de Seguridad, Juan Pablo Morales, y el personal del escalafón de la Policía y del Servicio Penitenciario Provincial.
En esa misma norma, instruyó a la Fiscalía de Estado y Secretaría de Estado de Seguridad a iniciar, en caso de corresponder "las actuaciones administrativas o formular denuncias penales" sobre personal de la policía y penitenciarios que "pudieran haber cometido faltas disciplinarias o delitos".
Según el artículo 6 del decreto, el gobierno busca determinar si los agentes que participaron de las protestas de entre el 5 y el 7 de diciembre, así como personal retirado, pudieron haber perpetrados delitos en la institución.
Así lo dispuso la gobernadora Lucía Corpacci al ratificar por decreto el acuerdo firmado para la mejora salarial de los policías, de un 44%.
El convenio de diciembre de 2013 debía ser ratificado por las condiciones en que se firmó, ya que existían elementos que podrían llevar a declarar su nulidad.
Ahora, la kirchnerista Corpacci emitió el decreto provincial 155 para ratificar el acta celebrada entre el secretario de Seguridad, Juan Pablo Morales, y el personal del escalafón de la Policía y del Servicio Penitenciario Provincial.
En esa misma norma, instruyó a la Fiscalía de Estado y Secretaría de Estado de Seguridad a iniciar, en caso de corresponder "las actuaciones administrativas o formular denuncias penales" sobre personal de la policía y penitenciarios que "pudieran haber cometido faltas disciplinarias o delitos".
Según el artículo 6 del decreto, el gobierno busca determinar si los agentes que participaron de las protestas de entre el 5 y el 7 de diciembre, así como personal retirado, pudieron haber perpetrados delitos en la institución.
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