25 Febrero 2014
CAMBIOS. Dos chalets serán demolidos por su deterioro, en la San Juan.
Desde hace un mes están siendo demolidos dos de los cuatro chalets de calle San Juan, entre el 222 y el 227. El paisaje de esta cuadra céntrica cambiará irremediablemente con la pérdida de la mitad un conjunto arquitectónico construido en 1920, y que cuenta con un estilo ecléctico. “Toda demolición implica una pérdida de una porción de la historia social de la ciudad. Estas construcciones son referentes de un modo de hacer arquitectura en una época. Allí está expresado lo que somos socialmente. Es nuestra historia social, reflejada en nuestra arquitectura”, indicó la arquitecta y docente de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Olga Paterlini.
La Directora de Planificación Urbanístico Ambiental de la Municipalidad, Isabel Salas, explicó que existe una ordenanza (1.779) para la preservación de bienes de valor arquitectónico y patrimonial y que se elaboró un inventario con estas construcciones. En el inventario, indicó Salas, hay más de 200 edificios. En base a esta norma se catalogan las obras como bienes de interés municipal o como bienes componentes del patrimonio arquitectónico y urbanístico. “En este inventario hay edificios tanto privados como públicos. Por medio de la ordenanza mencionada (del año 91), se otorgan una serie de beneficios o estímulos a los propietarios de esos bienes, pero que dependen de la voluntad de los dueños de los edificios privados. La ordenanza no habla de expropiación ni de acción directa del Estado en caso que el propietario se negara a firmar el convenio y decidiera modificar el bien”, explicó la arquitecta.
Del conjunto de cuatro construcciones, dos de ellas (las que no se demolerán) han firmado convenios con el municipio en pos de su conservación. “Son fachadas muy lindas, con unas columnas que verdaderamente destacan, son preciosas”, comentó Raúl Magni, quien compró un chalet y montó allí un instituto médico hace una década. El doctor agregó que intentó averiguar a qué arquitecto pertenecía el diseño, pero no pudo saber concretamente el nombre del mismo. “La importancia de defender estas construcciones antiguas, más allá de que reflejan un modo de habitar una época, es que permiten una serie de beneficios ambientales al tejido urbano”, consignó Paterlini. Según la arquitecta, la alternancia entre arquitectura antigua y los edificios modernos favorece el asoleamiento, la circulación de viento y el verde de la ciudad. “La arquitectura antigua, que es baja, con patios y fondos, permite el doble juego de altura de edificación, que garantiza una mejor calidad de vida en el microcentro, tanto para quienes viven en departamentos o en estas viviendas”, finalizó.
Equilibrio
Por su parte, la arquitecta que integra la Comisión de Patrimonio en representación de la Unsta, Gabriela Lo Giúdice, explicó que las tareas de defensa del patrimonio buscan un equilibrio entre la preservación y el derecho de los propietarios de disponer de su bien. El problema con la preservación es buscar el equilibrio entre el interés por preservar el bien común y de esa manera mantener la identidad, por lo menos de sectores; y el derecho de los individuos, para disponer de sus bienes privados”, explicó Lo Giúdice. “Los chalets que están en la calle San Juan son realmente hermosos ejemplos de como era la vivienda en algún período de la historia de la ciudad. Hubiera sido fantástico que se encontrara alguna manera de mantenerlos. La presión inmobiliaria en una ciudad tan densamente poblada es, al parecer, imbatible. El Estado debe intervenir, aunque hay que priorizar”, explicó la arquitecta.
En cuanto a un diagnóstico breve de situación, la integrante de la comisión de Patrimonio indicó que se realizaron grandes avances desde la sanción de las leyes de patrimonio, en 2006. “Estamos a dos años de cumplir una década, hemos hecho un gran recorrido pero estamos muy lejos de lo deseable en términos de patrimonio. La dirección de patrimonio hace esfuerzos titánicos con muy pocos recursos. Actuamos como bomberos frente a la emergencia. No llegamos realmente a planificar una política proactiva, a aunar esfuerzos de particulares y del Estado en pos de la identidad y de los beneficios de ambas partes, estamos lejos de eso que sería la meta ideal”, analizó.
La Directora de Planificación Urbanístico Ambiental de la Municipalidad, Isabel Salas, explicó que existe una ordenanza (1.779) para la preservación de bienes de valor arquitectónico y patrimonial y que se elaboró un inventario con estas construcciones. En el inventario, indicó Salas, hay más de 200 edificios. En base a esta norma se catalogan las obras como bienes de interés municipal o como bienes componentes del patrimonio arquitectónico y urbanístico. “En este inventario hay edificios tanto privados como públicos. Por medio de la ordenanza mencionada (del año 91), se otorgan una serie de beneficios o estímulos a los propietarios de esos bienes, pero que dependen de la voluntad de los dueños de los edificios privados. La ordenanza no habla de expropiación ni de acción directa del Estado en caso que el propietario se negara a firmar el convenio y decidiera modificar el bien”, explicó la arquitecta.
Del conjunto de cuatro construcciones, dos de ellas (las que no se demolerán) han firmado convenios con el municipio en pos de su conservación. “Son fachadas muy lindas, con unas columnas que verdaderamente destacan, son preciosas”, comentó Raúl Magni, quien compró un chalet y montó allí un instituto médico hace una década. El doctor agregó que intentó averiguar a qué arquitecto pertenecía el diseño, pero no pudo saber concretamente el nombre del mismo. “La importancia de defender estas construcciones antiguas, más allá de que reflejan un modo de habitar una época, es que permiten una serie de beneficios ambientales al tejido urbano”, consignó Paterlini. Según la arquitecta, la alternancia entre arquitectura antigua y los edificios modernos favorece el asoleamiento, la circulación de viento y el verde de la ciudad. “La arquitectura antigua, que es baja, con patios y fondos, permite el doble juego de altura de edificación, que garantiza una mejor calidad de vida en el microcentro, tanto para quienes viven en departamentos o en estas viviendas”, finalizó.
Equilibrio
Por su parte, la arquitecta que integra la Comisión de Patrimonio en representación de la Unsta, Gabriela Lo Giúdice, explicó que las tareas de defensa del patrimonio buscan un equilibrio entre la preservación y el derecho de los propietarios de disponer de su bien. El problema con la preservación es buscar el equilibrio entre el interés por preservar el bien común y de esa manera mantener la identidad, por lo menos de sectores; y el derecho de los individuos, para disponer de sus bienes privados”, explicó Lo Giúdice. “Los chalets que están en la calle San Juan son realmente hermosos ejemplos de como era la vivienda en algún período de la historia de la ciudad. Hubiera sido fantástico que se encontrara alguna manera de mantenerlos. La presión inmobiliaria en una ciudad tan densamente poblada es, al parecer, imbatible. El Estado debe intervenir, aunque hay que priorizar”, explicó la arquitecta.
En cuanto a un diagnóstico breve de situación, la integrante de la comisión de Patrimonio indicó que se realizaron grandes avances desde la sanción de las leyes de patrimonio, en 2006. “Estamos a dos años de cumplir una década, hemos hecho un gran recorrido pero estamos muy lejos de lo deseable en términos de patrimonio. La dirección de patrimonio hace esfuerzos titánicos con muy pocos recursos. Actuamos como bomberos frente a la emergencia. No llegamos realmente a planificar una política proactiva, a aunar esfuerzos de particulares y del Estado en pos de la identidad y de los beneficios de ambas partes, estamos lejos de eso que sería la meta ideal”, analizó.
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