Inician los trámites para quitas las primeras casas en Lomas de Tafí

Inician los trámites para quitas las primeras casas en Lomas de Tafí

La Fiscalía de Estado provincial estimó que durante esta semana completarían los 100 casos. Los adjudicatarios pueden recurrir la decisión ante el organismo público. El interventor del Ipvdu, Gustavo Durán, firmó 25 rescisiones de contratos a adjudicatarios que mantenían las unidades deshabitadas.

JORGE POSSE PONESSA. “No les corresponde a los  infractores seguir teniendo las casas porque no hicieron el uso de ella como debían”, consideró el Fiscal. JORGE POSSE PONESSA. “No les corresponde a los infractores seguir teniendo las casas porque no hicieron el uso de ella como debían”, consideró el Fiscal.
23 Febrero 2014

A un mes de que el Gobierno provincial anunciara una “auditoría” en el megabarrio Lomas de Tafí (Tafí Viejo), en el Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu) se iniciaron los trámites para quitar a los adjudicatarios las primeras 25 casas que se encontraban desocupadas.

El gobernador, José Alperovich, había encargado a la Fiscalía de Estado un relevamiento para detectar posibles irregularidades: unidades deshabitadas o alquiladas o vendidas ilegalmente. Las cifras preliminares de transgresiones fueron alarmantes. El Ejecutivo decidió primero avanzar con acciones para resolver la cantidad de hogares sin ocupar. La semana pasada, los abogados del estado elevaron al Ipvdu un listado de 118 casos.

“Voy firmando 25 rescisiones de boletos de compraventa o actas de tenencia. Los adjudicatarios serán notificados por carta documento. Comenzamos así el proceso administrativo. Hay un tiempo para recurrir esta decisión de quitar por falta de habitabilidad”, adelantó el titular del Ipvdu, Gustavo Durán. Explicó que el trámite suele demorar dado que cuenta con varias instancias administrativas y legales hasta llegar a la “desadjudicación” y la posterior quita de la construcción.

“La problemática se da en muchas provincias y sobre todo en barrios de clase media. Parece que como tienen otras posibilidades, esperan mucho tiempo para hacer mejoras o no ocupan las viviendas. Las familias con más necesidades se mudan al otro día que se las entregamos”, caracterizó el funcionario.

Fuentes de la Fiscalía de Estado estimaron que durante esta semana esperan alcanzar los 100 expedientes. “No les corresponde (a los infractores) tener las casas porque no hicieron el uso como debían”, consideró el responsable de esa área, Jorge Posse Ponessa.

¿Qué pasará con las casas que se desocupen? Alperovich ya manifestó que las unidades serán entregadas a familias que las necesiten. Durán explicó que más adelante, en conjunto con la Fiscalía y la Gobernación, definirán cómo se otorgarán. “Primero tenemos que tener las casas deshabitadas, hay que respetar un proceso. Después veremos. Sólo para Lomas de Tafí teníamos un padrón de 13.000 familias. Gente necesitada hay””, concluyó.

La “auditoría” abarcó las 3.000 casas que habían sido entregadas hace menos de tres años (después de ese plazo ya pueden ser negociadas). Se habían detectado unas 250 unidades abandonadas. De acuerdo con la normativa del Ipvdu, quienes resultan beneficiados con una vivienda tienen hasta 90 días para mudarse (en casos especiales hay más tolerancia).

Las denuncias de los vecinos había sido clave para dar con los inmuebles sin ocupantes. También el informe sobre el consumo de electricidad de esas casas.

Ciudad planificada

Los comienzos.- El megabarrio “Lomas de Tafí” (Tafí Viejo) comenzó a construirse en 2005. Se trata de una “ciudad planificada” con 5.000 casas, espacios verdes y centro comercial. El Gobierno sostiene que es el más grande de Sudamérica.

Primeros vecinos.- La primera entrega de unidades se produjo hace seis años, en el sector Lomas 600.

Reclamos.- A medida que se fue poblando, los habitantes comenzaron a reclamar por mayor seguridad y servicios. También denunciaron irregularidades como viviendas ocupadas como comercios o casas deshabitadas.

Final.- Las últimas viviendas fueron entregadas en junio del año pasado. El acto fue encabezado, mediante videoconferencia, por la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner. Habría costado $900 millones (a precios de 2013).

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