21 Febrero 2014
BUENOS AIRES.- El diputado nacional Héctor Recalde (FPV) presentó ayer un proyecto que modifica las leyes de Lealtad Comercial, Abastecimiento y de Defensa del Consumidor que habilita al Poder Ejecutivo a declarar “de utilidad pública y sujetos a expropiación” y a “intervenir y disponer la venta” de bienes. La medida apunta a evitar el desabastecimiento, haya o no “caso de urgente necesidad pública”.
Asimismo, en sintonía con lo precisado hace una semana por la presidenta de la Nación Cristina Fernández y con dos proyectos presentados por el senador Aníbal Fernández, Recalde propuso en su iniciativa “el requisito ineludible de abonar la multa con carácter previo a que la medida sea revisada por el órgano judicial”, en lo que se conoce como “solve et repete” (pague y reclame).
El proyecto de Recalde, suscripto también por otros catorce diputados oficialistas, tiene como finalidad “cuidar la estabilidad, la razonabilidad y la previsibilidad de los precios”.
El miércoles, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich había adelantado que “estamos trabajando también en la revisión de toda la estructura de carácter legislativo”, aunque remitió a las distorsiones en las cadenas de valor y mencionó “apropiaciones indebidas de excedentes”, con análisis que tienen que ver “con las tasas de rentabilidad” de las empresas.
Recalde destacó en un comunicado de prensa que en su proyecto “se facilita el ejercicio de las facultades que ya otorga la Ley de Abastecimiento al Poder Ejecutivo para expropiar bienes que sean objeto de maniobras de desabastecimiento, acaparamiento, agiotaje y/o especulación, y de intervenir y disponer la venta de productos y mercaderías”. “El presente proyecto genera un fuerte efecto disuasivo para aquellas personas físicas o jurídicas que pretendan llevar adelante maniobras contrarias al bien común y constituye a su vez una herramienta eficaz para dar respuesta a situaciones que exigen medidas prontas cuando no urgentes”, destacó el legislador en los fundamentos.
Sanciones a empresas
Por su parte, el presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Alejandro Vanoli, aseguró que el organismo que conduce “está tomando las medidas para identificar y sancionar posibles prácticas desestabilizadoras” del orden económico, tanto por “aumentos injustificados de precios” como por “conductas especulativas en el mercado financiero”.
Vanoli indicó que luego de la modificación del tipo de cambio “hubo aumentos justificados por el impacto de la devaluación”, pero también alertó que “a río revuelto ganancia de pescadores”.
El titular de la CNV sostuvo que “hay que ver cuáles son los márgenes de rentabilidad viables”, porque consideró que “no se puede permitir que haya este tipo de prácticas”. (DyN-Télam)
Asimismo, en sintonía con lo precisado hace una semana por la presidenta de la Nación Cristina Fernández y con dos proyectos presentados por el senador Aníbal Fernández, Recalde propuso en su iniciativa “el requisito ineludible de abonar la multa con carácter previo a que la medida sea revisada por el órgano judicial”, en lo que se conoce como “solve et repete” (pague y reclame).
El proyecto de Recalde, suscripto también por otros catorce diputados oficialistas, tiene como finalidad “cuidar la estabilidad, la razonabilidad y la previsibilidad de los precios”.
El miércoles, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich había adelantado que “estamos trabajando también en la revisión de toda la estructura de carácter legislativo”, aunque remitió a las distorsiones en las cadenas de valor y mencionó “apropiaciones indebidas de excedentes”, con análisis que tienen que ver “con las tasas de rentabilidad” de las empresas.
Recalde destacó en un comunicado de prensa que en su proyecto “se facilita el ejercicio de las facultades que ya otorga la Ley de Abastecimiento al Poder Ejecutivo para expropiar bienes que sean objeto de maniobras de desabastecimiento, acaparamiento, agiotaje y/o especulación, y de intervenir y disponer la venta de productos y mercaderías”. “El presente proyecto genera un fuerte efecto disuasivo para aquellas personas físicas o jurídicas que pretendan llevar adelante maniobras contrarias al bien común y constituye a su vez una herramienta eficaz para dar respuesta a situaciones que exigen medidas prontas cuando no urgentes”, destacó el legislador en los fundamentos.
Sanciones a empresas
Por su parte, el presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Alejandro Vanoli, aseguró que el organismo que conduce “está tomando las medidas para identificar y sancionar posibles prácticas desestabilizadoras” del orden económico, tanto por “aumentos injustificados de precios” como por “conductas especulativas en el mercado financiero”.
Vanoli indicó que luego de la modificación del tipo de cambio “hubo aumentos justificados por el impacto de la devaluación”, pero también alertó que “a río revuelto ganancia de pescadores”.
El titular de la CNV sostuvo que “hay que ver cuáles son los márgenes de rentabilidad viables”, porque consideró que “no se puede permitir que haya este tipo de prácticas”. (DyN-Télam)
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