“La renuncia de Albaca satisface el interés de la Justicia”

La Corte Suprema de Justicia de Tucumán que preside Antonio Gandur desde octubre tiene un 2014 frenético por delante. Ese ritmo rabioso quedó de manifiesto durante el primer día hábil de este año judicial, cuando los Tribunales se dieron con el proyecto -suspendido hasta nuevo aviso- del Gobierno para transferir la persecución de los dealers al fuero penal local. Esa cuestión imprevista se suma a un temario que incluye desde la construcción y ampliación de edificios; el tendido de fibra óptica (que permitirá hacer avances en la implementación del expediente digital), y la incorporación de cámaras y de detectores de metales en las diferentes sedes.

“Este año queremos abrir una delegación en Banda del Río Salí, donde habrá un juzgado de Familia y otras unidades judiciales. El aumento de población en esa área requiere la presencia de la Justicia”, dijo Gandur, que cumplirá los 80 en mayo, en la entrevista que dio este miércoles a LA GACETA.



-Esa preocupación inspira a la Justicia de Paz. En la gestión del ex presidente Antonio Estofán hubo intenciones de jerarquizarla...

-Es la niña huérfana. La Justicia de Paz resulta sumamente necesaria: creo que debemos ampliar su competencia y campo de acción.

-¿Hay que optar definitivamente por el modelo de la Justicia de Paz Letrada? Pese a que la ley exige el título de abogado, el Gobierno sigue designando jueces legos con acuerdo de la Corte.

-No, tiene que ser letrada.

-¿Cómo será la aplicación de la acordada de la Corte que ordena publicar todas las acordadas que dictó desde febrero de 2011? (N. de la R.: la pestaña correspondiente de www.justucuman.gov.ar aún no fue actualizada este año).

-Todo será publicado. Nada quedará en el cajón. La Dirección de Sistemas tiene la orden de divulgar los documentos apenas estos sean firmados por la Corte.

-En la primera entrevista que dio como presidente dijo que iba a volver a convocar las reuniones periódicas del alto tribunal...

-Mantengo esa posición porque los encuentros son esenciales. Ayer (por el martes) nos reunimos por primera vez este año.

-¿Qué cree que pasará con la comisión encargada de elaborar un proyecto de reforma procesal penal? (N. de la R.: ese comité ad hoc está integrado por miembros de los tres poderes y de la abogacía).

-Vamos a enviar otro representante (Jorge Echayde, fiscal de Concepción). La verdad es que no sé en qué estado está el trabajo de esa comisión.

-¿Qué opina de la renuncia con fines jubilatorios de Carlos Albaca, el cuestionado ex fiscal del caso “Lebbos”?

-Con la dimisión queda satisfecho el interés del Poder Judicial en el sentido de que ese funcionario (constitucional) no estaba cumpliendo sus funciones.

-En el sumario de Albaca no hubo cargos, sino simplemente un informe de la instructora Marta Jerez que da cuenta de que el fiscal incumplió las tareas inherentes a su cargo en la causa “Lebbos”.

-Había un informe comprometedor, (Albaca) renunció y se terminó el asunto. El objetivo está cumplido si lo que se buscaba era el cese del fiscal que no actuó como correspondía. Y si queda un saldo de responsabilidad civil o penal, las vías para reclamar están abiertas. No veo que produzca ningún daño a la sociedad el hecho de que el fiscal con pedido de juicio político decida retirarse.

-¿Este año concretará la promesa de Estofán, que en 2009 se comprometió a concursar el cargo de secretario de Superintendencia? (N. de la R.: la función es desempeñada por Gabriela Blanco, que fue designada discrecionalmente).

-Sí lo haremos. Estamos definiendo si será un concurso abierto a la comunidad o cerrado (exclusivamente para el personal judicial).

-¿Por qué los cinco miembros de la Corte no pudieron ponerse de acuerdo para tomar las vacaciones y dejaron al camarista Salvador Ruiz a cargo de la Corte durante algunos días de enero?

-En mi caso, tuve un 2013 muy difícil y estaba agotado. Me tocó preopinar en el caso “Verón” y en el juicio del ex camarista Alberto Piedrabuena. Estaba agotado y quería salir el mes entero. No pudimos organizar los descansos y decidimos llamar a Ruiz, que sigue en el orden de subrogancia.

-El año pasado usted tomó partida por los alumnos del programa Educación Permanente para Adultos Mayores en el conflicto entre estos y la Universidad Nacional de Tucumán. ¿Qué opina de la decisión de trasladar el EPAM a la sede que ocupaba Derecho?

-Estoy satisfecho con las expresiones públicas, pero en los papeles no vi absolutamente nada. Leí declaraciones de autoridades universitarias: falta el correspondiente acto administrativo. Esta decisión es un reconocimiento parcial a los adultos mayores que debían tomar clases en un lugar (la ex usina termoeléctrica de Av. Sarmiento al 1.100) que atentaba contra los derechos humanos.