Incertidumbre sobre el plan del PE contra la droga

Reuniones con magistrados del fuero penal local, con funcionarios, con operadores en el Poder Judicial. La semana que pasó estuvo colmada de encuentros en los que quedó demostrada la decisión del Poder Ejecutivo (PE) de adherir a la Ley Nacional de Estupefacientes, que posibilita transferir la investigación de la venta minorista de drogas a la Justicia local. También quedó en evidencia la resistencia firme de fiscales y jueces a aceptar las causas contra dealers: en general, estos adujeron que el sistema penal está saturado, y que carecen de recursos para atender esta clase de delitos.

El viernes, el gobernador José Alperovich suspendió el envío a la Legislatura del proyecto de ley de adhesión. A modo de explicación, dijo que entendía que la Justicia necesitaba más tiempo. Este tema parece haber quedado congelado en la agenda del oficialismo. Salvo que la iniciativa resurja en las próximas horas, el asunto no será tratado en la Legislatura. Fuentes del alperovichismo coincidieron en que la Cámara quedó a la espera de un proyecto de ley, pero que no hay reuniones a la vista para tratar la cuestión. “Pero, si aparece, le vamos a dar trámite de inmediato”, confió un hombre cercano a la Casa de Gobierno.

El alperovichista Marcelo Caponio, sin embargo, mantiene el optimismo. “En la Legislatura hay un consenso de que esto es bueno”, insistió. El legislador precisó que su voluntad, además de aprobar el proyecto original del oficialismo, es atender los requerimientos que planteó la Justicia.

El titular de la Unión Cívica Radical (UCR) en Tucumán, José Cano, consideró que el proyecto manifiesta la ausencia de políticas estatales para prevenir las adicciones y combatir a quienes lucran con ellas. El diputado expresó que el origen del tráfico de drogas está en el mismo aparato estatal. “Si no hay decisión política y autoridad moral para romper ese perverso vínculo, no habrá resolución legal que pueda revertir un crítico cuadro de situación”, advirtió. Además, tildó de improvisada, efectista y contradictoria a la intención de transferir las causas por la venta minorista de drogas. “No se trata de un debate de competencias jurisdiccionales, sino de autoridad política e institucional para atacar a los delincuentes. Si esto no se revierte, la solución que propone el Gobierno podría implicar poner al lobo a cuidar a las gallinas”, disparó Cano.

La iniciativa alperovichista entró en un paréntesis el jueves, tras la divulgación de un documento firmado por 11 fiscales de Instrucción y el ministro fiscal subrogante, Carlos Sale. Los autores de esta declaración expresaron su rechazo categórico a la adhesión a la Ley Nacional de Estupefacientes y elaboraron un petitorio para el caso de que el poder político quisiese mantener el proyecto. A esa postura luego adhirió la Asociación de Magistrados de Tucumán que preside la camarista Liliana Vitar.

Por su parte, el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Justicia, Antonio Gandur, dijo que si bien no podía juzgar la oportunidad, mérito o conveniencia de la idea de Alperovich, estaba seguro de que resultaba imposible aplicarla con la estructura judicial disponible. Acto seguido, calculó que hacía falta crear 14 cargos nuevos.