09 Febrero 2014
BUENOS AIRES.- La Corte Suprema del Estado de Nueva York, Estados Unidos, rechazó una demanda por daños y perjuicios presentada por la petrolera española Repsol, S.A. en contra de YPF S.A. y The Bank of New York Mellon (BONY).
La acción había sido promovida con motivo de la celebración de la asamblea de accionistas de YPF del 4 de junio de 2012, cuando el Estado Argentino resolvió tomar el control de dicha empresa en los términos de la Ley nacional número 26.741.
La demanda de Repsol reclamaba que YPF y BONY le paguen una indemnización de al menos U$S 50 millones, ante la supuesta falta de aceptación y negación por parte de BONY de llevar a cabo las instrucciones de voto (ADS) emitidas por la petrolera española. Esto último en relación con -entre otras cosas- la elección de los miembros del Directorio de YPF en la asamblea de la Sociedad del 4 de junio de 2012, y la supuesta intervención inapropiada de la petrolera de bandera nacional para rechazar dichas instrucciones.
La empresa española afirmaba en la denuncia, que se inició en febrero de 2013, que “además de los ADS a su nombre, tenía derecho de votar por ADS prendados a su favor”.
La decisión judicial, que fue dada a conocer esta semana, se suma a otros precedentes en la Argentina que rechazaron los planteos de Repsol dirigidos a cuestionar la convocatoria de dicha asamblea y a suspender sus efectos.
En su fallo, la Corte de Nueva York sostuvo, entre otras cuestiones, que Repsol no logró demostrar que YPF haya actuado con negligencia o mala fe; que haya participado en la supuesta falta de BONY para transmitir oportunamente las instrucciones de voto; o que haya interferido dolosamente en la relación de Repsol y BONY.
“Una vez firme esta decisión de la Corte, Repsol no podrá presentar nuevamente una demanda contra YPF por los mencionados reclamos”, explicó Alejandro Cherñacov, responsable de relaciones con el mercado de YPF.
De ese modo, según el directivo, se descartó un nuevo episodio en la escalada judicial que Repsol lleva adelante desde que perdió su posición en la compañía y que todavía mantiene vigente, a pesar de las negociaciones para cerrar un acuerdo global de las que se habla desde fines del año pasado. (Télam- Especial).
La acción había sido promovida con motivo de la celebración de la asamblea de accionistas de YPF del 4 de junio de 2012, cuando el Estado Argentino resolvió tomar el control de dicha empresa en los términos de la Ley nacional número 26.741.
La demanda de Repsol reclamaba que YPF y BONY le paguen una indemnización de al menos U$S 50 millones, ante la supuesta falta de aceptación y negación por parte de BONY de llevar a cabo las instrucciones de voto (ADS) emitidas por la petrolera española. Esto último en relación con -entre otras cosas- la elección de los miembros del Directorio de YPF en la asamblea de la Sociedad del 4 de junio de 2012, y la supuesta intervención inapropiada de la petrolera de bandera nacional para rechazar dichas instrucciones.
La empresa española afirmaba en la denuncia, que se inició en febrero de 2013, que “además de los ADS a su nombre, tenía derecho de votar por ADS prendados a su favor”.
La decisión judicial, que fue dada a conocer esta semana, se suma a otros precedentes en la Argentina que rechazaron los planteos de Repsol dirigidos a cuestionar la convocatoria de dicha asamblea y a suspender sus efectos.
En su fallo, la Corte de Nueva York sostuvo, entre otras cuestiones, que Repsol no logró demostrar que YPF haya actuado con negligencia o mala fe; que haya participado en la supuesta falta de BONY para transmitir oportunamente las instrucciones de voto; o que haya interferido dolosamente en la relación de Repsol y BONY.
“Una vez firme esta decisión de la Corte, Repsol no podrá presentar nuevamente una demanda contra YPF por los mencionados reclamos”, explicó Alejandro Cherñacov, responsable de relaciones con el mercado de YPF.
De ese modo, según el directivo, se descartó un nuevo episodio en la escalada judicial que Repsol lleva adelante desde que perdió su posición en la compañía y que todavía mantiene vigente, a pesar de las negociaciones para cerrar un acuerdo global de las que se habla desde fines del año pasado. (Télam- Especial).
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