Por Roberto Delgado
02 Febrero 2014
“El Emperador desde su lecho de muerte te ha mandado un mensaje para ti únicamente. Ha comandado al mensajero a arrodillarse junto a la cama, y ha susurrado el mensaje... (...) El mensajero inmediatamente embarca en su viaje...(...) Mas las multitudes son tan vastas... (...) vanamente gasta sus fuerzas; aún todavía traza su camino tras las cámaras del profundo interior del palacio; nunca llegará al final de ellas; y si lo lograra, nada se lograría en ello” (“Un mensaje imperial”, Franz Kafka)
Los siete años que duró la Ley de las 4 AM son la historia de la mirada del Gobierno sobre la forma de administrar la vida social entre lo que dicen las normas y lo que hace la gente. Odiada por los jóvenes y los empresarios y sufrida con cierta indiferencia por el resto de la sociedad, la polémica 4 AM dejó un tendal de escándalos del Instituto de Lucha contra el Alcoholismo (IPLA); causas penales como la de los incidentes de la fiesta en El Bajo o desbarajustes como el operativo del IPLA en la Facultad de Filosofìa y Letras. No se ha tratado sólo de escándalos. También ha tenido víctimas que lamentar como un chico que quedó cuadripléjico a la salida de una fiesta familiar en enero de 2012. En estos siete años hubo crecimiento explosivo de las fiestas clandestinas. Los funcionarios creen que se forman unos 15 o 20 after cada fin de semana. “El tucumano tiende a evadir la ley”, sentencia el secretario de Seguridad, Paul Hofer.
Eufemismos
El reconocimiento del fracaso en esta política ha sido expresado de forma eufemística por el secretario, por el ministro Pablo Yedlin y por el titular del IPLA, Daniel Sosa Piñero, que en la conferencia de prensa del viernes definieron que es necesario hacer cambios ante una realidad desbordada en consumo de alcohol, drogadicción, peleas callejeras y accidentes de tránsito. “Ahora (la ley de las 4 AM) no es operativa”, describió Hofer. Ninguno hizo mención al caso de Paulina Lebbos, cuyo asesinato (aún impune) fue el detonante de esta ley sobre la nocturnidad, con la que se pretendió manejar el movimiento de 200.000 jóvenes cada fin de semana. Las mismas condiciones de caos son el nuevo detonante del cambio por otra norma que amplía el horario a las 6 con promesa de más controles, esta vez con operativos sin escándalo y monitoreados con cámaras de vigilancia que les den transparencia.
El asunto es si va a funcionar, si se mantiene una forma de trabajo que ha sido por lo menos ineficiente: ahí están las quejas sobre el caos de El Mollar, donde la fiesta y el consumo de alcohol no se acaban ni a las 4, ni a las 6 ni a las 10 de la mañana.
Por el lado del IPLA, Sosa Piñero piensa que van por buen camino. Dice que con los programas de jóvenes conductores (son 1.000 voluntarios comprometidos a no beber alcohol), y con su política no agresiva controlan 200 boliches con ocho equipos de tareas. El funcionario no mencionó estadísticas (no se sabe si se hacen) ni opinó sobre por qué aumentó el consumo de alcohol. Tampoco se explica que los chicos puedan comprar alcohol en cualquier parte del centro a cualquier hora, ya sea en la zona de la calle Salta o en la de la avenida Roca.
Por el lado del sistema de salud, el reconocimiento de que el criterio para enfocar la problemática de la violencia y los accidentes debe ser sanitario es positivo. Yedlin habló de los costos siderales, no sólo en muertes (277 por año) sino en heridos y en tratamientos de recuperación. Una cosa es el reconocimiento. Otra es afrontar ese desafío.
Por el lado de la inseguridad es más complicado. No sólo se propone que la Provincia se sume a la Ley antidrogas, 23.737, para que la Justicia y la Policía tucumanas actúen en los casos de menudeo (generalmente se trata de venta en barrios marginales), sino modificar el Código Procesal Penal para que las comisarías tengan la posibilidad de dirimir mediante mediación conflictos vecinales que normalmente hacen desbordar el sistema penal.
En el primer caso, se va a debatir el problema de jurisdicción con la Corte Suprema y ya el Poder Judicial está revuelto con la noticia, que agrega dudas, sobre todo porque en todo el país está confusa la forma de combatir el narcotráfico y las adicciones. ¿Seguimos luchando contra mulas y pequeños vendedores, que son los que hacen menudeo y ocupan entre el 50 y el 70% de las causas judiciales? Llamativo ejemplo, en este sentido, es la condena en Tucumán (2012) a “La Gorda Sara” y Marcela Peñaloza, en cuya casa de La Costanera se hallaron 42 gramos de cocaína. Los funcionarios provinciales y nacionales no se ocupan de los grandes narcos que proveen droga a esos pequeños dealers, que volverán a caer o seguirán reproduciéndose porque son negocios familiares de subsistencia.
Hasta ahora, el sistema ha favorecido esa oscuridad. El cura Juan Carlos Molina, nuevo titular de la Sedronar (que estuvo un año sin conducción) acaba de denunciar que hubo densas irregularidades en esa secretaría nacional, no sólo con compras confusas, sino que estuvieron paralizados 1.500 expedientes sobre precursores químicos. Hay que recordar que la Iglesia y la oposición reclamaron en noviembre que se reglamente la ley sobre precursores químicos, que son usados en laboratorios y cocinas de cocaína. El gobierno nacional, que dice que el problema de la droga se debe combatir con acciones sociales, sólo ha sacado de la órbita de la Sedronar la lucha contra el narcotráfico (la puso bajo potestad de la Secretaría de Seguridad, que encabeza Sergio Berni). Se entiende que Molina (quien estuvo en diciembre en La Costanera y visitó el ex agromecánico de Tafí Viejo, que será convertido en un centro de día) quiere darle un enfoque social al problema de las adicciones. Por eso se habría ido Alfredo Miroli de la Secretaría tucumana de lucha contra las adicciones, que ahora estará bajo la órbita de Desarrollo Social. Pero en el fondo, estamos confusos. Molina está empezando de cero a nivel nacional. La ley 23.737 necesita cambios desde el fallo Arriola de 2009 y nadie empuja suficiente para modificarla. Los tucumanos vamos a adherirnos a ella para usar el artículo 34, que sirve para detener a los trafiadictos del menudeo, tal como se está haciendo hoy con los dos juzgados federales. Y el menudeo es el chiquitaje narco, hoy convertido en epidemia en lugares como La Costanera. “En Tucumán hay un problema sociocultural que permite que de todo se saque provecho, como en la venta de esa basura” dice el médico Gustavo Marangoni, en referencia a la proliferación de la venta y consumo de paco, el residuo de la cocaína.
Todo esto implica un cambio en la Policía. Para los controles de accidentes usarán a la Policía Vial, que acaba de secuestrar 200 motos y anunciando que se trata de una campaña contra los motoarrebatadores. Para la cuestión de las drogas se ampliaría la tarea de la Digedrop.
Realidad resistente
La realidad dice que esto es sólo una parte de los problemas. Acabamos de atravesar el año más violento en homicidios en ocasión de robo (17 sobre los 80 que hubo en 2013) y ahora enero ha tenido una sorprendente serie de asaltos con mucha agresión. Las autoridades creen que se trata de bandas venidas de afuera; los tucumanos, en cambio, asisten a una sociedad que se ha vuelto notablemente insegura, pese a que se multiplican los policías, las filmadoras y los operativos. Se cuida el centro y los ataques y los homicidios ocurren en la periferia. Hoy damos la noticia de tres asesinatos, entre ellos el del policía Sebastián Lazarte, que fue atacado el 13 de enero en Lomas de Tafí.
El programa es tan ambicioso que inquieta. Es interesante. Busca dar respuestas a problemas serios y reales. Hay agentes y hay planes pero la realidad se resiste a ser domada, acaso porque, como dijo en Tucumán el experto canadiense Irvin Waller, el problema de la violencia no se resuelve con respuestas policiales. “Hay que tener un enfoque sostenido, integral y orientado a los resultados”, definió.
La devastada sociedad de este comienzo de año se parece demasiado a un relato kafkiano. Pese a los esfuerzos del mensajero imperial, no se ve claro que sus intenciones vayan a concretarse.
Los siete años que duró la Ley de las 4 AM son la historia de la mirada del Gobierno sobre la forma de administrar la vida social entre lo que dicen las normas y lo que hace la gente. Odiada por los jóvenes y los empresarios y sufrida con cierta indiferencia por el resto de la sociedad, la polémica 4 AM dejó un tendal de escándalos del Instituto de Lucha contra el Alcoholismo (IPLA); causas penales como la de los incidentes de la fiesta en El Bajo o desbarajustes como el operativo del IPLA en la Facultad de Filosofìa y Letras. No se ha tratado sólo de escándalos. También ha tenido víctimas que lamentar como un chico que quedó cuadripléjico a la salida de una fiesta familiar en enero de 2012. En estos siete años hubo crecimiento explosivo de las fiestas clandestinas. Los funcionarios creen que se forman unos 15 o 20 after cada fin de semana. “El tucumano tiende a evadir la ley”, sentencia el secretario de Seguridad, Paul Hofer.
Eufemismos
El reconocimiento del fracaso en esta política ha sido expresado de forma eufemística por el secretario, por el ministro Pablo Yedlin y por el titular del IPLA, Daniel Sosa Piñero, que en la conferencia de prensa del viernes definieron que es necesario hacer cambios ante una realidad desbordada en consumo de alcohol, drogadicción, peleas callejeras y accidentes de tránsito. “Ahora (la ley de las 4 AM) no es operativa”, describió Hofer. Ninguno hizo mención al caso de Paulina Lebbos, cuyo asesinato (aún impune) fue el detonante de esta ley sobre la nocturnidad, con la que se pretendió manejar el movimiento de 200.000 jóvenes cada fin de semana. Las mismas condiciones de caos son el nuevo detonante del cambio por otra norma que amplía el horario a las 6 con promesa de más controles, esta vez con operativos sin escándalo y monitoreados con cámaras de vigilancia que les den transparencia.
El asunto es si va a funcionar, si se mantiene una forma de trabajo que ha sido por lo menos ineficiente: ahí están las quejas sobre el caos de El Mollar, donde la fiesta y el consumo de alcohol no se acaban ni a las 4, ni a las 6 ni a las 10 de la mañana.
Por el lado del IPLA, Sosa Piñero piensa que van por buen camino. Dice que con los programas de jóvenes conductores (son 1.000 voluntarios comprometidos a no beber alcohol), y con su política no agresiva controlan 200 boliches con ocho equipos de tareas. El funcionario no mencionó estadísticas (no se sabe si se hacen) ni opinó sobre por qué aumentó el consumo de alcohol. Tampoco se explica que los chicos puedan comprar alcohol en cualquier parte del centro a cualquier hora, ya sea en la zona de la calle Salta o en la de la avenida Roca.
Por el lado del sistema de salud, el reconocimiento de que el criterio para enfocar la problemática de la violencia y los accidentes debe ser sanitario es positivo. Yedlin habló de los costos siderales, no sólo en muertes (277 por año) sino en heridos y en tratamientos de recuperación. Una cosa es el reconocimiento. Otra es afrontar ese desafío.
Por el lado de la inseguridad es más complicado. No sólo se propone que la Provincia se sume a la Ley antidrogas, 23.737, para que la Justicia y la Policía tucumanas actúen en los casos de menudeo (generalmente se trata de venta en barrios marginales), sino modificar el Código Procesal Penal para que las comisarías tengan la posibilidad de dirimir mediante mediación conflictos vecinales que normalmente hacen desbordar el sistema penal.
En el primer caso, se va a debatir el problema de jurisdicción con la Corte Suprema y ya el Poder Judicial está revuelto con la noticia, que agrega dudas, sobre todo porque en todo el país está confusa la forma de combatir el narcotráfico y las adicciones. ¿Seguimos luchando contra mulas y pequeños vendedores, que son los que hacen menudeo y ocupan entre el 50 y el 70% de las causas judiciales? Llamativo ejemplo, en este sentido, es la condena en Tucumán (2012) a “La Gorda Sara” y Marcela Peñaloza, en cuya casa de La Costanera se hallaron 42 gramos de cocaína. Los funcionarios provinciales y nacionales no se ocupan de los grandes narcos que proveen droga a esos pequeños dealers, que volverán a caer o seguirán reproduciéndose porque son negocios familiares de subsistencia.
Hasta ahora, el sistema ha favorecido esa oscuridad. El cura Juan Carlos Molina, nuevo titular de la Sedronar (que estuvo un año sin conducción) acaba de denunciar que hubo densas irregularidades en esa secretaría nacional, no sólo con compras confusas, sino que estuvieron paralizados 1.500 expedientes sobre precursores químicos. Hay que recordar que la Iglesia y la oposición reclamaron en noviembre que se reglamente la ley sobre precursores químicos, que son usados en laboratorios y cocinas de cocaína. El gobierno nacional, que dice que el problema de la droga se debe combatir con acciones sociales, sólo ha sacado de la órbita de la Sedronar la lucha contra el narcotráfico (la puso bajo potestad de la Secretaría de Seguridad, que encabeza Sergio Berni). Se entiende que Molina (quien estuvo en diciembre en La Costanera y visitó el ex agromecánico de Tafí Viejo, que será convertido en un centro de día) quiere darle un enfoque social al problema de las adicciones. Por eso se habría ido Alfredo Miroli de la Secretaría tucumana de lucha contra las adicciones, que ahora estará bajo la órbita de Desarrollo Social. Pero en el fondo, estamos confusos. Molina está empezando de cero a nivel nacional. La ley 23.737 necesita cambios desde el fallo Arriola de 2009 y nadie empuja suficiente para modificarla. Los tucumanos vamos a adherirnos a ella para usar el artículo 34, que sirve para detener a los trafiadictos del menudeo, tal como se está haciendo hoy con los dos juzgados federales. Y el menudeo es el chiquitaje narco, hoy convertido en epidemia en lugares como La Costanera. “En Tucumán hay un problema sociocultural que permite que de todo se saque provecho, como en la venta de esa basura” dice el médico Gustavo Marangoni, en referencia a la proliferación de la venta y consumo de paco, el residuo de la cocaína.
Todo esto implica un cambio en la Policía. Para los controles de accidentes usarán a la Policía Vial, que acaba de secuestrar 200 motos y anunciando que se trata de una campaña contra los motoarrebatadores. Para la cuestión de las drogas se ampliaría la tarea de la Digedrop.
Realidad resistente
La realidad dice que esto es sólo una parte de los problemas. Acabamos de atravesar el año más violento en homicidios en ocasión de robo (17 sobre los 80 que hubo en 2013) y ahora enero ha tenido una sorprendente serie de asaltos con mucha agresión. Las autoridades creen que se trata de bandas venidas de afuera; los tucumanos, en cambio, asisten a una sociedad que se ha vuelto notablemente insegura, pese a que se multiplican los policías, las filmadoras y los operativos. Se cuida el centro y los ataques y los homicidios ocurren en la periferia. Hoy damos la noticia de tres asesinatos, entre ellos el del policía Sebastián Lazarte, que fue atacado el 13 de enero en Lomas de Tafí.
El programa es tan ambicioso que inquieta. Es interesante. Busca dar respuestas a problemas serios y reales. Hay agentes y hay planes pero la realidad se resiste a ser domada, acaso porque, como dijo en Tucumán el experto canadiense Irvin Waller, el problema de la violencia no se resuelve con respuestas policiales. “Hay que tener un enfoque sostenido, integral y orientado a los resultados”, definió.
La devastada sociedad de este comienzo de año se parece demasiado a un relato kafkiano. Pese a los esfuerzos del mensajero imperial, no se ve claro que sus intenciones vayan a concretarse.
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