01 Febrero 2014
El anuncio pasó -casi- inadvertido en medio del revuelo que generó la decisión de dejar sin efecto el polémico tope de las 4 AM. Pero el anuncio tiene una entidad enorme: el jueves, el gobernador José Alperovich dijo que quiere que la Justicia provincial se encargue de la investigación del tráfico y comercialización de drogas para consumo.
Para ello, Alperovich propuso adherirse a Ley Nacional de Estupefacientes (N° 23.737). Si el anuncio se transforma en ley -intervención mediante del Poder Legislativo-, la Justicia Federal transferirá a la provincial el número incalculable de causas que involucran compraventas de pequeñas cantidades de drogas.
“La Justicia Federal no puede (actuar eficazmente) cuando se trata de cosas menores”, admitió Alperovich en línea con las manifestaciones que el año pasado hicieron Fernando Poviña (h) y Daniel Bejas, los dos jueces federales de primera instancia de la provincia, a Ricardo Lorenzetti, presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. “Vamos a mandar una ley para que la provincia pueda intervenir (en esos casos) y a hablar con la Corte Suprema de Justicia de Tucumán para que agilice las causas. Uno va a los barrios y resulta que todo el mundo sabe dónde se vende droga, pero no se hace nada. No estamos hablando de grandes cantidades, pero saldremos frontalmente (a combatir el delito)”, expresó con contundencia Alperovich.
Análisis cuidadoso
La decisión parecía tomada, pero ayer, Carolina Vargas Aignasse, secretaria general de la Gobernación, aligeró las palabras del gobernador. “Estamos estudiando los alcances que tendría la adhesión a la Ley Nacional de Estupefacientes, cosa que nos parece una cuestión de fondo”, matizó la funcionaria. Luego precisó que la competencia de las provincias para investigar delitos vinculados con el consumo personal está prevista en el artículo 34 de la Ley 23.737 (esta norma fue sancionada por el Congreso de la Nación en 1989).
“Estamos haciendo un análisis muy cuidadoso porque, lógicamente, esto requiere primero de una opinión del Poder Judicial, que es una pata fundamental para que la adhesión a la Ley 23.737 consiga los resultados esperados”, añadió Vargas Aignasse. La funcionaria alperovichista anticipó que, además, había que arbitrar cuestiones relacionadas con los operativos policiales. “La idea es hacer una reunión formal con el Poder Judicial a los efectos de requerir su opinión y, a posteriori, enviar el proyecto de ley a la Legislatura”, resumió la ex legisladora.
El Gobierno pretende obtener el visto bueno de la Corte respecto de un cambio en la política de persecución penal que puede desequilibrar por completo la ya de por sí recargada estructura judicial. “(La eventual adhesión) supone ampliar la competencia del fuero penal en delitos que antes eran investigados por la Justicia Federal. Tenemos que ver cuál es la posición (de la Justicia) porque el trabajo se verá incrementado”, reconoció con prudencia la secretaria Vargas Aignasse.
Baño de realidad
El anuncio despertó -anticipadamente- a los Tribunales del largo sueño de la feria de enero (concluye oficialmente este lunes). “La adhesión será bienvenida si llega con un aumento de estructura para la Justicia, De lo contrario, resultará un desacierto”, opinó en off the record una fuente de la Corte. Este interlocutor dijo que la investigación del tráfico y comercialización de drogas para el consumo personal acarreaba un volumen de causas imposible de atender con el staff de jueces, fiscales y defensores que en el presente tiene la Justicia. La misma fuente recordó que el Poder Judicial reclama más cargos desde hace tiempo: “si la adhesión no considera este déficit, sumaremos una nueva frustración”. La cumbre entre la Justicia y el PE sería celebrada a comienzos de la semana que viene, cuando Antonio Gandur, presidente del alto tribunal, regrese de las vacaciones.
El anuncio de Alperovich, entretanto, movilizó a algunos integrantes del Ministerio Público, que hablaron de reunirse en los próximos días con Luis De Mitri, titular de esa institución. Un fiscal de Instrucción que pidió no ser identificado recordó este viernes que en el pasado ya había habido intentos de implicar a la Justicia provincial en la investigación de los llamados casos de “menudeo”, pero que el proyecto no había prosperado por la oposición de jueces y fiscales.
Para ello, Alperovich propuso adherirse a Ley Nacional de Estupefacientes (N° 23.737). Si el anuncio se transforma en ley -intervención mediante del Poder Legislativo-, la Justicia Federal transferirá a la provincial el número incalculable de causas que involucran compraventas de pequeñas cantidades de drogas.
“La Justicia Federal no puede (actuar eficazmente) cuando se trata de cosas menores”, admitió Alperovich en línea con las manifestaciones que el año pasado hicieron Fernando Poviña (h) y Daniel Bejas, los dos jueces federales de primera instancia de la provincia, a Ricardo Lorenzetti, presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. “Vamos a mandar una ley para que la provincia pueda intervenir (en esos casos) y a hablar con la Corte Suprema de Justicia de Tucumán para que agilice las causas. Uno va a los barrios y resulta que todo el mundo sabe dónde se vende droga, pero no se hace nada. No estamos hablando de grandes cantidades, pero saldremos frontalmente (a combatir el delito)”, expresó con contundencia Alperovich.
Análisis cuidadoso
La decisión parecía tomada, pero ayer, Carolina Vargas Aignasse, secretaria general de la Gobernación, aligeró las palabras del gobernador. “Estamos estudiando los alcances que tendría la adhesión a la Ley Nacional de Estupefacientes, cosa que nos parece una cuestión de fondo”, matizó la funcionaria. Luego precisó que la competencia de las provincias para investigar delitos vinculados con el consumo personal está prevista en el artículo 34 de la Ley 23.737 (esta norma fue sancionada por el Congreso de la Nación en 1989).
“Estamos haciendo un análisis muy cuidadoso porque, lógicamente, esto requiere primero de una opinión del Poder Judicial, que es una pata fundamental para que la adhesión a la Ley 23.737 consiga los resultados esperados”, añadió Vargas Aignasse. La funcionaria alperovichista anticipó que, además, había que arbitrar cuestiones relacionadas con los operativos policiales. “La idea es hacer una reunión formal con el Poder Judicial a los efectos de requerir su opinión y, a posteriori, enviar el proyecto de ley a la Legislatura”, resumió la ex legisladora.
El Gobierno pretende obtener el visto bueno de la Corte respecto de un cambio en la política de persecución penal que puede desequilibrar por completo la ya de por sí recargada estructura judicial. “(La eventual adhesión) supone ampliar la competencia del fuero penal en delitos que antes eran investigados por la Justicia Federal. Tenemos que ver cuál es la posición (de la Justicia) porque el trabajo se verá incrementado”, reconoció con prudencia la secretaria Vargas Aignasse.
Baño de realidad
El anuncio despertó -anticipadamente- a los Tribunales del largo sueño de la feria de enero (concluye oficialmente este lunes). “La adhesión será bienvenida si llega con un aumento de estructura para la Justicia, De lo contrario, resultará un desacierto”, opinó en off the record una fuente de la Corte. Este interlocutor dijo que la investigación del tráfico y comercialización de drogas para el consumo personal acarreaba un volumen de causas imposible de atender con el staff de jueces, fiscales y defensores que en el presente tiene la Justicia. La misma fuente recordó que el Poder Judicial reclama más cargos desde hace tiempo: “si la adhesión no considera este déficit, sumaremos una nueva frustración”. La cumbre entre la Justicia y el PE sería celebrada a comienzos de la semana que viene, cuando Antonio Gandur, presidente del alto tribunal, regrese de las vacaciones.
El anuncio de Alperovich, entretanto, movilizó a algunos integrantes del Ministerio Público, que hablaron de reunirse en los próximos días con Luis De Mitri, titular de esa institución. Un fiscal de Instrucción que pidió no ser identificado recordó este viernes que en el pasado ya había habido intentos de implicar a la Justicia provincial en la investigación de los llamados casos de “menudeo”, pero que el proyecto no había prosperado por la oposición de jueces y fiscales.
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