31 Enero 2014
El secretario general de la Unión Cívica Radical, Juan Roberto Robles, denunció ayer ante la Corte Suprema de Justicia al fiscal de instrucción de feria, Guillermo Herrera. En una nota remitida al presidente del máximo tribunal, Antonio Gandur, requirió que se investigue el accionar de Herrera en un desalojo de 160 familias que se concretó el martes en un predio ubicado al sur de la ciudad (en Ingeniero Farías al 2.500).
El abogado consideró que actuó con “arbitrariedad e ilegitimidad”. Enumeró los hechos que, a su entender, darían cuenta de las presuntas irregularidades.
“El fiscal no se encontraba legitimado para intervenir en razón de que no había habido declaración de asunto de feria y tampoco se había registrado la remisión del expediente a mesa de entradas penal para el conocimiento del juez de instrucción de Feria, tal cual lo establecen las acordadas de la Corte Suprema de Justicia”, describió en primer lugar. Luego, afirmó que la resolución de restitución provisoria del inmueble se encontraba “recurrida en tiempo y forma”. “La medida no podía ejecutarse en razón de las normas adjetivas y, sobre todo, de las de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos que consagran el principio de la doble instancia”, añadió. Según Robles, ante su queja, el expediente “tuvo que ser secuestrado por el juez Marcelo Mendilaharzu, donde se descubrió que el escrito de apelación estaba presentado en tiempo y forma”.
El predio estaba usurpado desde marzo de 2013. Las 20 hectáreas pertenecen a la empresa Pro Caña SRL. El martes, la Policía obligó a los ocupantes a desarmar sus casillas y a abandonar la propiedad.
El abogado consideró que actuó con “arbitrariedad e ilegitimidad”. Enumeró los hechos que, a su entender, darían cuenta de las presuntas irregularidades.
“El fiscal no se encontraba legitimado para intervenir en razón de que no había habido declaración de asunto de feria y tampoco se había registrado la remisión del expediente a mesa de entradas penal para el conocimiento del juez de instrucción de Feria, tal cual lo establecen las acordadas de la Corte Suprema de Justicia”, describió en primer lugar. Luego, afirmó que la resolución de restitución provisoria del inmueble se encontraba “recurrida en tiempo y forma”. “La medida no podía ejecutarse en razón de las normas adjetivas y, sobre todo, de las de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos que consagran el principio de la doble instancia”, añadió. Según Robles, ante su queja, el expediente “tuvo que ser secuestrado por el juez Marcelo Mendilaharzu, donde se descubrió que el escrito de apelación estaba presentado en tiempo y forma”.
El predio estaba usurpado desde marzo de 2013. Las 20 hectáreas pertenecen a la empresa Pro Caña SRL. El martes, la Policía obligó a los ocupantes a desarmar sus casillas y a abandonar la propiedad.
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