Acuerdan una revisión en precios de insumos industriales básicos y de electrodomésticos
El Gobierno acordó ayer con empresarios que los incrementos registrados en los últimos días se retrotraigan a los valores que regían el 21 de enero, en el caso de “insumos básicos” de la industria. Los artículos para el hogar también tienen un límite de remarcaciones, que en Tucumán ya habían alcanzado un 16%, en promedio. Los insumos de computación subieron un 35%.
En medio de la masiva escalada de precios que acompañó la devaluación del peso producida a fines de la semana pasada, cuando el dólar oficial trepó a $ 8, el Gobierno resolvió intervenir. Y para frenar el avance de la inflación, el Poder Ejecutivo Nacional volvió a apelar a los acuerdos con los sectores industriales y manufactureros. En este contexto, ayer se autorizó un aumento máximo del 7,5% en los precios de los electrodomésticos y de aparatos electrónicos, respecto de los precios que estaban vigentes el 1 de enero.
Además, en una conferencia de prensa encabezada por el ministro de Economía, Axel Kicillof; y el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, se anunció un acuerdo para que los valores de los llamados “insumos básicos” industriales, que componen los primeros eslabones de la cadena de valor, se retrotraigan a los precios existentes el 21 de enero. Esta última medida alcanza al acero, aluminio, plásticos y petroquímicos, al tiempo que se ratificó la vigencia del programa de “Precios Cuidados” y se informó que a partir del lunes próximo se extenderá a todo el país, informó la agencia DyN.
En Tucumán, entre el jueves y el viernes de la semana pasada se produjo un aumento promedio de, por lo menos un 16%, en los precios de los electrodomésticos, según informó a LA GACETA el titular de la Cámara Tucumana de Artículos para el Hogar, Luis Rodríguez Marat. El empresario detalló, como ejemplo, que un televisor plasma que valía $ 5.000 trepó a $ 5.800 en cuestión de horas por efecto de la devaluación.
En el rubro computación, en tanto, la remarcación de precios fue de entre un 30% y un 35%, según confirmó a este diario Diego Suárez, gerente local de la firma mayorista “Elit”, que opera en Tucumán, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza.
“A precios mayoristas, una PC familiar básica que hasta hace unos días costaba $ 4.000 ahora está en $ 5.500, precio que para consumidor final hay que agregarle unos $ 1.000 más”, ejemplificó.
Esos valores, a partir del acuerdo de precios que firmó ayer el Gobierno con las principales cadenas de venta de electrónica y electrodomésticos, deberían retrotraerse para que vuelvan los montos que estaban vigentes a principios de la semana pasada.
La teoría oficial
Durante la conferencia de prensa realizada ayer a la tarde, Kicillof denunció la existencia de una campaña mediática que pretende “instalar la idea de que hay una suba de precios generalizada del 20%” y enfatizó que “no es lo que está pasando”. El ministro informó que luego de una serie de reuniones acordó con las cámaras que representan a los productores de electrodomésticos y productos electrónicos una actualización de precios de 7,5%, respecto de las listas vigentes el 1 de enero.
En posteriores declaraciones a la prensa, Alejandro Mayoral, representante de las cámaras productoras instaladas en Tierra del Fuego, se mostró “satisfecho” con el nuevo nivel de precios acordado con el Estado.
En tanto, ayer se reiteró que desde la Secretaría de Comercio se continuará analizando la posible modificación de costos, tras la devaluación del peso que impulsó el Gobierno. Sobre los denominados “insumos de uso difundido”, Kicillof afirmó que las empresas se comprometieron a retrotraer sus precios al 21 de enero. “Se ha acordado que las empresas se comprometen a retrotraer los precios a la situación del 21 de enero, previo a algunos aumentos. Estamos hablando de las industrias metalúrgica, de aluminio, de acero, etcétera. Estos son los primeros eslabones de la cadena de valor”, afirmó el funcionario, quien reveló que también se llegó a un acuerdo con las empresas del plástico.
Acerca de los productos de consumo masivo, el ministro ratificó la vigencia del programa “Precios cuidados” con un pleno y normal abastecimiento. “No tenemos un inspector de comercio en cada uno de los supermercados, pero contamos con las organizaciones de defensa del consumidor, organizaciones religiosas, políticas, sindicales y la misma ciudadanía como veedores. Además tenemos un sistema de denuncias y advertencias”, dijo el ministro.
Kicillof insistió en su queja por campañas mediáticas que buscan mellar los acuerdos. Sostuvo que con estos convenios “se devuelve la cordura y se abortan las campañas encaminadas a generar la confusión” en la sociedad.
Capitanich acusó de “antipatriotas” a comerciantes
BUENOS AIRES.- El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, cuestionó ayer a empresarios y comerciantes que aumentaron precios, luego de la devaluación del peso, que llevó la cotización del dólar oficial a $ 8. Afirmó que los privados que incrementaron precios tienen una “actitud antipatriótica”, y expresó que le dan “vergüenza” las remarcaciones registradas en los últimos días, sobre todo en electrodomésticos.
En su habitual diálogo con la prensa en la Casa Rosada, el funcionario informó que se labraron 31 actas de infracción a la Ley de Lealtad Comercial y de defensa del consumidor. “Las actas se labraron por falta de exhibición de precios en cadenas de ventas de artículos electrónicos y en súper”, explicó.
El jefe de ministros se excusó de nombrar las empresas sancionadas al destacar que es una responsabilidad de la Secretaría de Comercio. Sobre este punto, aclaró que las infracciones se detectaron mediante denuncias. “Muchos empresarios que tienen una posición dominante en el mercado lo que hacen es fijar un precio de referencia, y sacan utilidades aumentando paralelamente el flete, para que el precio que tenga que pagar el comerciante y el distribuidor sea mayor”, argumentó.
Capitanich convocó a una “responsabilidad colectiva para defender los bolsillos”, y afirmó que el Gobierno pretende que la fiscalización de los precios se extienda con la participación de los gobiernos provinciales y municipales.
Luego señaló que para los empresarios que no publiquen sus precios en páginas web, y que sólo hagan por teléfono, el Gobierno tiene cuatro medidas: multas, clausuras, importaciones, y retiro de beneficios de las políticas públicas. “Estas actitudes no son gratis y vamos a poner el mejor esfuerzo para que este sistema funcione”, concluyó el funcionario nacional. (DyN)