La Justicia patea el tablero del secretismo

La Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT) dictó más de 1.200 acordadas durante el año pasado. Pero sólo unas poquitas constan en el portal institucional (www.justucuman.gov.ar). A vuelo de gorrión, no hay más de 100 acordadas publicadas. Y el criterio de divulgación resulta ininteligible: por ejemplo, la adhesión al duelo mundial por la muerte del sudafricano Nelson Mandela coexiste con la reglamentación de un proyecto de reciclado de papel y la designación de René Goane, vocal decano de la CSJT, como miembro suplente del Consejo Asesor de la Magistratura.

Sin embargo, no hay rastro de las designaciones discrecionales, de los ascensos y traslados del personal ni de las auditorías que ordena la Corte. Hasta aquí, la divulgación alcanzaba a lo puramente institucional: todo lo demás era inaccesible para el pueblo. Para llegar a las acordadas sensibles había que hacer un trámite burocrático con resultado y duración inciertos o bien conseguir que alguien filtrase los datos ocultos.

Se supone que ese estado de opacidad pasará a la historia cuando entre en vigor la Acordada 1.235/13, del 18 de diciembre pasado. Mediante este instrumento, la CSJT se obligó a publicar todas las acordadas que dictó a partir del 3 de febrero de 2011, fecha en la que el tribunal quedó integrado con los vocales Antonio Gandur (presidente), Goane, Antonio Estofán, Claudia Sbdar y Daniel Posse. Además, el cuerpo colegiado dará a conocer los pasos de circulación de los expedientes que tramitan en su órbita. Así, será posible saber cuándo un caso entró y salió de una vocalía, e identificar al responsable de la demora, como sucede en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Hasta el presente, esa información permanecía reservada y abonaba las infaltables intrigas tribunalicias.

La Acordada 1.235/13 comenzó a ser gestada en el despacho de Sbdar hace un año. En esa época, la vocal dijo a LA GACETA que el Poder Judicial había avanzado mucho en la publicidad de sus actos, pero quizá no todo lo necesario, y que hacían faltan mecanismos más aceitados de transparencia. Dicha opinión no cayó bien en el entorno del entonces presidente Estofán y en la Asociación de Magistrados de Tucumán, que incluso publicó una solicitada para diferenciarse de Sbdar.

Los coherentes
El proyecto de la publicidad tuvo viento en contra durante buena parte de 2013. Su suerte cambió en octubre, cuando Gandur accedió a la presidencia de la Corte. En la primera entrevista que dio como nuevo conductor del cuerpo, este prometió que priorizaría la transparencia y el ingreso de la prensa a los Tribunales. “Pienso que pronto podremos publicar en internet todos los fallos y acordadas de la CSJT. Soy un convencido de que no hay democracia sin libertad de expresión”, definió Gandur, que también se comprometió a ventilar las auditorías y estadísticas.

Al convencimiento del nuevo titular adhirieron Sbdar y Posse: la Acordada 1.235/13 lleva la firma de los tres. Goane y Estofán, en cambio, se pronunciaron a favor del mantenimiento del secreto. “Los actos que expresan la actividad interna de la Administración Pública no requieren publicación... para ellos no rige el principio republicano de gobierno. Por ende, no existe interés público en juego y no tienen necesidad de ser publicados”, manifestaron en el voto en disidencia parcial.

Coherentes con esa posición, Goane y Estofán impulsaron en octubre pasado la sustitución del voto cantado por el sufragio secreto en las elecciones de la Corte, pero, finalmente, el cambio no prosperó. Luego, Goane defendió el hecho de que el Poder Judicial es el único poder del Estado que renueva sus autoridades en una reunión privada de espaldas a la comunidad. “Es una cuestión interna de la Corte. No tiene por qué inmiscuirse el público”, dijo.

Pese a estas divergencias, los Tribunales patearon el tablero del secretismo. Si la Acordada 1.235/13 es aplicada seriamente, la Justicia se colocará en la vanguardia de la publicidad, quizá al mismo nivel que el Consejo Asesor de la Magistratura. Eso quiere decir lejos del Poder Ejecutivo, que no divulga todas sus decisiones en el Boletín Oficial ni las estadísticas ni las encuestas que encarga; muy lejos de otros organismos públicos descentralizados y autárquicos, y lejísimos de la Legislatura, cuya administración es un secreto de Estado. En principio, no hay iniciativas de transparencia similares a los de la Corte en los otros poderes del Estado. Marcelo Ditinis, secretario de Prensa y Difusión de la Provincia, no contestó la consulta de LA GACETA. Regino Amado, presidente subrogante de la Legislatura desde hace más de cuatro años, expresó: “nosotros publicamos los proyectos ingresados. Quizá tendríamos que dar a conocer los congresos y jornadas en los que participamos. Siempre se puede mejorar”. Amado recordó que el Poder Legislativo es controlado por el Tribunal de Cuentas y que la publicidad de la ejecución presupuestaria corre por cuenta de ese órgano extrapoder. “Yo soy interino, por eso nunca me metí del todo con la administración que lleva el secretario Juan Antonio Ruiz Olivares. La Legislatura recibe miles de pedidos de subsidios: si publicamos a quiénes ayudamos, los que no reciben nada se enojarán”, justificó. La Justicia pateó el tablero del secretismo, pero el secretismo mantiene abundantes tableros en pie.