10 Enero 2014
Un conflicto entre la Caja Popular de Ahorros (CPA) y una concesionaria mantiene cerrado el tradicional salón de fiestas del Hipódromo de Tucumán.
El pleito se inició en noviembre de 2013, a cinco meses de celebrado el convenio entre las autoridades del organismo provincial y Patricia Nieva. La mujer, que explotaba el predio, asegura que el cierre -vigente desde el jueves 2- pone en riesgo la fuente laboral de unas 50 personas.
La CPA decidió rescindir el convenio de manera unilateral, al alegar que la concesionaria no había presentado parte de la documentación requerida. La prestataria, en tanto, recurrió esa decisión administrativa en Tribunales. Mediante una medida cautelar, el juez José Dantur determinó que el organismo debía permitirle trabajar libremente a Nieva hasta el 29 de diciembre pasado. Luego, a través de una segunda cautelar, la autorizó a explotar el predio hasta el 23 de febrero próximo.
Ayer, las autoridades de la Caja Popular reconocieron la existencia de las dos disposiciones judiciales, pero adujeron que la notificación les llegó un día después de haber cerrado el salón con candados y fajas de seguridad. El subgerente general de la CPA, Luis Gómez Salas, justificó la clausura y explicó que la cautelar ordena “no innovar”, lo que a su juicio significa “no retirar los candados”. El gerente de Juegos, Luis Alberto Alarcón, agregó que no permitirán el ingreso de la concesionaria ni de los trabajadores, y anticipó que cuando se resuelva el conflicto se convocará a nuevos postulantes para obtener el derecho de explotación.
Nieva, en tanto, reclamó que la presencia de personal policial le impide entrar al salón, lo que le está ocasionando importantes pérdidas económicas. “Ya he tenido que clausurar fiestas que estaban pagadas, y tengo mucha comida dentro del salón que se está pudriendo porque cortaron la luz y el agua”, denunció. “La medida cautelar prohibe expresamente a la Caja restringirnos el uso del local hasta febrero”, insistió Nieva.
El pleito se inició en noviembre de 2013, a cinco meses de celebrado el convenio entre las autoridades del organismo provincial y Patricia Nieva. La mujer, que explotaba el predio, asegura que el cierre -vigente desde el jueves 2- pone en riesgo la fuente laboral de unas 50 personas.
La CPA decidió rescindir el convenio de manera unilateral, al alegar que la concesionaria no había presentado parte de la documentación requerida. La prestataria, en tanto, recurrió esa decisión administrativa en Tribunales. Mediante una medida cautelar, el juez José Dantur determinó que el organismo debía permitirle trabajar libremente a Nieva hasta el 29 de diciembre pasado. Luego, a través de una segunda cautelar, la autorizó a explotar el predio hasta el 23 de febrero próximo.
Ayer, las autoridades de la Caja Popular reconocieron la existencia de las dos disposiciones judiciales, pero adujeron que la notificación les llegó un día después de haber cerrado el salón con candados y fajas de seguridad. El subgerente general de la CPA, Luis Gómez Salas, justificó la clausura y explicó que la cautelar ordena “no innovar”, lo que a su juicio significa “no retirar los candados”. El gerente de Juegos, Luis Alberto Alarcón, agregó que no permitirán el ingreso de la concesionaria ni de los trabajadores, y anticipó que cuando se resuelva el conflicto se convocará a nuevos postulantes para obtener el derecho de explotación.
Nieva, en tanto, reclamó que la presencia de personal policial le impide entrar al salón, lo que le está ocasionando importantes pérdidas económicas. “Ya he tenido que clausurar fiestas que estaban pagadas, y tengo mucha comida dentro del salón que se está pudriendo porque cortaron la luz y el agua”, denunció. “La medida cautelar prohibe expresamente a la Caja restringirnos el uso del local hasta febrero”, insistió Nieva.
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