07 Enero 2014
PANAMÁ.- La ministra española de Fomento, Ana Pastor, afirmó que se logró un primer acuerdo entre el consorcio a cargo de la ampliación del canal interoceánico, presidido por una empresa ibérica, que reclama sobrecostos por más de 1.600 millones de dólares, y las autoridades locales, mientras el presidente, Ricardo Martinelli, agradeció la mediación.
“El compromiso del consorcio es que todos los reclamos se ajustarán al contrato; por lo tanto ya hay un primer acuerdo. También acordaron sentarse a hablar para resolver todos los problemas”, dijo Pastor .
El Grupo Unidos por el Canal (GUPC), presidido por la española Sacyr, anunció la semana pasada que iba a suspender las obras de ampliación el 20 si la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) no reconocía “sobrecostos” por 1.625 millones de dólares. La ACP señaló que la cláusula citada por el contratista para paralizar las obras no se aplica al caso y que el reclamo económico no está justificado.
En el palacio presidencial de Panamá, Pastor recalcó que aunque se trata de un conflicto entre un ente autónomo del Estado panameño y un grupo de empresas, entre ellas una española, Madrid ha intervenido de buena fe en busca de que las partes “lleguen a acuerdos porque será bueno para todos”. Martinelli dijo estar “totalmente de acuerdo” con lo expresado por la ministra española, a la que agradeció públicamente su “muy atinada intervención”.
El GUPC se adjudicó en 2009 el proyecto de ampliación por 5.250 millones de dólares, de los cuales 3.118 millones corresponden al contrato para la construcción de las esclusas. La española Sacyr Vallehermoso, y sus socios italiano Impreglio, la holandesa Jan de Nul, y la panameña CUSA, consiguieron la obra por 3.200 millones de dólares, 1.700 millones por debajo de las demás ofertas, lo cual pareció muy extraño y levantó sospechas en los oferentes. (Télam)
“El compromiso del consorcio es que todos los reclamos se ajustarán al contrato; por lo tanto ya hay un primer acuerdo. También acordaron sentarse a hablar para resolver todos los problemas”, dijo Pastor .
El Grupo Unidos por el Canal (GUPC), presidido por la española Sacyr, anunció la semana pasada que iba a suspender las obras de ampliación el 20 si la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) no reconocía “sobrecostos” por 1.625 millones de dólares. La ACP señaló que la cláusula citada por el contratista para paralizar las obras no se aplica al caso y que el reclamo económico no está justificado.
En el palacio presidencial de Panamá, Pastor recalcó que aunque se trata de un conflicto entre un ente autónomo del Estado panameño y un grupo de empresas, entre ellas una española, Madrid ha intervenido de buena fe en busca de que las partes “lleguen a acuerdos porque será bueno para todos”. Martinelli dijo estar “totalmente de acuerdo” con lo expresado por la ministra española, a la que agradeció públicamente su “muy atinada intervención”.
El GUPC se adjudicó en 2009 el proyecto de ampliación por 5.250 millones de dólares, de los cuales 3.118 millones corresponden al contrato para la construcción de las esclusas. La española Sacyr Vallehermoso, y sus socios italiano Impreglio, la holandesa Jan de Nul, y la panameña CUSA, consiguieron la obra por 3.200 millones de dólares, 1.700 millones por debajo de las demás ofertas, lo cual pareció muy extraño y levantó sospechas en los oferentes. (Télam)
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