04 Enero 2014
EN SILENCIO. Orellana (camisa a rayas, a la izquierda) acordó con el Ejecutivo. PRENSA Y DIFUSIÓN
Hubo pataleos, pero a la hora de firmar, sólo silencio. Ayer al mediodía en Casa de Gobierno, 13 de los 19 municipios firmaron su adhesión al Pacto Social con la Provincia para 2014.
El convenio consiste en un acuerdo mediante el cual el Gobierno provincial se hace cargo del pago de salarios de los empleados -Pacto Sueldo- y/o de la ejecución de obras -Pacto Obras- en los municipios que lo suscriban, mientras que estos resignan los fondos que les corresponden por coparticipación. Este acuerdo nació en 2000, bajo la gobernación de Julio Miranda. Alperovich se desempeñaba como ministro de Economía.
Lo llamativo es que por primera vez desde su vigencia, el alperovichismo modificó para este año las pautas del convenio. Hasta aquí, el acuerdo era firmado anualmente, y los recursos no podían ser modificados por ninguna de las partes una vez aprobados por la Legislatura y, luego, por los Concejos Deliberantes locales. En cambio, a partir de 2014 el artículo tercero del convenio prevé un cambio sustancial. “Facúltase al Poder Ejecutivo para que a través del Ministerio del Interior y/o Secretaría de Coordinación con Municipios y Comunas Rurales se determinen mes a mes los desembolsos a ser erogados; a tal fin se podrá requerir previo a dichos desembolsos los informes y documentación que se consideren pertinentes”, sostiene el texto. Es decir, los jefes municipales se reportarán mensualmente ante el Poder Ejecutivo.
Esa modificación generó revuelo en las últimas semanas. Incluso, tanto el intendente de Famaillá, Juan Enrique Orellana, como su hermano, el legislador José Orellana, habían advertido sobre una suerte de extorsión política por parte del alperovichismo. En la sesión legislativa del jueves, cuando se aprobó el Pacto Social, José Orellana había dicho que la metodología de revisión mensual volvería a los intendentes rehenes del Gobierno. Ayer, sin embargo, su hermano puso la firma para renovar el acuerdo con la Provincia.
La firma del Pacto Social 2014 se realizó de manera privada -sin acceso a los medios de prensa- en el antedespacho de la Casa de Gobierno. Asistieron intendentes y representantes de 12 municipios: Banda del Río Salí, Tafí Viejo, Concepción, Monteros, Bella Vista, Aguilares, Lules, Famaillá, Juan Bautista Alberdi, Tafí del Valle, Yerba Buena y Alderetes. De las 13 administraciones que rubrican habitualmente el Pacto Sueldo, sólo faltó el intendente de la capital, Domingo Amaya. Según pudo reconstruir LA GACETA, el ex ministro del Interior y actual diputado, Osvaldo Jaldo, dijo en el cónclave que el jefe municipal de San Miguel de Tucumán firmará personalmente el convenio cuando regrese de sus vacaciones.
Para este año, entre los 19 municipios se repartirán $ 1.410 millones, idéntica cifra que la pautada para 2013. De ese total, $ 1.169,8 corresponden a salarios y $ 240,5 millones a obras. Las 93 comunas rurales, en tanto, gozarán de $ 80 millones para sueldos y obras. De las 18 intendencias que figuran en el Pacto, 14 continuarán dentro de la modalidad de asistencia para salarios de sus empleados y la realización de trabajos de infraestructura. En cambio, cinco (Simoca, Burruyacu, Trancas, Graneros y Las Talitas, que no estuvieron ayer en Casa de Gobierno) se mantendrán dentro del acuerdo para recibir fondos para obras públicas. Sólo La Cocha sigue al margen de ambos convenios.
Los montos asignados a cada municipio respetan los parámetros de 2013. La Capital, por ejemplo, recibiría $ 609 millones para sueldos y $ 77,4 millones para obras.
El convenio consiste en un acuerdo mediante el cual el Gobierno provincial se hace cargo del pago de salarios de los empleados -Pacto Sueldo- y/o de la ejecución de obras -Pacto Obras- en los municipios que lo suscriban, mientras que estos resignan los fondos que les corresponden por coparticipación. Este acuerdo nació en 2000, bajo la gobernación de Julio Miranda. Alperovich se desempeñaba como ministro de Economía.
Lo llamativo es que por primera vez desde su vigencia, el alperovichismo modificó para este año las pautas del convenio. Hasta aquí, el acuerdo era firmado anualmente, y los recursos no podían ser modificados por ninguna de las partes una vez aprobados por la Legislatura y, luego, por los Concejos Deliberantes locales. En cambio, a partir de 2014 el artículo tercero del convenio prevé un cambio sustancial. “Facúltase al Poder Ejecutivo para que a través del Ministerio del Interior y/o Secretaría de Coordinación con Municipios y Comunas Rurales se determinen mes a mes los desembolsos a ser erogados; a tal fin se podrá requerir previo a dichos desembolsos los informes y documentación que se consideren pertinentes”, sostiene el texto. Es decir, los jefes municipales se reportarán mensualmente ante el Poder Ejecutivo.
Esa modificación generó revuelo en las últimas semanas. Incluso, tanto el intendente de Famaillá, Juan Enrique Orellana, como su hermano, el legislador José Orellana, habían advertido sobre una suerte de extorsión política por parte del alperovichismo. En la sesión legislativa del jueves, cuando se aprobó el Pacto Social, José Orellana había dicho que la metodología de revisión mensual volvería a los intendentes rehenes del Gobierno. Ayer, sin embargo, su hermano puso la firma para renovar el acuerdo con la Provincia.
La firma del Pacto Social 2014 se realizó de manera privada -sin acceso a los medios de prensa- en el antedespacho de la Casa de Gobierno. Asistieron intendentes y representantes de 12 municipios: Banda del Río Salí, Tafí Viejo, Concepción, Monteros, Bella Vista, Aguilares, Lules, Famaillá, Juan Bautista Alberdi, Tafí del Valle, Yerba Buena y Alderetes. De las 13 administraciones que rubrican habitualmente el Pacto Sueldo, sólo faltó el intendente de la capital, Domingo Amaya. Según pudo reconstruir LA GACETA, el ex ministro del Interior y actual diputado, Osvaldo Jaldo, dijo en el cónclave que el jefe municipal de San Miguel de Tucumán firmará personalmente el convenio cuando regrese de sus vacaciones.
Para este año, entre los 19 municipios se repartirán $ 1.410 millones, idéntica cifra que la pautada para 2013. De ese total, $ 1.169,8 corresponden a salarios y $ 240,5 millones a obras. Las 93 comunas rurales, en tanto, gozarán de $ 80 millones para sueldos y obras. De las 18 intendencias que figuran en el Pacto, 14 continuarán dentro de la modalidad de asistencia para salarios de sus empleados y la realización de trabajos de infraestructura. En cambio, cinco (Simoca, Burruyacu, Trancas, Graneros y Las Talitas, que no estuvieron ayer en Casa de Gobierno) se mantendrán dentro del acuerdo para recibir fondos para obras públicas. Sólo La Cocha sigue al margen de ambos convenios.
Los montos asignados a cada municipio respetan los parámetros de 2013. La Capital, por ejemplo, recibiría $ 609 millones para sueldos y $ 77,4 millones para obras.
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