04 Enero 2014
CIUDAD DE PANAMÁ.- El presidente panameño, Ricardo Martinelli, se enfrenta al consorcio europeo encargado del proyecto de ampliación del Canal de Panamá, que amenaza con suspender las obras debido a sobrecostos, y anunció que viajará a Italia y España para que los gobiernos de esos países se hagan responsables del asunto.
El consorcio, liderado por la española Sacyr y formado por la italiana Impregilo, la belga Jan De Nul y la panameña Constructora Urbana, aduce que el proyecto enfrenta un sobrecosto de U$S 1.600 millones.
La estatal Autoridad del Canal de Panamá (ACP), respaldada por Martinelli, rechaza los sobrecostos planteados, y asegura que el consorcio Grupos Unidos por el Canal (GUPC) debe respetar los términos del contrato original. “No puede ser que una empresa meta una cantidad de sobrecostos tan alta en una obra que es de la humanidad, ellos pusieron un precio y ahora vienen con otra cosa. Yo espero que la obra se desarrolle bajo el contexto que se negoció”, dijo el presidente.
“Tanto el presidente de España e Italia en aquellos momentos nos dijeron que esto contaba con la responsabilidad solidaria de ellos, así que voy a ir a España e Italia a exigirles eso”, agregó.
El consorcio de Sacyr e Impregilo se adjudicó en julio del 2009 el proyecto por U$S 3.120 millones, una cifra considerablemente menor que las ofertadas por otros dos consorcios y se situó también por debajo de la referencia de U$S 3.841 millones que habían fijado las autoridades del Canal. El contrato, cuyas obras iban a concluir en el 2014 y contemplaban la construcción de esclusas y cuencas colectoras de agua, se enmarca en un plan de ampliación de U$S 5.250 millones para un canal por el que transita un 5 % del comercio mundial. El consorcio dijo que envió a la autoridad del canal una nota de preaviso de suspensión de las obras para la construcción de un tercer juego de esclusas y sostuvo que no le ha respondido una petición para reunirse a fin de resolver los problemas financieros del proyecto.
La ACP anticipó que el programa de ampliación del canal tiene un avance total de 72 %, mientras que la construcción de las nuevas esclusas lleva un 65 % de avance.
El embajador de España en el país, Jesús Silva, dijo que el sobrecosto sería “perfectamente asumible” y fácilmente amortizable por los beneficios y expectativas de recuperación que existe sobre el proyecto, y que el Gobierno español está dispuesto a colaborar para que haya una solución.
En Madrid, las acciones de Sacyr cayeron por segundo día consecutivo golpeadas por el conflicto en el país centroamericano. El Gobierno español enviará a la ministra de Fomento, Ana Pastor, para “mediar” en el conflicto.
En el momento de la concesión, a principios del gobierno de Martinelli, se generó una gran polémica en el país porque el grupo americano ACS y el español FCC, que participaron en la licitación, acusaron al grupo ganador de hacer una oferta temeraria, con costos que no permitirían desarrollar los trabajos, que es lo que está sucediendo ahora.
Martinelli citó ayer a los representantes diplomáticos españoles e italianos para avanzar en una negociación. Y afirmó que los gobiernos de España e Italia tienen una “responsabilidad moral” en el conflicto y añadió que la disputa -tiene características de escándalo-, y generó preocupación en la industria marítima mundial, es un problema de tipo comercial.(Reuter-Télam)
El consorcio, liderado por la española Sacyr y formado por la italiana Impregilo, la belga Jan De Nul y la panameña Constructora Urbana, aduce que el proyecto enfrenta un sobrecosto de U$S 1.600 millones.
La estatal Autoridad del Canal de Panamá (ACP), respaldada por Martinelli, rechaza los sobrecostos planteados, y asegura que el consorcio Grupos Unidos por el Canal (GUPC) debe respetar los términos del contrato original. “No puede ser que una empresa meta una cantidad de sobrecostos tan alta en una obra que es de la humanidad, ellos pusieron un precio y ahora vienen con otra cosa. Yo espero que la obra se desarrolle bajo el contexto que se negoció”, dijo el presidente.
“Tanto el presidente de España e Italia en aquellos momentos nos dijeron que esto contaba con la responsabilidad solidaria de ellos, así que voy a ir a España e Italia a exigirles eso”, agregó.
El consorcio de Sacyr e Impregilo se adjudicó en julio del 2009 el proyecto por U$S 3.120 millones, una cifra considerablemente menor que las ofertadas por otros dos consorcios y se situó también por debajo de la referencia de U$S 3.841 millones que habían fijado las autoridades del Canal. El contrato, cuyas obras iban a concluir en el 2014 y contemplaban la construcción de esclusas y cuencas colectoras de agua, se enmarca en un plan de ampliación de U$S 5.250 millones para un canal por el que transita un 5 % del comercio mundial. El consorcio dijo que envió a la autoridad del canal una nota de preaviso de suspensión de las obras para la construcción de un tercer juego de esclusas y sostuvo que no le ha respondido una petición para reunirse a fin de resolver los problemas financieros del proyecto.
La ACP anticipó que el programa de ampliación del canal tiene un avance total de 72 %, mientras que la construcción de las nuevas esclusas lleva un 65 % de avance.
El embajador de España en el país, Jesús Silva, dijo que el sobrecosto sería “perfectamente asumible” y fácilmente amortizable por los beneficios y expectativas de recuperación que existe sobre el proyecto, y que el Gobierno español está dispuesto a colaborar para que haya una solución.
En Madrid, las acciones de Sacyr cayeron por segundo día consecutivo golpeadas por el conflicto en el país centroamericano. El Gobierno español enviará a la ministra de Fomento, Ana Pastor, para “mediar” en el conflicto.
En el momento de la concesión, a principios del gobierno de Martinelli, se generó una gran polémica en el país porque el grupo americano ACS y el español FCC, que participaron en la licitación, acusaron al grupo ganador de hacer una oferta temeraria, con costos que no permitirían desarrollar los trabajos, que es lo que está sucediendo ahora.
Martinelli citó ayer a los representantes diplomáticos españoles e italianos para avanzar en una negociación. Y afirmó que los gobiernos de España e Italia tienen una “responsabilidad moral” en el conflicto y añadió que la disputa -tiene características de escándalo-, y generó preocupación en la industria marítima mundial, es un problema de tipo comercial.(Reuter-Télam)
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