03 Enero 2014
El Gobierno provincial no tendrá sobresaltos en materia salarial durante este año porque logró refinanciar, en 200 cuotas, el pago de una parte de la deuda que mantiene con la Nación. Ese fue el discurso de los legisladores oficialistas a la hora de avalar, en la sesión extraordinaria de ayer, el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) enviado por el PE a la Cámara, por el que se aprobó el convenio firmado entre el gobernador José Alperovich y el jefe de Gabinete Jorge Capitanich, el pasado 27 de diciembre, en el marco del Programa Federal de Desendeudamiento. El monto que refinanciará la Nación asciende a unos $ 477, 7 millones.
En el recinto, los cuatro opositores que asistieron al debate -Ariel García (UCR), Roberto Sánchez (UCR), José Páez (DC) y Ricardo Bussi (FR)- votaron en contra de la iniciativa alperovichista y argumentaron que el convenio generará una mayor dependencia política con el Poder Ejecutivo Nacional (PEN), la misma que existe entre los municipios con la Provincia, a través del Pacto Social, compararon.
El artículo 5º del acuerdo fue cuestionado por los opositores. Los parlamentarios criticaron que para acceder a la refinanciación, el Gobierno provincial tenga que rendir cuentas ante el PEN cada tres meses y se vea obligado a suministrar toda la información actualizada y en tiempo real de la ejecución presupuestaria. En ese paquete de datos, el PE deberá incluir el listado de todo el personal de la administración pública -temporarios y permanente- incorporado al presupuesto público.
El alperovichista y presidente de la comisión de Hacienda de la Cámara, Ramiro González Navarro, ponderó el acuerdo alcanzado y remarcó que la Provincia redujo considerablemente la deuda que mantiene con el gobierno central. “Para hacer historia hay que establecer que al año 2003, la deuda de la provincia ascendía a los $ 2.700 millones, con un presupuesto provincial de $ 1.250 millones. Para que tengamos una idea, el nivel de afectación del presupuesto era del 225%. Hoy la deuda pública asciende a $ 4.300 millones, y la afectación presupuestaria alcanza a sólo el 18%. Esta es la realidad de los números”, explicó el alperovichista.
El peronista díscolo y massista Gerónimo Vargas Aignasse elogió el carácter económico del convenio -el pago de los $ 477,4 millones se cancelará en 200 cuotas y a un interés anual del 6%- pero criticó el aspecto político del acuerdo financiero. “Este tipo de convenio genera alivio para las arcas de la Provincia. Nadie en su sano juicio que haya administrado un quiosco de sandwiches de milanesas se puede oponer a esto. Pero no caben dudas que sí hay condicionamientos políticos. Es evidente que estamos en un vacío de poder con una Presidenta que no la vemos. Es una estrategia lógica de sostener el poder en base a los gobernadores. Es una cosa absurda e irracional que se renueve el convenio cada tres meses”, fustigó el ex kirchnerista.
El radical García comparó el acuerdo nacional que el que hace una semana rubricó el Gobierno provincial con las municipalidades. “Quien a hierro mata a hierro muere. Alperovich le exigía a los intendentes, la semana pasada, que el Pacto Social sea renovado mes a mes. Y ahora la Nación lo obliga a que Tucumán rinda cuentas cada tres meses. Es una clara picardía política de la Presidenta para someter a las provincias”, cuestionó García. Bussi, titular de Fuerza Republicana, también reprobó que el alcance del pacto con el PEN. “Los condicionamientos son sorprendentes. Esta Legislatura no debate la Cuenta de Inver sión y, sin embargo, le damos información al Gobierno Nacional”, comparó.
“No nos queda ningún margen para acompañar este proyecto de ley. Esto significa la perdida de autonomía provincial”, renegó el democristiano Páez.
En el recinto, los cuatro opositores que asistieron al debate -Ariel García (UCR), Roberto Sánchez (UCR), José Páez (DC) y Ricardo Bussi (FR)- votaron en contra de la iniciativa alperovichista y argumentaron que el convenio generará una mayor dependencia política con el Poder Ejecutivo Nacional (PEN), la misma que existe entre los municipios con la Provincia, a través del Pacto Social, compararon.
El artículo 5º del acuerdo fue cuestionado por los opositores. Los parlamentarios criticaron que para acceder a la refinanciación, el Gobierno provincial tenga que rendir cuentas ante el PEN cada tres meses y se vea obligado a suministrar toda la información actualizada y en tiempo real de la ejecución presupuestaria. En ese paquete de datos, el PE deberá incluir el listado de todo el personal de la administración pública -temporarios y permanente- incorporado al presupuesto público.
El alperovichista y presidente de la comisión de Hacienda de la Cámara, Ramiro González Navarro, ponderó el acuerdo alcanzado y remarcó que la Provincia redujo considerablemente la deuda que mantiene con el gobierno central. “Para hacer historia hay que establecer que al año 2003, la deuda de la provincia ascendía a los $ 2.700 millones, con un presupuesto provincial de $ 1.250 millones. Para que tengamos una idea, el nivel de afectación del presupuesto era del 225%. Hoy la deuda pública asciende a $ 4.300 millones, y la afectación presupuestaria alcanza a sólo el 18%. Esta es la realidad de los números”, explicó el alperovichista.
El peronista díscolo y massista Gerónimo Vargas Aignasse elogió el carácter económico del convenio -el pago de los $ 477,4 millones se cancelará en 200 cuotas y a un interés anual del 6%- pero criticó el aspecto político del acuerdo financiero. “Este tipo de convenio genera alivio para las arcas de la Provincia. Nadie en su sano juicio que haya administrado un quiosco de sandwiches de milanesas se puede oponer a esto. Pero no caben dudas que sí hay condicionamientos políticos. Es evidente que estamos en un vacío de poder con una Presidenta que no la vemos. Es una estrategia lógica de sostener el poder en base a los gobernadores. Es una cosa absurda e irracional que se renueve el convenio cada tres meses”, fustigó el ex kirchnerista.
El radical García comparó el acuerdo nacional que el que hace una semana rubricó el Gobierno provincial con las municipalidades. “Quien a hierro mata a hierro muere. Alperovich le exigía a los intendentes, la semana pasada, que el Pacto Social sea renovado mes a mes. Y ahora la Nación lo obliga a que Tucumán rinda cuentas cada tres meses. Es una clara picardía política de la Presidenta para someter a las provincias”, cuestionó García. Bussi, titular de Fuerza Republicana, también reprobó que el alcance del pacto con el PEN. “Los condicionamientos son sorprendentes. Esta Legislatura no debate la Cuenta de Inver sión y, sin embargo, le damos información al Gobierno Nacional”, comparó.
“No nos queda ningún margen para acompañar este proyecto de ley. Esto significa la perdida de autonomía provincial”, renegó el democristiano Páez.
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