Por Irene Benito
31 Diciembre 2013
Susana Trimarco, mamá de María de los Ángeles “Marita” Verón, sigue sin recuperar a su hija, pero este año consiguió mejores resultados que en 2012. Su disposición para quemar el Poder Judicial aparentemente rindió frutos puesto que la Corte Suprema de Justicia de Tucumán dio vuelta diez de las 13 polémicas absoluciones dispuestas hace 12 meses por la Sala II de la Cámara Penal.
El alto tribunal trabajó en aquella sentencia desde enero, pero recién consiguió expedirla el 17 de diciembre. Lo que parecía más sencillo, la constitución del estrado, terminó siendo una experiencia judicial traumática. La participación del vocal Antonio Estofán estuvo en duda hasta el día previo a la emisión del fallo. Finalmente este logró sortear un segundo incidente de recusación, y firmó la decisión junto a sus pares Antonio Gandur (preopinante) y Claudia Sbdar. La Corte aplicó las perspectivas de género y del delito de trata de personas para condenar con las mismas pruebas que no habían llegado a desvirtuar la presunción de inocencia de los imputados según la óptica de los camaristas Alberto Piedrabuena, Eduardo Romero Lascano y Emilio Herrera Molina.
La solución absolutoria sólo quedó en pie para María Jesús y Víctor Rivero, los hermanos vinculados al clan de Rubén “la Chancha” Ale. El alivio se esfumó en un pispás: en la víspera de la Navidad, Fernando Poviña (h), juez federal N°2, ordenó la detención de María Jesús Rivero, “la Chancha” y otros imputados de su entorno en el ámbito de una causa por supuesto lavado dinero. Esa investigación, por cierto, fue iniciada a partir de una denuncia de Trimarco.
Las poderosas influencias de la mamá de “Marita” no le alcanzaron, sin embargo, para concretar el plan “destituyente” que pergeñó respecto de Herrera Molina, Piedrabuena y Romero Lascano. Tampoco alcanzó la promesa del gobernador José Alperovich, que dijo que haría lo que Trimarco pidiese y que, por ende, firmó los inéditos decretos que denegaron la renuncia a Herrera Molina y a Piedrabuena. La Justicia que demostró ser capaz de fallar -casi- como Trimarco pretendía en la causa penal no avaló los rechazos de las dimisiones decretados por Alperovich. Y sucesivamente protegió a Herrera Molina y a Piedrabuena, que tendrán sus jubilaciones con el 82% móvil y, de paso, se librarán del proceso de remoción ante un Jurado de Enjuiciamiento con mayoría afín al oficialismo.
Las renuncias dejaron a Romero Lascano solo frente al jury. Si bien la Corte (integrada con camaristas) no hizo lugar a su planteo para declarar inconstitucional al Jurado, le “guiñó un ojo” al habilitar la revisión de esa decisión en la Corte de la Nación. El tiempo corre a favor del único de los tres jueces que no reúne los requisitos para jubilarse. También pasó para el año próximo la decisión que graduará las condenas y establecerá la modalidad de cumplimiento de la pena de los acusados de secuestrar y prostituir a “Marita”. El partido no ha terminado para Trimarco, pero en 2013 tuvo revanchas a la medida de su exigencia iracunda de justicia.
El alto tribunal trabajó en aquella sentencia desde enero, pero recién consiguió expedirla el 17 de diciembre. Lo que parecía más sencillo, la constitución del estrado, terminó siendo una experiencia judicial traumática. La participación del vocal Antonio Estofán estuvo en duda hasta el día previo a la emisión del fallo. Finalmente este logró sortear un segundo incidente de recusación, y firmó la decisión junto a sus pares Antonio Gandur (preopinante) y Claudia Sbdar. La Corte aplicó las perspectivas de género y del delito de trata de personas para condenar con las mismas pruebas que no habían llegado a desvirtuar la presunción de inocencia de los imputados según la óptica de los camaristas Alberto Piedrabuena, Eduardo Romero Lascano y Emilio Herrera Molina.
La solución absolutoria sólo quedó en pie para María Jesús y Víctor Rivero, los hermanos vinculados al clan de Rubén “la Chancha” Ale. El alivio se esfumó en un pispás: en la víspera de la Navidad, Fernando Poviña (h), juez federal N°2, ordenó la detención de María Jesús Rivero, “la Chancha” y otros imputados de su entorno en el ámbito de una causa por supuesto lavado dinero. Esa investigación, por cierto, fue iniciada a partir de una denuncia de Trimarco.
Las poderosas influencias de la mamá de “Marita” no le alcanzaron, sin embargo, para concretar el plan “destituyente” que pergeñó respecto de Herrera Molina, Piedrabuena y Romero Lascano. Tampoco alcanzó la promesa del gobernador José Alperovich, que dijo que haría lo que Trimarco pidiese y que, por ende, firmó los inéditos decretos que denegaron la renuncia a Herrera Molina y a Piedrabuena. La Justicia que demostró ser capaz de fallar -casi- como Trimarco pretendía en la causa penal no avaló los rechazos de las dimisiones decretados por Alperovich. Y sucesivamente protegió a Herrera Molina y a Piedrabuena, que tendrán sus jubilaciones con el 82% móvil y, de paso, se librarán del proceso de remoción ante un Jurado de Enjuiciamiento con mayoría afín al oficialismo.
Las renuncias dejaron a Romero Lascano solo frente al jury. Si bien la Corte (integrada con camaristas) no hizo lugar a su planteo para declarar inconstitucional al Jurado, le “guiñó un ojo” al habilitar la revisión de esa decisión en la Corte de la Nación. El tiempo corre a favor del único de los tres jueces que no reúne los requisitos para jubilarse. También pasó para el año próximo la decisión que graduará las condenas y establecerá la modalidad de cumplimiento de la pena de los acusados de secuestrar y prostituir a “Marita”. El partido no ha terminado para Trimarco, pero en 2013 tuvo revanchas a la medida de su exigencia iracunda de justicia.
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