Por Gabriela Baigorrí
31 Diciembre 2013
NOMBRE Y APELLIDO. Las imágenes de las 215 víctimas estuvieron presentes durante los 13 meses de juicio y las 90 audiencias que demandó al TOF. la gaceta / foto de franco vera
Trece meses de debate oral. Más de 100.000 fojas en 450 cuerpos. 90 audiencias. El destino de más de 215 víctimas. Las presuntas responsabilidades de 41 sospechosos. Los testimonios en la sala de 400 personas. Una sentencia. El juicio por la megacausa “Arsenales II- Jetura II” fue un hito para el Tribunal Oral Federal (TOF) de Tucumán y para la provincia. De los cinco juicios anteriores de Derechos Humanos, ninguno había tenido esa magnitud.
Si bien el fallo dejó descontentos a familiares de desaparecidos y de los entonces imputados, determinó que 37 de ellos habían cometido cruentos delitos de lesa humanidad en dos centros clandestinos de detención (la ex Jefatura de Policía) y exterminio (el ex Arsenal Miguel de Azcuénaga).
Los jueces Carlos Jiménez Montilla, Gabriel Casas y Juan Carlos Reynaga (subrogante) condenaron a cuatro de los imputados a perpetua y a 32 a penas de entre dos y 20 años y absolvieron a cuatro de ellos. Reynaga votó en disidencia porque consideró que 25 de los encartados deberían haber recibido penas mucho más duras. También se pronunció en contra de las absoluciones.
Se trata del mayor número de condenados en la provincia por un juicio por crímenes de lesa humanidad durante el terrorismo de estado. Las sanciones más severas fueron para tres ex policías (dos de ellos ya condenados a perpetua) y un ex militar. Entre los ex uniformados provinciales se encuentran Roberto “El Tuerto” Albornoz, Luis De Cándido y Ricardo Sánchez. A los primeros, que pertenecieron al Servicio de Informaciones Confidenciales (SIC), se los responsabilizó por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención que funcionó en la Jefatura de Policía. Mientras que el ex miembro de la fuerza nacional fue Luis Varela. Apodado “Naso”, habría sido segundo jefe del destacamento de Inteligencia 142 y estuvo a cargo del centro clandestino de detención y exterminio que se instaló en el Arsenal “Miguel de Azcuénaga” y de otros dependientes del Ejército.
Por otro lado, las absoluciones fueron por el “principio de la duda”: el ex gendarme Celso Barraza, el sacerdote José Mijalchyk, el escribano Juan Carlos Benedicto y el ex militar Luis De Urquiza.
En la cárcel de Villa Urquiza siguieron alojado 35 de los condenados. Dos de ellos, al agente de inteligencia Guillermo López Guerrero (condenado a cuatro años) y el ex policía Oscar Gómez (a 16 años) continuarán en prisión domiciliaria por cuestiones de salud. María Elena Guerra que recibió la pena de dos años por la usurpación de la casa del matrimonio de víctimas Araldi-Oesterheld fue excarcelada.
“Arsenales II-Jefatura II” fue el primer proceso oral que juzgó delitos en el Arsenal. Allí se encontraron las fosas con restos de desaparecidos quemados (7 de ellos fueron víctimas de este proceso). Los peritos del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) concluyeron tras sus estudios que fue el centro de exterminio más grande del país.
Si bien el fallo dejó descontentos a familiares de desaparecidos y de los entonces imputados, determinó que 37 de ellos habían cometido cruentos delitos de lesa humanidad en dos centros clandestinos de detención (la ex Jefatura de Policía) y exterminio (el ex Arsenal Miguel de Azcuénaga).
Los jueces Carlos Jiménez Montilla, Gabriel Casas y Juan Carlos Reynaga (subrogante) condenaron a cuatro de los imputados a perpetua y a 32 a penas de entre dos y 20 años y absolvieron a cuatro de ellos. Reynaga votó en disidencia porque consideró que 25 de los encartados deberían haber recibido penas mucho más duras. También se pronunció en contra de las absoluciones.
Se trata del mayor número de condenados en la provincia por un juicio por crímenes de lesa humanidad durante el terrorismo de estado. Las sanciones más severas fueron para tres ex policías (dos de ellos ya condenados a perpetua) y un ex militar. Entre los ex uniformados provinciales se encuentran Roberto “El Tuerto” Albornoz, Luis De Cándido y Ricardo Sánchez. A los primeros, que pertenecieron al Servicio de Informaciones Confidenciales (SIC), se los responsabilizó por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención que funcionó en la Jefatura de Policía. Mientras que el ex miembro de la fuerza nacional fue Luis Varela. Apodado “Naso”, habría sido segundo jefe del destacamento de Inteligencia 142 y estuvo a cargo del centro clandestino de detención y exterminio que se instaló en el Arsenal “Miguel de Azcuénaga” y de otros dependientes del Ejército.
Por otro lado, las absoluciones fueron por el “principio de la duda”: el ex gendarme Celso Barraza, el sacerdote José Mijalchyk, el escribano Juan Carlos Benedicto y el ex militar Luis De Urquiza.
En la cárcel de Villa Urquiza siguieron alojado 35 de los condenados. Dos de ellos, al agente de inteligencia Guillermo López Guerrero (condenado a cuatro años) y el ex policía Oscar Gómez (a 16 años) continuarán en prisión domiciliaria por cuestiones de salud. María Elena Guerra que recibió la pena de dos años por la usurpación de la casa del matrimonio de víctimas Araldi-Oesterheld fue excarcelada.
“Arsenales II-Jefatura II” fue el primer proceso oral que juzgó delitos en el Arsenal. Allí se encontraron las fosas con restos de desaparecidos quemados (7 de ellos fueron víctimas de este proceso). Los peritos del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) concluyeron tras sus estudios que fue el centro de exterminio más grande del país.
Lo más popular
