“La policía extorsiona porque ese es su código institucional interno”

Por Irene Benito 29 Diciembre 2013

Acuartelamiento. Agentes que amenazan a los compañeros renuentes a la huelga. Reclamos salariales y de los otros (como la reincorporación de cesanteados) sin interlocutores policiales válidos. Zonas liberadas. Hordas. Robos agravados disfrazados de saqueos. Psicosis. Barricadas. Armas en la calle. Tiroteos. Heridos y muertos en cantidades inestimables. Protesta. Represión. Dimisión en la cúpula. Maldita policía.

Con matices, esa secuencia saltó de provincia en provincia durante las primeras dos semanas de este mes. La crisis fue un reguero de pólvora. En cuestión de horas, un caos impetuoso desplazó al orden existente. El amotinamiento de un grupo aparentemente minoritario de policías y ex policías resultó suficiente para subvertir a toda la organización social. En Tucumán, el gobernador José Alperovich dijo que la población había sido extorsionada por los rebeldes. En la capital argentina y diez días después de los estallidos, la antropóloga Sabina Frederic (1965, Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires) añade: “la policía extorsiona porque ese es su código institucional interno”.

La institución encargada de prevenir el delito y de auxiliar a quienes han de investigarlo es impenetrable en la mayor parte de las jurisdicciones, según la ex Subsecretaria de Formación del Ministerio de Defensa. Esto implica que no se conocen a fondo sus debilidades, y que existe una tendencia a creer que es como es por naturaleza y que no podrá cambiar. “Son mundos en principio cerrados”, define, café de por medio, la investigadora, que sí pudo recopilar información y hacer diagnósticos en la Policía Federal y en Gendarmería, entre otras fuerzas.

El reclamo por los derechos a la protesta, y a mejores salarios y condiciones de trabajo no es nuevo ni en el país ni en la región y viene intensificándose, según Frederic. “Pero la policía no tiene permiso para acuartelarse y sindicalizarse. La manifestación del descontento policial sí está habilitada en Canadá, Estados Unidos y la Unión Europea. Eso significa que hay derecho a la agremiación y a la exposición de las pretensiones aunque fuera del servicio. Es decir, sin huelga. Las posiciones varían al respecto. Algunos creen que los policías no merecen más derechos, sobre todo después de los episodios recientes. Otros entienden que sí, que debería habilitarse alguna vía para que la policía presente sus demandas por medio de un canal distinto al de la cadena de mando. La inexistencia de esta alternativa crea condiciones para la precariedad en los espacios de trabajo, y la extorsión habitual entre superiores y subalternos”, explica.

-¿Los acuartelamientos reflejan que ese código extorsivo está descontrolado?

-En la última década, el Estado se ha ocupado de dar derechos. Gran parte de las fuerzas de seguridad están integradas por jóvenes formados en una sociedad que, por ejemplo, reconoce el derecho a la identidad de género. Pero los estatutos de las policías no prevén regímenes de jornada de trabajo, de cambios de destinos, etcétera. Esa estructura permite que quienes tienen más autoridad hagan uso de la discrecionalidad cuando el subalterno no hace o no quiere hacer lo que se le ordena. Entonces, recurren a la represalia típica de impedir el descanso. Esto juega a favor de los mecanismos de financiamiento paralelo de la policía. Si el policía no sabe a qué atenerse, si no puede planificar su vida doméstica, ¿cómo lo resuelve? No tiene a quién apelar porque está obligado a que sus demandas pasen por su superior. Ese sistema genera el clima proclive a la extorsión que, cada tanto, salta para afuera.

-¿Qué hay que hacer para transformar este modus operandi?

-El Estado debe socavar la manera en que la institución policial construye hacia dentro la confianza, la complicidad, el silencio, los secretos… El cambio ha de permitir otros lazos de lealtad. El esquema actual hace al policía más dependiente de su superior que de la sociedad a la que debe servir y acentúa lo peor de la corporación. Tampoco soy partidaria sin más de la sindicalización, pero entiendo que hay que debatirla para evitar situaciones como la de diciembre. De hecho, los acuartelamientos se han convertido en un instrumento útil porque logran una respuesta del Gobierno. No son legales, pero están institucionalizados. En la medida en que la policía sepa que dispone de esa herramienta, va a seguir usándola.

-¿Hay alguna conexión entre la denuncia del incremento del tráfico de drogas y las últimas crisis policiales?

-Existe muchísima evidencia de que el negocio del narcotráfico ha avanzado en el país. Considero que esto es posible por la connivencia de varios sectores: la política, la Justicia, la policía… La reforma de la policía será inocua si esta no es considerada como parte de una malla que la trasciende. Numerosos sectores responsables de lo que pasó ponen a los policías como chivo expiatorio. El estigma no debería dirigirse exclusivamente hacia ellos. El sistema de relaciones en vigor coloca a la policía en una posición visible e invisibiliza a otros actores que son mucho más poderosos que ella.

-Cada vez hay más personal policial en la calle, pero la inseguridad no retrocede.

-La respuesta que el Estado ofrece al problema de la inseguridad consiste por lo general en incrementar el tamaño de la fuerza. Y no se desarrollan otros mecanismos. Uno de ellos es la inteligencia, que, si bien tiene un pasado espurio, hace falta para evitar la consumación de hechos ilícitos.

-La Justicia depende en demasía de la policía. ¿Qué opina de la propuesta de crear una fuerza policial dependiente de la magistratura?

-La especialización de la policía es fundamental y esta es una forma de conseguirla. Pero esa idea automáticamente no garantiza nada si no va acompañada de otras reformas. En la provincia de Buenos Aires quieren descentralizar la institución con el fin de redistribuir el poder policial, pero tengo mis temores por cómo son dirimidas las negociaciones de los recursos en los municipios. No sé si es sostenible una policía que dependa del intendente o si eso no hará más que atomizar el conflicto.

-¿Se puede superar el discurso que alterna entre los extremos del pedido de mano dura y la condena a la maldita policía?

-Este es un pensamiento binario que simplifica las causas de los problemas. Los dos extremos centran la cuestión en la policía. El asunto es aplicar la fuerza sin caer ni en el “gatillo fácil” ni en la represión antidemocrática. Ninguna de las dos alternativas tienen correlato con la realidad: necesitamos a la policía y necesitamos que esta actúe de acuerdo con el Estado de derecho.

-¿También necesitamos vencer la tentación de la autodefensa?

-El aumento de la venta de armas muestra que la gente no confía en la protección que otorga el Estado. Es un problema muy grave. En México han empezado a aparecer milicias para la autodefensa. Nosotros aún no estamos en esa situación, pero el Gobierno debe pensar estratégicamente y no insistir con los parches que no van al fondo del asunto. Ojalá que la nueva ministra de Seguridad de la Nación (María Cecilia Rodríguez) pueda reflotar el Consejo de Seguridad Interior, que se ocupa de federalizar las políticas. Si bien las provincias son autónomas para organizar su policía, estamos en el mismo Estado. Además, los efectos de una jurisdicción se replican en la otra. El problema policial es de índole nacional.

-En Tucumán molesta especialmente que los agentes usen el teléfono mientras trabajan. ¿Qué dice al respecto?

-Nuestras policías no tienen el respeto ni la confianza que deberían. La autoridad no se siente y la gente les teme. Para revertir esta situación hay que hacer cambios. Una posibilidad es dejar de chatear durante el servicio. En la Ciudad de Buenos Aires se prohibió el uso del celular. Pero también sería bueno terminar con la costumbre de conseguir favores por la investidura o el uniforme. Esta es la mala fama que alcanzó la policía: hay que trabajar para transformar esa imagen vinculada con la delincuencia, tanto hacia dentro como hacia afuera de la institución.

-¿Cuán paradójico es que en los últimos 30 años hayamos hecho tanto por la desmilitarización y que, sin embargo, sigamos aferrados al madero de la Gendarmería?

-Periódicamente se reedita el llamado al regreso del orden. En los últimos episodios inclusive casi no hubo voces críticas respecto de la decisión de desplazar a la Gendarmería. Los acuartelamientos son factores de desestabilización política, pequeños monstruos que no debemos subestimar. Hay que ver para dónde dispara este conflicto y en qué desemboca.