El IPV media en el conflicto por el barrio Judicial

El conflicto por el barrio del gremio judicial, por el que se denunció que unas 300 personas habrían sido perjudicadas, podría tener un desenlace pronto, debido a la intervención del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu). El titular de la repartición, Gustavo Durán, explicó que debe determinarse exactamente la cifra de damnificados, listado que debe ser enviado por el sindicato de los trabajadores judiciales. “Nosotros no tenemos nada que ver en el conflicto, pero entendemos que debemos hacer lo que esté a nuestro alcance para que estas familias tucumanas tengan una solución. El gremio debería adquirir terrenos y nosotros gestionaremos un cupo de casas”, relató el funcionario.

Esta semana, manifestantes se habían reunido frente a la sede del Ipvdu, ubicada en calle Muñecas al 400. Su reclamo lleva varios meses. Según denuncian, se construyeron 227 viviendas por un convenio entre el Instituto Provincial de la Vivienda y la Asociación Gremial de Empleados Judiciales (AGEJ), en Los Pocitos. La versión de los demandantes, que iniciaron procesos en los Tribunales, indica que las propiedades fueron entregadas, pero varias familias quedaron fuera del reparto pese a haber realizado los trámites y pagos.

La mayoría de los frustrados adjudicatarios es representada por el abogado Carlos Garmendia, quien se hará cargo de las conversaciones con el Ipvdu para tratar de alcanzar un acuerdo.