28 Diciembre 2013
SEDE CUESTIONADA. Según Rava, la ex usina no es apta para el EPAM. la gaceta / foto de enrique galindez (archivo)
La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación debe expedirse cuanto antes sobre la situación edilicia del programa Educación Permanente para Adultos Mayores (EPAM) de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT). Esa es la inquietud que Antonio Gandur, presidente de la Corte Suprema de Justicia local y profesor consulto de la UNT, transmitió a Martín Fresneda, titular de la Secretaría mencionada, en la carta documento que le envió este jueves.
“Me dirijo a usted para solicitarle que emita un pronunciamiento sobre la existencia de una vulneración, restricción o afectación de los derechos de los adultos mayores que asisten en calidad de alumnos al programa EPAM”, manifestó Gandur en el último acto de la batalla que inició para que los cursos sean trasladados al local de la calle Muñecas 436 o a un espacio equivalente. En 2009, la UNT compró la propiedad citada para destinarla al EPAM (así consta expresamente en el expediente de la adquisición directa), pero esta permanece desde entonces en poder de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. En abril, la gestión del rector Juan Alberto Cerisola dispuso que el programa ocupe la ex usina termoeléctrica sita en Av. Sarmiento 1.100 (hasta entonces, los cursos funcionaban en una casona alquilada en la calle Virgen de la Merced).
Gandur recordó que el 19 de noviembre pasado había denunciado en la oficina de Fresneda la situación “deplorable” del edificio de Av. Sarmiento 1.100 y que ese estado suponía una regresión en materia de derechos humanos, marcha atrás que está prohibida por la legislación en vigor en el país. “Dicha denuncia fue respaldada por el informe que elaboró la Secretaría de Derechos Humanos de Tucumán y que elevó a vuestro organismo”, precisó el remitente.
Hasta el año que viene
En efecto, este mes el secretario Humberto Rava informó a Fresneda que la ex usina no era apta para cobijar al programa. El funcionario provincial destacó que la ubicación y las condiciones de acceso (avenida muy transitada, veredas angostas y falta de semáforos) son una “barrera” para los adultos mayores. Además, Rava dijo que al inmueble le falta salubridad; que carece de ascensores, y que presenta plagas, instalaciones en desuso y desechos industriales.
“No es posible admitir más dilaciones”, manifestó Gandur al camporista Fresneda. En octubre, el rector Cerisola se comprometió a ofrecer una alternativa, pero no dijo cuándo. A posteriori, fracasó la pretensión del juez de tratar el tema en la Comisión Honoraria del Centenario de la UNT que este integra junto a otros profesores consultos, honorarios y eméritos. Luego del informe de Rava, Gandur volvió a pedir a las autoridades universitarias que someta el tema “EPAM” a la consideración del comité. Pero la UNT puso el cartel de “cerrado por vacaciones” y el pedido del magistrado pasó para el año próximo.
“Me dirijo a usted para solicitarle que emita un pronunciamiento sobre la existencia de una vulneración, restricción o afectación de los derechos de los adultos mayores que asisten en calidad de alumnos al programa EPAM”, manifestó Gandur en el último acto de la batalla que inició para que los cursos sean trasladados al local de la calle Muñecas 436 o a un espacio equivalente. En 2009, la UNT compró la propiedad citada para destinarla al EPAM (así consta expresamente en el expediente de la adquisición directa), pero esta permanece desde entonces en poder de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. En abril, la gestión del rector Juan Alberto Cerisola dispuso que el programa ocupe la ex usina termoeléctrica sita en Av. Sarmiento 1.100 (hasta entonces, los cursos funcionaban en una casona alquilada en la calle Virgen de la Merced).
Gandur recordó que el 19 de noviembre pasado había denunciado en la oficina de Fresneda la situación “deplorable” del edificio de Av. Sarmiento 1.100 y que ese estado suponía una regresión en materia de derechos humanos, marcha atrás que está prohibida por la legislación en vigor en el país. “Dicha denuncia fue respaldada por el informe que elaboró la Secretaría de Derechos Humanos de Tucumán y que elevó a vuestro organismo”, precisó el remitente.
Hasta el año que viene
En efecto, este mes el secretario Humberto Rava informó a Fresneda que la ex usina no era apta para cobijar al programa. El funcionario provincial destacó que la ubicación y las condiciones de acceso (avenida muy transitada, veredas angostas y falta de semáforos) son una “barrera” para los adultos mayores. Además, Rava dijo que al inmueble le falta salubridad; que carece de ascensores, y que presenta plagas, instalaciones en desuso y desechos industriales.
“No es posible admitir más dilaciones”, manifestó Gandur al camporista Fresneda. En octubre, el rector Cerisola se comprometió a ofrecer una alternativa, pero no dijo cuándo. A posteriori, fracasó la pretensión del juez de tratar el tema en la Comisión Honoraria del Centenario de la UNT que este integra junto a otros profesores consultos, honorarios y eméritos. Luego del informe de Rava, Gandur volvió a pedir a las autoridades universitarias que someta el tema “EPAM” a la consideración del comité. Pero la UNT puso el cartel de “cerrado por vacaciones” y el pedido del magistrado pasó para el año próximo.
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