Los alrededor de 300 damnificados del barrio del gremio judicial, construido en la Diagonal a Tafí Viejo, que se quedaron sin sus casas podrían llegar hoy a un principio de acuerdo con el sindicato, merced a la mediación del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano. El organismo se convertiría en garante para que los preadjudicatarios accedan a su vivienda.
"Nosotros no tenemos nada que ver en el conflicto pero entendemos que debemos hacer lo que esté a nuestro alcance para que estas familias tucumanas tengan una solución. El gremio debería adquirir terrenos y nosotros gestionaremos un cupo de casas", sostuvo a LA GACETA Gustavo Durán, titular del IPV. Advirtió que aún se debe ajustar la cifra de los damnificados y que eso depende del listado que eleve la entidad de los judiciales.
El abogado Carlos Garmendia, apoderado de cerca de 250 damnificados, confirmó que alrededor este mediodía habrá una reunión en la sede del organismo, en Muñecas al 400, en la que se avanzaría sobre la firma de este convenio. "Desconozco aún la letra chica y específicamente cuál será el alcance del compromiso que asumirá Durán, pero desde ya nos parece importante el gesto del IPV de hacerse cargo", dijo.