El caso "Lebbos" pone fin a la carrera de Albaca

Su fiscalía era célebre por arrullar causas sensibles para el poder político, policial y hasta judicial. Numerosos escándalos y controversias enfrentó Carlos Albaca durante los 20 años en los que se desempeñó como fiscal de Instrucción de la II Nominación de esta capital. Pero todo tiene un límite; en el caso de Albaca, ese punto de no retorno fue su actuación en la trunca investigación por el homicidio impune de Paulina Lebbos. 

Acorralado por la seguidilla de pedidos de destitución, Albaca presentó ayer su renuncia con fines jubilatorios al gobernador José Alperovich. La corporación judicial le había soltado la mano el 13 de diciembre pasado: ese día, Marta Ignacia Jerez, fiscal de Cámara e instructora del sumario administrativo que ordenó la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, firmó el informe que condenó sin atenuantes la labor del fiscal durante los siete años que este tuvo en su poder la causa “Lebbos”.

Albaca había perdido el control del expediente hace un semestre, luego del estudio sobre la pesquisa que elaboró el letrado Bernardo Lobo Bugeau por encargo de un programa de lucha contra la impunidad de la Nación. Hasta entonces, la causa tramitaba en la oscuridad total: ni siquiera Alberto Lebbos, papá de la víctima y querellante, accedía a ella. Pero el secreto, que también tiene un límite, cayó con la intervención de Lobo Bugeau. El 5 de junio de este año,  Luis de Mitri, titular del Ministerio Público, dispuso el cese de la intervención de Albaca en “Lebbos”.

Los eventos se desencadenaron velozmente a partir de esa fecha. Diego López Ávila, tercer fiscal asignado al caso (el primero fue Alejandro Noguera), aceptó la herencia con “beneficio de inventario”. Ni bien leyó el caso, notificó las irregularidades que había detectado a la Corte. Esa nota dio pie al alto tribunal de la provincia para abrir el sumario administrativo en contra de Albaca. 

En paralelo, López Ávila dio impulso a la investigación a partir de la repetición de medidas de prueba que el anterior fiscal había dejado a medias. Así, logró determinar que dos hombres, Antonio Maximiliano Gallardo y Luis Gómez, habían empleado el teléfono celular de Lebbos luego de su desaparición ocurrida el 26 de febrero de 2006.  Tras detener a estos, López Ávila hizo lo propio respecto del ex subjefe de la Policía, Nicolás Barrera, y del ex jefe de la Unidad Regional Norte, Héctor Rubén Brito, a quienes acusó de encubrimiento, entre otros delitos (el juez Francisco Pisa dictó la prisión preventiva contra Gallardo y Gómez, y liberó a Barrera y Brito). Por último, la Justicia condenó el 18 de diciembre pasado a los ex policías Enrique García, Roberto Lencina y Manuel Yapura por adulterar constancias relativas al hallazgo de los restos de Lebbos.

Jurisprudencia a favor

Albaca es el fiscal con mayor antigüedad en el fuero penal de la capital. Fue designado durante el Gobierno de Ramón Ortega para integrar el plantel de investigadores que debía poner en marcha el entonces modernísimo Código Procesal Penal sancionado en 1991. 

El caso “Lebbos” aterrizó en su despacho por decisión de De Mitri, cuya renuncia también sería inminente, según fuentes de los poderes Ejecutivo y Judicial. El ministro intentaba así aplacar la conmoción que había generado la publicación en este diario de una fotografía del fiscal Noguera a la salida de la vivienda de Alperovich. “Para evitar todo tipo de suspicacias decidimos apartar a Noguera de la causa”, dijo De Mitri a la prensa el 20 de abril de 2006. Al comienzo, la actuación de Albaca debía ser supervisada por Daniel Marranzino, fiscal de Cámara, pero, con el tiempo, el primero se quedó a solas con el expediente que sacude al alperovichismo.

La renuncia de Albaca no sorprendió ni adentro ni afuera de los Tribunales. Aquella alternativa estaba en el aire desde mucho antes de la presentación del informe de Jerez: este simplemente precipitó una decisión cuyos efectos están supeditados al eventual acto de aceptación de Alperovich. 

Los pedidos de remoción formulados por el PRO y la UCR colocan a Albaca en la misma posición que tenía Emilio Herrera Molina, juez del caso “Verón”, cuando dimitió para jubilarse. En ese caso, Alperovich dio la espalda a la tradición histórica y rechazó la renuncia con el argumento de que había una solicitud de destitución -presentada por Susana Trimarco, mamá de “Marita” Verón- pendiente de definición. De igual modo procedió respecto de la dimisión de Alberto Piedrabuena, par de Herrera Molina. Pero luego se apartó de su propia doctrina y aceptó la renuncia de Héctor Gustavo Pereyra, defensor oficial en lo Penal de Concepción con pedido de destitución presentado por la Corte. A instancias de Herrera Molina primero y, después, de Piedrabuena, la Justicia falló a favor de los magistrados dimitentes con enjuiciamiento en trámite (ver recuadro). Previsiblemente el PE invocará esa jurisprudencia para allanar el camino de Albaca hacia la jubilación con el beneficio del 82% móvil.

El padre de la víctima exigió al gobernador Alperovich que rechace la renuncia

Al igual que Susana Trimarco, mamá de María de los Ángeles “Marita” Verón, respecto del tribunal que absolvió a los acusados de secuestrar y promover la prostitución de la joven,Alberto Lebbos exigió ayer al gobernador José Alperovich que rechace la dimisión con fines jubilatorios de Carlos Albaca, el fiscal que durante siete años tuvo a su cargo la investigación del homicidio de Paulina Lebbos. “Espero que el gobernador no acepte la renuncia hasta que (Albaca) explique por qué está impune el crimen de Paulina”, dijo el papá de la víctima.

“(El fiscal) está escapándose de la sanción que se le viene; este hombre forma parte de la red de encubrimiento. (Se va) por la cobardía de no dar la cara y no poder explicar que está protegiendo a alguien poderoso”, añadió el activista de la Comisión de Familiares de Víctimas de la Impunidad.

Lebbos acotó que no le sorprendía la decisión de Albaca puesto que de él podía esperar cualquier cosa. “Es el hombre más odiado de los Tribunales por parte de los querellantes. Le ha hecho mucho daño a la Justicia. Por culpa de este tipo de personajes los tucumanos están descreídos del Poder Judicial y de las instituciones”, expresó. Lebbos acudió este lunes al Palacio de Justicia para pedir a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán que sancione a Albaca. Allí fue recibido por los cinco vocales titulares del alto tribunal: Antonio Gandur(presidente), René Goane, Antonio Estofán, Claudia Sbdar y Daniel Posse. 

Otras causas sensibles

“SALINAS”.- A poco de asumir como fiscal de Instrucción, Carlos Albaca se hizo cargo de la investigación del homicidio impune del policía Juan Andrés Salinas. Todo se originó en 1992 cuando el “Comando Atila” (un grupo clandestino formado por agentes policiales) lanzó más de 40 proyectiles contra un auto donde se encontraban Ángel “El Mono” Ale y Salinas, en República del Líbano y España. El oficial falleció, y llamó la atención que “El Mono” saliera ileso, por lo que en un principio se lo relacionó con el hecho. Además, se sospechaba que los Ale y la Policía estaban enfrentados por el manejo de las máquinas tragamonedas, que todavía eran ilegales. Por esa balacera fueron enjuiciados los dos hermanos Ale, quienes pasaron varios meses en prisión. Dos años después fueron declarados inocentes y absueltos. La defensa de “El Mono” se basó en que no estaba armado al momento de su detención, aunque en el baúl del auto de su padre (Said Ale) habían hallado un arsenal. Los miembros del “Comando Atila” fueron sobreseídos y la muerte de Salinas jamás se resolvió. 

Denuncia contra Mansilla.- Albaca recibió en 2007 una causa que comprometía a Sergio Mansilla, ex secretario de Coordinación de Municipios y Comunas del Gobierno de José Alperovich, y actual senador nacional oficialista. Esa pesquisa había sido iniciada a partir de la denuncia que presentó Ariel García, hoy legislador por la UCR. García llevó a la Justicia una publicación de este diario que daba cuenta de que Mansilla supuestamente había incumplido con su deber de controlar el envío de balances correspondientes al año 2006 en el 90% de las comunas de la provincia. El caso previamente había pasado por las manos del fiscal Guillermo Herrera, que en abril de 2007 dispuso el archivo. Esa decisión generó un pedido de juicio político contra Herrera, que no prosperó, y el reemplazo de este por Albaca, que jamás citó a ningún funcionario a prestar declaración indagatoria.