Por Juan Pablo Durán
23 Diciembre 2013
A pocos días de que finalice este agitado 2013, el gobernador José Alperovich tiene, quizás, la última oportunidad de mellar la carrera a la gobernación de su enemigo íntimo, Domingo Amaya. En pocos días, la Legislatura provincial aprobará el Pacto Social, esa herramienta económica mediante la cual el Poder Ejecutivo controla financieramente a los municipios, colocándoles un grillete en el cuello a los intendentes. Ese control económico se transforma, luego, en un control político. Porque los jefes municipales, al ceder sus recursos tributarios a cambio del pago de los sueldos, pasan a depender directamente del humor del mandamás. Los intendentes que obren con rebeldía o simplemente intenten hacer valer la autonomía municipal consagrada en la Constitución correrán el riesgo de dejar de percibir -en 2014- los fondos destinados a salarios y obras públicas. ¿Habrá advertido Alperovich que tiene en sus manos una potente arma cargada con una bala de plata? Si el mandatario provincial se anima a usarla podría mandar a la banquina a su contrincante. Porque si decide no incluir a la Municipalidad capitalina dentro del Pacto Social -el año próximo el convenio ya no será anual y deberá ser renovado mes a mes- Amaya estará obligado a transitar por un camino económicamente empedrado y cubierto de espinas. Hasta anoche, el alperovichismo aún no había enviado ninguna señal al amayismo para que se sume al convenio financiero del próximo año.
Pese a este escenario, que podría presentarse complicado para la Capital, desde el amayismo afirman que la Municipalidad cuenta con los fondos suficientes para asegurar, aunque más no sea, el pago de los sueldos a los más de 4.000 empleados municipales. Pero si Alperovich, en cambio, decide invitar a su contrincante al Pacto Social, Amaya no sólo tendrá asegurado el pago de la planilla salarial: contará además con recursos frescos para apuntalar su campaña política, a través de la realización de obras públicas.
En ese sendero preelectoral que se abrió luego de los comicios del 28 de octubre, el amayismo ya comenzó a cosechar nuevos amigos políticos que le ayudarán a galvanizar su postulación a gobernador en 2015. Uno de ellos es nada más y nada menos que el vocal de la Corte Suprema de Justicia, Antonio Estofán. La semana pasada, el intendente capitalino designó como juez del Tribunal de Faltas municipal a María Luciana Estofán, sobrina del encumbrado magistrado. Según comentan en los corrillos del edificio de 9 de Julio y Lavalle, el propio juez cimero fue quien le habría pedido la gauchada política al “Colorao”. Al parecer, el incipiente idilio entre Amaya y Estofán ya habría dado sus primeros frutos. El 9 de diciembre, el juzgado de Conciliación y Trámite del Trabajo de la Vº Nominación hizo lugar a una medida cautelar solicitada por el dirigente Osvaldo “Cacho” Acosta para que el municipio garantice el normal desarrollo de la elecciones llevadas a cabo el viernes. La Justicia había intimado al intendente a que entregue el padrón y los soportes electrónicos con la nómina del padrón de los afiliados del sindicato municipal. También le había pedido que facilite los espacios físicos y el mobiliario para el normal desarrollo del comicio. Pero el jueves, el mismo juzgado emitió otra resolución, mediante la que revocó el fallo anterior y dejó sin efecto la cautelar. Por este motivo, el municipio no permitió que Acosta instalara las urnas en el interior de las reparticiones. ¿Habrá tenido que ver la mano de Estofán o fue sólo una coincidencia? Hasta el momento sólo se tejen especulaciones en ese sentido. Lo concreto es que Alperovich ha perdido una pieza clave en la Justicia y la corporación judicial comienza a jugar su partido en torno a la sucesión.
Pese a este escenario, que podría presentarse complicado para la Capital, desde el amayismo afirman que la Municipalidad cuenta con los fondos suficientes para asegurar, aunque más no sea, el pago de los sueldos a los más de 4.000 empleados municipales. Pero si Alperovich, en cambio, decide invitar a su contrincante al Pacto Social, Amaya no sólo tendrá asegurado el pago de la planilla salarial: contará además con recursos frescos para apuntalar su campaña política, a través de la realización de obras públicas.
En ese sendero preelectoral que se abrió luego de los comicios del 28 de octubre, el amayismo ya comenzó a cosechar nuevos amigos políticos que le ayudarán a galvanizar su postulación a gobernador en 2015. Uno de ellos es nada más y nada menos que el vocal de la Corte Suprema de Justicia, Antonio Estofán. La semana pasada, el intendente capitalino designó como juez del Tribunal de Faltas municipal a María Luciana Estofán, sobrina del encumbrado magistrado. Según comentan en los corrillos del edificio de 9 de Julio y Lavalle, el propio juez cimero fue quien le habría pedido la gauchada política al “Colorao”. Al parecer, el incipiente idilio entre Amaya y Estofán ya habría dado sus primeros frutos. El 9 de diciembre, el juzgado de Conciliación y Trámite del Trabajo de la Vº Nominación hizo lugar a una medida cautelar solicitada por el dirigente Osvaldo “Cacho” Acosta para que el municipio garantice el normal desarrollo de la elecciones llevadas a cabo el viernes. La Justicia había intimado al intendente a que entregue el padrón y los soportes electrónicos con la nómina del padrón de los afiliados del sindicato municipal. También le había pedido que facilite los espacios físicos y el mobiliario para el normal desarrollo del comicio. Pero el jueves, el mismo juzgado emitió otra resolución, mediante la que revocó el fallo anterior y dejó sin efecto la cautelar. Por este motivo, el municipio no permitió que Acosta instalara las urnas en el interior de las reparticiones. ¿Habrá tenido que ver la mano de Estofán o fue sólo una coincidencia? Hasta el momento sólo se tejen especulaciones en ese sentido. Lo concreto es que Alperovich ha perdido una pieza clave en la Justicia y la corporación judicial comienza a jugar su partido en torno a la sucesión.
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