23 Diciembre 2013
Silvia Rajcher - Columnista Télam
BUENOS AIRES.- A 20 años de la reforma de la Constitución nacional que amplió los derechos de los ciudadanos con el voto directo del Presidente de la Nación y de los senadores, resguardó derechos sociales e incorporó institutos de participación popular, aun se mantiene un fuerte debate sobre el funcionamiento de la Justicia, donde el organismo más cuestionado es el Consejo de la Magistratura (CM).
La reforma de la Constitución aprobada en la Convención Constituyente de 1994 fue propiciada por el entonces oficialismo, sólo para habilitar la reelección de Carlos Menem, pero a la luz de los acuerdos que debió enhebrar con el radicalismo incorporó artículos que mejoraron la calidad institucional. De hecho, se incorporó el voto directo de la fórmula presidencial y de los senadores, a los cuales se sumó el representante por la minoría; se otorgó autonomía a la Ciudad de Buenos Aires y los porteños pudieron elegir a sus autoridades; se regularon los decretos de Necesidad y Urgencia, de Legislación Delegada y se crearon institutos de participación democrática. Pero el debate que aún no se pudo saldar es el funcionamiento del Poder Judicial, dado que la propuesta de la UCR de crear el CM, para la designación y remoción de jueces, no permitió mejorar la administración de la justicia, que es el ámbito más cuestionado por la sociedad.
Los diputados del kirchnerismo Jorge Landau y del radicalismo Manuel Garrido aseguran, con diferentes argumentos, que el Consejo de la Magistratura debe sufrir modificaciones, pero tienen argumentos contrapuestos sobre cuál debe ser el mecanismo del organismo clave del Poder Judicial. El CM es un organismo tripartito integrado por representantes de la Justicia, los abogados y parlamentarios, que tiene además un representante del Poder Ejecutivo nacional.
Landau, diputado del Frente para la Victoria y especialista en temas constitucionales, afirmó que este organismo “no solo no mejoró el funcionamiento de la Justicia”, sino que “creó nuevos obstáculos” que no existían cuando la designación y remoción estaba en poder del Congreso nacional. “El Consejo se pensó como un organismo para darle mayor dinamismo al funcionamiento del Poder Judicial, pero esto no fue así y terminó transformándose en un elefante pesado, con un millar de funcionarios que podrían ocupar cargos de jueces, camaristas y fiscales, que son necesarios para mejorar la administración de justicia”, agregó. Landau señaló que “este es un debate abierto que se deberá abordar” y reivindicó que este año el oficialismo instaló la discusión en la sociedad sobre el funcionamiento de la Justicia y de este organismo, que hasta “ahora estaba sólo centrado en las corporaciones judiciales”.
Desde la oposición, Garrido, radical y ex fiscal de Investigaciones Administrativas, señaló que “es verdad que el funcionamiento del Consejo es un tema pendiente, que nunca se cumplió totalmente con el texto de la Constitución, pero esto requiere un decisión serena y volver a replantear en serio todo el CM para que esté en condiciones de cumplir con la administración del Poder Judicial”.
Garrido señaló que “su funcionamiento (del CM) debe mejorarse” y se debe terminar “con su exagerada influencia y politización”. (Télam)
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