El Gobierno sólo atina a echarle la culpa a los demás

Cuando se corta la luz, cuando los precios explotan y se temen saqueos o cuando se verifican que los pobres continúan estando allí o que los muertos por inseguridad se siguen sumando y el narcotráfico ha penetrado a la sociedad o que la educación ha perdido calidad o cuando se alienta la politización del Ejército y se derrumban los principios sobre los derechos humanos tantas veces declamados o cuando salen a la luz presuntos negociados incompatibles con la función pública, el Estado omnipresente se mete debajo de la cama.

Esta es la sensación de desamparo que le queda a los ciudadanos como balance de este fin de año tumultuoso. Pero, además, cuando los medios reflejan todos esos desbordes de la realidad que dejan muy mal parado al Gobierno, lo único que atina el poder es a acusarlos de malintencionados y a vociferar “yo no fui”.

No hacerse cargo de los problemas y acusar a los demás, un clásico del kirchnerismo dramáticamente exacerbado por estas horas, es un triste colofón de liviandad para un modelo que a la hora del desgaste poco muestra de fortaleza ideológica y mucho de conveniencia política, ya que fue capaz de sintonizar con muchas de las cosas que espera la sociedad, aunque poco más puede ofrecerle ahora, en tiempos de vacas flacas.

La última semana dejó algunos ejemplos sobre el reflejo de echarle la culpa a los otros, que el Gobierno cultiva desde siempre. Quizás para no dejar solo a Julio De Vido, un campeón en esos menesteres desde hace años, el tándem Axel Kicillof-Jorge Capitanich se hizo presente con sendas manifestaciones de negación de responsabilidad en el tema eléctrico y en el descontrol de los precios que muestran, además, cómo el Gobierno se cree infalible.

Sobre los cortes de luz, el Jefe de Gabinete planteó que “aquí hay responsables y son las dos empresas que tienen que hacer la prestación del servicio”, por Edenor y Edesur, como si no existiese el ENRE, el ente regulador que maneja el Gobierno, que es el encargado de controlar a las compañías, entre otras cosas que inviertan. Esas mismas palabras y la amenaza de quite de la concesión las había pronunciado Capitanich frente a los directivos de ambas distribuidoras de electricidad en la zona metropolitana. Un rato antes, los representantes de las compañías se habían reunido en el Palacio de Hacienda con el subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del ministerio de Planificación, Roberto Baratta y desde allí fueron todos juntos a la Casa Rosada, para que el Jefe de Gabinete les pasara todas las facturas, sobre todo la de su “política comunicacional”.

Una fuente que participó de las reuniones reveló que hubo dos críticas muy fuertes de tenor conspirativo: la primera, que se les endilgó que habían convencido al periodismo que “el culpable es el Gobierno”; la segunda, que les “extrañaba” que las empresas no hayan puesto el mismo empeño en criticar a Mauricio Macri por los generadores para edificios. También es un clásico que para el kirchnerismo son más importantes las formas que el fondo. Capitanich venía de 24 horas complicadas, que terminó de enredar cuando tuvo dos ostensibles vuelcos. En primer lugar, porque salió a poner la cara y a desdecirse sin más de su propuesta del día anterior de realizar cortes programados y rotativos de energía, al expresar que fue “una expresión definitivamente incorrecta” de su parte. Cuando el Gobierno tomó conciencia que el procedimiento remitía a los tiempos de Raúl Alfonsín, Julio De Vido lo salió a cruzar. Pero, además, los nervios del jefe de los ministros o probablemente la necesidad de desviar la atención con un tema lateral, lo llevaron a contestar una correcta pregunta de un cronista de TN sobre la Ley de Trata, con otra pregunta muy destemplada referida a “por qué el Grupo Clarín no cumple con la grilla”.

En realidad, el chaqueño se refería a otra empresa del Grupo, Cablevisión, pero su desconocimiento del tema o la necesidad de hacer méritos puertas para adentro después de la patinada anterior, empastó todo de tal manera que terminó afirmando que el tironeo administrativo que tiene la empresa de cable con la Afsca había sido legislado por la Corte cuando declaró la constitucionalidad de la Ley de Medios. Ya en viernes, con un “no es el Estado el que aumenta los precios”, fue el ministro de Economía quien hizo su aporte al club de pasarle la pelota al otro, al anunciar el nuevo acuerdo de precios movibles que regirá durante un año. En todo caso, Kicillof está eximido de ponerse colorado sobre el argumento porque teóricamente él no cree que la emisión motorice la inflación como la sostiene la ortodoxia, aunque se ha preocupado de convencer a todo el mundo -a la Presidenta primero y a Capitanich después- que todo sucede porque la voracidad empresaria es la que “se apropia de los excedentes”.

La novedad es que este experimento no se trata de “un congelamiento con control de precios ni son precios máximos, porque sabemos que los congelamientos no son exitosos”, tal como dijo orgullosamente el ministro, sino de algo diferente, por ahora de extremo voluntarismo. Una fuente de Economía explicó que, en primer lugar, los acuerdos no serán “de palabra”, tal como eran los engendros que motorizaba Guillermo Moreno “sólo para tener una lista que convalidara las mediciones del Indec”, sino que “los supermercados y ahora los proveedores se comprometieron y pusieron el gancho (firmaron)”. En segundo término, el funcionario nombró en privado la palabra maldita que ni Kicillof ni Capitanich ni el secretario de Comercio, Augusto Costa usaron en la presentación del acuerdo: inflación. Desde lo práctico, entonces, señaló que se buscará “maniobrar” con esos 200 productos sometidos a controles on line, permitiendo subas inclusive, con la idea de ir llevando la “inflación” hacia la baja.

Sin embargo, el interlocutor deslizó cierta preocupación por las paritarias que según él serán “muy difíciles de encauzar”, tras los porcentajes que consiguieron los policías de casi todo el país, ya que consideró que ahora esos números se van a desparramar primero hacia los estatales, sobre todo al gremio docente y luego al sector privado. Pese a las críticas a la metodología del anterior custodio de los precios, hubo dos cuestiones que molestaron a los empresarios. En primer término, que las mesas donde fueron sentados para escuchar los discursos del lanzamiento del “acuerdo voluntario” estaban rodeadas de militantes aplaudidores del fracasado Plan “Mirar para cuidar”, no todos jóvenes por cierto, con pecheras azules que decían “Miramos los precios”.

En cuanto al segundo apriete, que tiene que ver con la infalibilidad mencionada, el propio Kicillof señaló en su charla, mitad como consejo y mitad como amenaza, que conseguir un país “que siga creciendo” requiere que “el sector privado acompañe las políticas del Gobierno”, una buena forma de abrir el paraguas y de saber a quiénes se va a culpar si esto fracasa.