22 Diciembre 2013
ACUSADOS. El caso derivó en la detención de funcionarios, en la foto el ex subjefe Nicolás Barrera llega a Tribunales. ARCHIVO LA GACETA
Antonio Maximiliano Gallardo y Luis Gómez fueron los primeros detenidos en la nueva etapa de la causa que investiga el homicidio de Paulina Lebbos.
Después de siete años en los que el fiscal Carlos Albaca, a cargo de la Fiscalía de Instrucción de la II° Nominación, casi no agilizó la investigación, según denunció Alberto Lebbos, el fiscal Diego López Ávila, de la Fiscalía de la IV° Nominación, se hizo cargo este año de la pesquisa y logró dar con estos dos sospechosos. Para ellos, durante la segunda semana de este mes, solicitó la prisión preventiva por considerarlos presuntamente responsables del delito de privación ilegítima de libertad seguida de muerte, en perjuicio de Lebbos.
El cadáver de la joven estudiante de comunicación social fue hallado el 11 de marzo de 2006 a la vera de la ruta 341, en localidad de Tapia. Y por la instrucción en la causa de este crimen, Albaca fue acusado la semana pasada de supuesto incumplimiento de sus deberes de funcionario público por Marta Ignacia Jerez, fiscal de Cámara en lo Penal de la II Nominación de esta capital e instructora del sumario administrativo que la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT) abrió en junio pasado en contra del fiscal.
Para López Ávila no existen dudas de que los dos imputados tuvieron alguna participación en el homicidio. Por eso avanzó con el pedido de la preventiva, que deberá ser resuelto esta semana por el juez de Instrucción Francisco Pisa. Pero según los abogados Juan Carlos López Casacci y Roberto Flores, que defienden a Gallardo, López Ávila se excedió en la valoración de la prueba que tiene en contra de su cliente.
“Nunca trabajó en Tapia”
La Justicia ubica a Gallardo como el presunto autor del homicidio de Lebbos. El 27 de noviembre pasado, fue detenido porque los informes telefónicos solicitados por López Ávila indicaron que había insertado un chip con su línea telefónica en el celular de Paulina Lebbos, pocas horas después de la muerte de la joven.
Al declarar ante el fiscal, dijo que no recordaba qué número de teléfono tenía el 26 de febrero de 2006, fecha en la que desapareció la víctima. “Todavía no está acreditado que Gallardo haya contratado esa línea. Además, en febrero de 2006, que es el período en el que se le dio de alta a esta línea, los mecanismos de habilitación eran muy desprolijos. No se constataba la identidad de los solicitantes del servicio y ni siquiera se les pedía el documento o se constataba su domicilio. Sólo bastaba decir el nombre para adquirir una línea”, remarcó López Casacci.
El abogado también argumentó que no hay pruebas que vinculen a Gallardo con el crimen; y que, además, el fiscal no logró comprobar que haya sido su cliente el que hizo los llamados. “La imputación sostiene que él secuestró a la joven, la llevó al lugar donde la habrían matado y enterró el cuerpo, todo por una llamada de teléfono. Además, aportamos testigos que avalan donde estuvo Gallardo el día en que desapareció la víctima y que afirman que nunca trabajo ni en Raco ni en Tapia”, agregó.
Según los defensores, cuando ocurrió el delito el acusado trabajaba desde hacía un año en una imprenta. “Su trabajo estaba a varios kilómetros de los lugares en los que sindican que estuvo”, concluyó. Por otra parte, también aclararon que en febrero de 2006 Gallardo vivía en el barrio 11 de Marzo y que no vendía celulares ni chips de celulares, como había trascendido durante la investigación. Incluso sostuvieron que, ni antes ni después de esa fecha se dedicó a esa actividad comercial.
Habría más involucrados
Flores destacó que, en la ampliación de la indagatoria, Gallardo remarcó que, a pesar de que él figura como titular de la línea de la que se hicieron dos consultas de saldo con el celular de Paulina Lebbos, la dirección de facturación no corresponde a su domicilio legal.
“Ni el número de contacto, ni la dirección pertenecen a Gallardo, ni a su familia ni a ningún conocido. Le pedimos a la Fiscalía que investigue esa situación pero, a pesar de que tenían unos cuatro días antes de la fecha límite para requerir la preventiva, optaron por no llamar a los testigos que ofrecimos para que acrediten dónde estuvo mi cliente el día de desaparición de la joven ni ordenaron que se realicen estas medidas”, explicó.
Para Flores, esta verificación de domicilio llevaría a dar con nuevos sospechosos. Y dijo que pidieron pruebas de ADN para Gallardo.
“¿Cómo se sostiene que los policías condenados por encubrimiento en el caso Lebbos (Enrique García, Manuel Yapura y Roberto Lencina) hayan estado protegiendo a Gallardo y a Gómez, cuando ni siquiera los conocían?”, analizó.
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