20 Diciembre 2013
PROCESADO. Brito, tras más de un año de ser investigado, fue formalmente imputado ayer los Tribunales. la gaceta / foto de analía jaramillo (archivo)
Miguel Ángel Brito fue titular de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo (DAU) durante cinco años de la década alperovichista. Y ayer, por presuntas anomalías en obras públicas realizadas por su gestión, el ex funcionario y actual asesor del senador oficialista Sergio Mansilla debió declarar como imputado, durante más de dos horas, ante el fiscal de Instrucción de la VII° Nominación, Arnoldo Suasnábar.
Fuentes tribunalicias indicaron que, asesorado por su abogado, Arnoldo Ahumada, Brito respondió a la indagatoria y solicitó una ampliación de este trámite procesal, para realizar una “defensa más pormenorizada”.
Ayer sin embargo ya reveló parte de su estrategia. En primer lugar, el ex director de la DAU defendió su labor. Además, criticó al Tribunal de Cuentas (TC) por un informe que este elevó a la Justicia referido a supuestas irregularidades en su administración, ya que consideró que el organismo de control había tenido ocasiones para objetar esas obras y no lo había hecho hasta este año. Por último, señaló que la denuncia inicial fue una maniobra electoral de la hoy senadora radical Silvia Elías de Pérez, quien fue electa diputada en octubre y renunció a ese cargo hace unos días para mudarse a la Cámara Alta.
Por ahora, el fiscal no solicitó medidas privativas de la libertad en contra de Brito. Sin embargo, el asesor parlamentario ya se encuentra formalmente procesado, a más de un año de que se iniciara la pesquisa.
Su renuncia
Brito renunció a la DAU en agosto de 2012, luego de que LA GACETA publicara un acuerdo del TC que remarcaba supuestos sobreprecios en la restauración de la fachada de la Casa de Gobierno. Al poco tiempo, fue denunciado por Elías de Pérez.
La causa, en un principio, recayó en manos de la fiscala Adriana Reinoso Cuello. Tras varios meses, esta se inhibió aduciendo violencia moral, luego de que la entonces legisladora provincial solicitara la intervención del ministro fiscal, Luis De Mitri, para que apresurara la pesquisa. El fiscal Washington Navarro Dávila recibió el expediente, a modo de compensación, pero no lo aceptó. El caso giró luego a la Fiscalía VII°, que conduce Suasnábar. El representante del Ministerio Público también se inhibió, por amistad manifiesta con una de las partes (Brito), pero la jueza de Instrucción Mirta Lenis de Vera decidió que la pesquisa no se mudara otra vez.
Uno de los elementos que sirvieron de base para la acusación fue el informe que elevó este año Miguel Chaibén Terraf, presidente del TC, a la Justicia. El texto consta de cinco capítulos, detalla presuntas anomalías en 86 de 423 obras públicas realizadas durante la gestión de Brito. Estas tareas se realizaron bajo el amparo de la ley 7.960, que permite a la DAU realizar contrataciones directas por hasta $ 150.000 en casos de necesidad y de urgencia.
En ese compendio aparecen expedientes internos referidos a obras objetadas por los ingenieros fiscales del TC, como la colocación de rampas para discapacitados que no fueron encontradas o la construcción de cloacas que ya estaban colocadas (la empresa Avant Garde SRL, contratada para un proyecto de estas características, sostuvo que participó de buena fe en el trámite).
Según fuentes tribunalicias, la declaración indagatoria de Brito contuvo frases que el ex funcionario lanzó en diferentes entrevistas con LA GACETA.
Un vocero del ex bussista citó una ocasión en la que cuestionó al Tribunal de Cuentas por haber realizado aquel informe. “Yo no he iniciado ninguna obra, ni he comprado material, ni contratado servicios sin el previo consentimiento del organismo de control”, manifestó Brito en septiembre pasado. Y agregó que el TC tiene cuatro instancias revisoras: la primera, cuando se analizan la urgencia del pedido, el proyecto y el presupuesto; la segunda, el cotejo de precios; la tercera, el análisis de la orden de pago; y la cuarta, según Brito, al momento en que el ente de contralor audita el expediente completo. “Ellos (por el TC) tenían cuatro ocasiones para intervenir. ¿Dónde están las observaciones?”, apuntó el ex funcionario.
Presunciones
Brito solicitó que se disponga una nueva fecha para que pueda ampliar su declaración. Este trámite aún no tiene día estipulado. Pero todo indica que el ex funcionario insistirá en su argumento de que hubo una finalidad política en la denuncia de la radical Elías de Pérez, a quien vinculó con Chaibén Terraf.
Brito ya tuvo varios cruces con el alperovichismo. Cuando renunció a la DAU, podría haber asumido en la Legislatura en reemplazo de Armando Cortalezzi, hoy interventor de la Caja Popular de Ahorros, por la lista que también integraban Guillermo Gassenbauer y Marta Zurita. La fuerte presión interna en la bancada peronista hizo que Brito dimitiera a su banca, lo que posibilitó la llegada de Dante Loza.
También confrontó con Oscar Mirkin, su ex superior y secretario de Obras Públicas del PE, por una licitación pública frustrada en 2011 (hoy la obra se realiza sin objeciones) en la que se habían sobrepresupuestado más de $ 10 millones. Este dato fue ventilado por Brito. “Debería preocuparse por lo que hizo o dejó de hacer y no meterse en estos temas”, replicó Mirkin.
Fuentes tribunalicias indicaron que, asesorado por su abogado, Arnoldo Ahumada, Brito respondió a la indagatoria y solicitó una ampliación de este trámite procesal, para realizar una “defensa más pormenorizada”.
Ayer sin embargo ya reveló parte de su estrategia. En primer lugar, el ex director de la DAU defendió su labor. Además, criticó al Tribunal de Cuentas (TC) por un informe que este elevó a la Justicia referido a supuestas irregularidades en su administración, ya que consideró que el organismo de control había tenido ocasiones para objetar esas obras y no lo había hecho hasta este año. Por último, señaló que la denuncia inicial fue una maniobra electoral de la hoy senadora radical Silvia Elías de Pérez, quien fue electa diputada en octubre y renunció a ese cargo hace unos días para mudarse a la Cámara Alta.
Por ahora, el fiscal no solicitó medidas privativas de la libertad en contra de Brito. Sin embargo, el asesor parlamentario ya se encuentra formalmente procesado, a más de un año de que se iniciara la pesquisa.
Su renuncia
Brito renunció a la DAU en agosto de 2012, luego de que LA GACETA publicara un acuerdo del TC que remarcaba supuestos sobreprecios en la restauración de la fachada de la Casa de Gobierno. Al poco tiempo, fue denunciado por Elías de Pérez.
La causa, en un principio, recayó en manos de la fiscala Adriana Reinoso Cuello. Tras varios meses, esta se inhibió aduciendo violencia moral, luego de que la entonces legisladora provincial solicitara la intervención del ministro fiscal, Luis De Mitri, para que apresurara la pesquisa. El fiscal Washington Navarro Dávila recibió el expediente, a modo de compensación, pero no lo aceptó. El caso giró luego a la Fiscalía VII°, que conduce Suasnábar. El representante del Ministerio Público también se inhibió, por amistad manifiesta con una de las partes (Brito), pero la jueza de Instrucción Mirta Lenis de Vera decidió que la pesquisa no se mudara otra vez.
Uno de los elementos que sirvieron de base para la acusación fue el informe que elevó este año Miguel Chaibén Terraf, presidente del TC, a la Justicia. El texto consta de cinco capítulos, detalla presuntas anomalías en 86 de 423 obras públicas realizadas durante la gestión de Brito. Estas tareas se realizaron bajo el amparo de la ley 7.960, que permite a la DAU realizar contrataciones directas por hasta $ 150.000 en casos de necesidad y de urgencia.
En ese compendio aparecen expedientes internos referidos a obras objetadas por los ingenieros fiscales del TC, como la colocación de rampas para discapacitados que no fueron encontradas o la construcción de cloacas que ya estaban colocadas (la empresa Avant Garde SRL, contratada para un proyecto de estas características, sostuvo que participó de buena fe en el trámite).
Según fuentes tribunalicias, la declaración indagatoria de Brito contuvo frases que el ex funcionario lanzó en diferentes entrevistas con LA GACETA.
Un vocero del ex bussista citó una ocasión en la que cuestionó al Tribunal de Cuentas por haber realizado aquel informe. “Yo no he iniciado ninguna obra, ni he comprado material, ni contratado servicios sin el previo consentimiento del organismo de control”, manifestó Brito en septiembre pasado. Y agregó que el TC tiene cuatro instancias revisoras: la primera, cuando se analizan la urgencia del pedido, el proyecto y el presupuesto; la segunda, el cotejo de precios; la tercera, el análisis de la orden de pago; y la cuarta, según Brito, al momento en que el ente de contralor audita el expediente completo. “Ellos (por el TC) tenían cuatro ocasiones para intervenir. ¿Dónde están las observaciones?”, apuntó el ex funcionario.
Presunciones
Brito solicitó que se disponga una nueva fecha para que pueda ampliar su declaración. Este trámite aún no tiene día estipulado. Pero todo indica que el ex funcionario insistirá en su argumento de que hubo una finalidad política en la denuncia de la radical Elías de Pérez, a quien vinculó con Chaibén Terraf.
Brito ya tuvo varios cruces con el alperovichismo. Cuando renunció a la DAU, podría haber asumido en la Legislatura en reemplazo de Armando Cortalezzi, hoy interventor de la Caja Popular de Ahorros, por la lista que también integraban Guillermo Gassenbauer y Marta Zurita. La fuerte presión interna en la bancada peronista hizo que Brito dimitiera a su banca, lo que posibilitó la llegada de Dante Loza.
También confrontó con Oscar Mirkin, su ex superior y secretario de Obras Públicas del PE, por una licitación pública frustrada en 2011 (hoy la obra se realiza sin objeciones) en la que se habían sobrepresupuestado más de $ 10 millones. Este dato fue ventilado por Brito. “Debería preocuparse por lo que hizo o dejó de hacer y no meterse en estos temas”, replicó Mirkin.
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