17 Diciembre 2013
El titular de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, Antonio Gandur, sumó esta semana un punto a su favor en la controversia con la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) por la sede donde funcionan desde abril los talleres del programa Educación Permanente para Adultos Mayores (EPAM).
A pedido de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, el secretario de esa área del Gobierno provincial, Humberto Rava, emitió un lapidario informe sobre las malas condiciones edilicias, de acceso, de seguridad y de salubridad de la ex central termoeléctrica de Agua y Energía (avenida Sarmiento al 1.100 de esta capital).
A mediados de noviembre, y como sus gestiones locales habían naufragado, el juez y docente había pedido la intervención de esa cartera nacional mediante dos cartas documento que dirigió al secretario camporista Juan Martín Fresneda y a Luis Hipólito Alén, subsecretario de Protección de Derechos Humanos.
Como introducción al documento que dirigió a Alén, Rava recordó que los ancianos forman parte de un “grupo vulnerable” que requiere un tratamiento especial por parte del poder público.
“Desde nuestra perspectiva, el inmueble no es apto para funcionar como marco físico en donde se desarrollan clases y talleres de un programa de educación para adultos mayores, en atención a los defectos estructurales, todo ello sin perjuicio de importar un retroceso con relación a las condiciones en que se desarrollaban en su antigua sede”, concluyó el funcionario.
En la enumeración de críticas, la Secretaría local remarcó que la ubicación y las condiciones de acceso (avenida muy transitada, veredas angostas y falta de semáforos) consisten en una “barrera” para los abuelos. En cuanto a los problemas internos del inmueble, consideró que los principales son la falta de salubridad, las plagas y restos de instalaciones y desechos industriales, falta de ascensores.
Con el informe de Rava bajo el brazo, Gandur insistió mediante una nota a la Comisión Honoraria por el Centenario de la UNT -la integra en su carácter de profesor consulto- para que se reúna, debate y se pronuncie sobre la “cuestión EPAM”.
A pedido de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, el secretario de esa área del Gobierno provincial, Humberto Rava, emitió un lapidario informe sobre las malas condiciones edilicias, de acceso, de seguridad y de salubridad de la ex central termoeléctrica de Agua y Energía (avenida Sarmiento al 1.100 de esta capital).
A mediados de noviembre, y como sus gestiones locales habían naufragado, el juez y docente había pedido la intervención de esa cartera nacional mediante dos cartas documento que dirigió al secretario camporista Juan Martín Fresneda y a Luis Hipólito Alén, subsecretario de Protección de Derechos Humanos.
Como introducción al documento que dirigió a Alén, Rava recordó que los ancianos forman parte de un “grupo vulnerable” que requiere un tratamiento especial por parte del poder público.
“Desde nuestra perspectiva, el inmueble no es apto para funcionar como marco físico en donde se desarrollan clases y talleres de un programa de educación para adultos mayores, en atención a los defectos estructurales, todo ello sin perjuicio de importar un retroceso con relación a las condiciones en que se desarrollaban en su antigua sede”, concluyó el funcionario.
En la enumeración de críticas, la Secretaría local remarcó que la ubicación y las condiciones de acceso (avenida muy transitada, veredas angostas y falta de semáforos) consisten en una “barrera” para los abuelos. En cuanto a los problemas internos del inmueble, consideró que los principales son la falta de salubridad, las plagas y restos de instalaciones y desechos industriales, falta de ascensores.
Con el informe de Rava bajo el brazo, Gandur insistió mediante una nota a la Comisión Honoraria por el Centenario de la UNT -la integra en su carácter de profesor consulto- para que se reúna, debate y se pronuncie sobre la “cuestión EPAM”.
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