Los necesarios cambios en la fuerza de seguridad

La dramática experiencia derivada de la rebelión policial que golpeó a los tucumanos debería ser un punto de partida que promueva también un debate respecto de los deberes, compromisos, responsabilidades y obligaciones de la institución de seguridad y de su personal. Es decir, corresponde generar todo un nuevo debate respecto del perfil y organización de la fuerza, cuya función principalísima es la de proveer seguridad y orden a los ciudadanos.

En muchos países la sindicalización de la fuerza no está autorizada por las leyes y de hecho, en esos casos, los gobiernos, mediante una reglamentación adecuada, estipulan los alcances y características del vínculo laboral, previniendo excepciones, conflictos y expectativas. En los países donde la sindicalización policial es aceptada y contemplada reglamentariamente, la especificidad del servicio ha impuesto al personal de la fuerza una serie de limitaciones y responsabilidades internas que, indefectiblemente, tienen la obligación de cumplir y responder. En este sentido, está perfectamente claro que ninguna protesta puede llevar a dejar a la ciudadanía sin cuidado de sus personas y sus  bienes, más allá de la razonabilidad que pueda tener el reclamo. La sociedad tucumana debe debatir y resolver esa cuestión, pues no es concebible que cada vez que los policías hagan reclamos se esté en riesgo de acuartelamiento y de protestas ilegales. 

Por otra parte, la forma de trabajar de la fuerza de seguridad está bajo cuestionamiento desde el momento en que se rige con leyes anacrónicas como la Ley Policial  o con normas declaradas inconstitucionales, como la Ley de Contravenciones. Asimismo, las tareas del personal están contaminadas por el sistema de servicio adicional, que genera no sólo una competencia poco justificable con los servicios de vigilancia privada, sino que hace que los policías pongan esfuerzo en la ganancia extra que pueden obtener con esa tarea más que en la prevención del delito. Dar seguridad es un servicio público que debe beneficiar a todos, tanto a los que poseen dinero para pagar como a los que no lo tienen. Además, esta modalidad -extendida a todas las policías del país- es causa de que los agentes utilicen sus momentos de descanso para conseguir dinero suplementario, con lo cual vuelven cansados al trabajo público. Finalmente, el servicio adicional ha sido frecuentemente sospechado de prácticas irregulares por parte de los comisarios, que son quienes lo administran. También han generado en la ciudadanía  mucho estupor las denuncias en contra de agentes, oficiales y comisarios involucrados en irregularidades y delitos, en cantidad tal que hacen pensar que se trata de prácticas más que habituales.

Por todo ello, más allá de los cambios que se han ordenado en la cúpula y de las pesquisas que lleva adelante la Justicia para clarificar las circunstancias que hacen vincular protesta policial con los trágicos saqueos de la semana pasada, corresponde que los diferentes estamentos de la sociedad se aboquen al debate para tender hacia una gestión civil de la seguridad. Esto está más allá de los jefes policiales y requiere un fuerte cambio cultural por parte de la sociedad civil. Es de notar que en la Legislatura no se ponen de acuerdo desde hace cuatro años con respecto a la ley de Contravenciones, lo que muestra las dudas que hay al respecto.

La comunidad necesita una policía capacitada, que tenga claros objetivos y formas de trabajo democráticas y efectivas, que la hagan confiable y eficiente.