16 Diciembre 2013
PROTESTANTE. Un ex agente explica el reclamo policial al inicio de la huelga. la gaceta / foto de Analía Jaramillo
Nada pudo hacer el Poder Judicial para detener la ola de ataques contra la vida y la propiedad que dejó a Tucumán sin Estado de derecho durante casi 72 horas. La parálisis fue casi total, por cuanto los Tribunales dependen de la Policía para practicar las medidas dirigidas a investigar y hacer cesar la comisión de hechos ilícitos. Pero tampoco hubo sintonía interna para hacer lo que sí podían hacer por sí mismos: emitir una orden para desalojar a los agentes y ex agentes acuartelados en la Subjefatura.
Esa medida nunca fue autorizada por la Justicia pese a que el gobernador José Alperovich y Jorge Posse Ponessa, fiscal de Estado, anunciaron que la habían pedido a Adriana Reinoso Cuello, fiscala de turno. A posteriori, el Gobierno deslizó que concretaría el desalojo tras la sesión legislativa de urgencia que blindó la decisión de decretar un aumento salarial del 35% para la fuerza. Esa estrategia, sumada a la presión social por los incalculables daños derivados del acuartelamiento, disolvió la resistencia de los rebeldes sin necesidad de acudir a un desalojo con consecuencias imprevisibles.
La suerte jugó para el Gobierno porque no había permiso para sacar a los díscolos con auxilio de los policías no acuartelados y de la Gendarmería. El martes 10 de diciembre por la tarde, mientras Gobierno y rebeldes negociaban el cese de la huelga, Víctor Manuel Pérez, juez de Instrucción de la IV Nominación de esta capital, denegó la orden de desalojo que había requerido Reinoso Cuello con el argumento de que no estaban dadas las condiciones para ejecutarla. Esa resolución consta en el expediente iniciado a partir de la actuación de la seccional 6ª, que documentó el levantamiento policial. Luego, Reinoso Cuello añadió la denuncia de sedición e incumplimiento de los deberes del funcionario público, entre otros delitos, que formuló la Fiscalía de Estado.
Frente a la negativa de Pérez, Reinoso Cuello procedió a intimar a los rebeldes, pero eso requerimiento sin apercibimiento de desalojo devino abstracto: al momento en que la fiscala lo firmaba, los destinatarios abandonaban voluntariamente las dependencias que habían ocupado durante la crisis.
Una de oficio
Las faltas de reacción y de determinación para acabar con el acuartelamiento tuvieron consecuencias inmediatas. Para empezar, el ministro público fiscal Luis De Mitri dispuso que la investigación de la supuesta sedición quede en manos de los fiscales Diego López Ávila y Adriana Gianonni (recibieron el expediente el miércoles pasado). Estos, a su vez, lograron este viernes por la tarde que los pedidos de detención de nueve presuntos cabecillas de la huelga fuesen autorizados por Mirta Lenis de Vera, jueza de turno a esa hora de la jornada. En paralelo, los fiscales abrieron de oficio una causa para investigar las represiones ocurridas el martes por la noche en concentraciones de vecinos en la plaza Independencia y otros puntos de la ciudad. A estos expedientes se suman los iniciados en virtud de los ataques contra la propiedad (saqueos y robos) registrados durante las casi 72 horas en que imperó la ley del más fuerte.
Caponio insta a la Justicia
La Justicia no estuvo ajena a ese desmadre generalizado. A la mañana del martes le sobraron las marchas y contramarchas. Primero, De Mitri reforzó al Ministerio Público afectando a las fiscalías V, VIII y X a la investigación de los hechos ilícitos ocurridos durante la crisis policial y social. Algunas horas más tarde, el ministro público fiscal decidió involucrar a los diez fiscales y a los nueve defensores. El PE instó a actuar al Poder Judicial por medio de Marcelo Caponio, legislador oficialista y apoderado del Frente para la Victoria, que, en los hechos, hizo las veces de ministro de Gobierno y Justicia.
Mientras tanto, corría el rumor de que vándalos, saqueadores y huelguistas se proponían destruir los automóviles estacionados en las inmediaciones de los Tribunales. Esa versión originó nuevas idas y vueltas de superintendencia. Por fin, la Corte Suprema de Justicia de Tucumán resolvió declarar inhábil -excepto para el fuero penal- el horario vespertino del martes 10 de diciembre, y ampliar el turno con los Juzgados de Instrucción a cargo de Lenis de Vera y de Juan Francisco Pisa. Tales decisiones no vencieron el clima de incertidumbre ni la sensación de desorganización: sin el auxilio de la Policía, la Justicia no podía trasladar ni tomar declaración a los numerosos aprehendidos en los ataques contra la propiedad y las personas perpetrados por doquier.
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