Analizan celulares de policías en busca de pistas

El suboficial Sergio Omar Hogas y su esposa, Daniela Guzmán, acababan de salir en moto de su casa, ubicada en barrio Crucero Belgrano, al sur de la capital. Era viernes, ella calcula que cerca de las 21. “Yo tenía que comprar pañales para uno de mis tres hijos, y él iba a cubrir un servicio adicional en un drugstore, cerca del Centro de Salud. De golpe, veo que dos policías aparecen en el camino; yo entré en una crisis de nervios, porque vi que le sacaban su arma reglamentaria, lo subían a una combi y se lo llevaban. No querían decirme dónde, ni porqué. Hoy (por ayer) estuve todo el día peregrinando, hasta que un colega suyo me contó que lo tenían en la comisaría de Tafí Viejo. Pero cuando llegué, me dijeron que ya lo habían trasladado para aquí”, cuenta Daniela, preocupada, en la vereda de la sede penal de Tribunales, situada en avenida Sarmiento al 400. Su esposo, Hogas, presta servicios como patrullero del 911, y es uno de los siete policías que fueron detenidos el viernes, supuestamente sindicados por presuntos delitos perpetrados esta semana, cuando una ola de saqueos generó caos, al menos cinco muertes y pánico en la provincia.

En el marco de esta causa, que es investigada por los fiscales Diego López Ávila (IV° Nominación en lo Penal) y Adriana Giannoni (VIII° Nominación en lo Penal), también fueron arrestados, según fuentes judiciales, el ex comisario -cesanteado- Miguel Ángel Toledo; el ex suboficial -cesanteado- Diego Alberto Herrera; Eugenio Alejandro Mamani (de la seccional 5a); Fanny Elizabeth Ávila (del Programa de Integración a la Comunidad de Lastenia); Flavia María Belén Bedmar (de la comisaría de San Andrés); y Federico Antonio Castro (de la seccional 5a).

Al cierre de esta edición, los encargados de la pesquisa estaban redactando la hipótesis de la imputación en contra de los sospechosos, informaron voceros de tribunales. Según indicaron, por un lado podrían investigarlos como presuntos partícipes mediatos de diversos supuestos delitos. La sospecha de los investigadores es que, a sabiendas de que se podrían producir determinados hechos dolosos -como robos, lesiones y hasta homicidios- los imputados, con su accionar, colabore e instigue para que aquellos finalmente suceda.

Por otra parte, tampoco se descarta que se les impute la presunta sedición, algo que se podría haber producido durante la medida de fuerza de la Policía -que incluyó el abandono del servicio de vigilancia- para obtener una suba salarial del 35% (un agente, al ingresar, cobrará en 2014 unos $ 8.700 en mano).

Un octavo ex uniformado también está en la mira de los investigadores. De hecho, en la serie de detenciones que autorizó el juez de Instrucción, Víctor Manuel Pérez, se intentó incluir a este sospechoso, pero hubo un error en el acta judicial, por lo que su situación era revisada ayer por la Justicia.

El noveno policía que deberá prestar declaración en el marco de esta causa es Ángel René Chaile, un suboficial cesanteado. Éste se encuentra prófugo. El nuevo jefe de la fuerza, Dante Bustamente, le relató a LAGACETA.com que confía en concretar la medida cuanto antes. “Se espera que en las próximas horas sean detenidas las dos personas que restan”, afirmó el comisario general, en alusión a los sospechosos que no estaban ayer en las celdas de los Tribunales.

Chaile, Toledo, Herrera y Hogas formaron parte de la comisión que hizo las veces de vocera en la tensa disputa salarial entre la Policía y el Poder Ejecutivo (PE).

Hasta la noche de ayer, un grupo de abogados defensores aguardaba en Tribunales que los investigadores culminaran con la redacción de la imputación. Ante las consultas de LA GACETA, sólo uno de ellos aceptó realizar declaraciones.

El letrado Pablo Rivera se encargará de representar a los policías Hogas y Castro, y al ex comisario Toledo, según explicó. “Extraoficialmente, nos dijeron que se les imputarán sedición y otros delitos, como participación (mediata) en los saqueos. Por eso el secuestro de los teléfonos celulares y el cruce de llamados para ver si se comunicaron con los saqueadores, suponemos”, consideró el abogado. 

Luego, detalló que se hicieron allanamientos en las viviendas de todos los sospechosos, y que los investigadores se habrían incautado de electrodomésticos y otros aparatos. “Estimo que para ver la comunicación, en el caso de computadoras, y la procedencia de los elementos”, remarcó. Y garantizó que todo lo que sus defendidos tenían en sus casas no era de procedencia ilegal.

Rivera sostuvo que el del ex comisario Toledo “es un caso diferente, ya que no estaba en la fuerza, y por empezar no puede ser culpado de sedición”. “Ninguno tiene vinculaciones (con los hechos). Hogas y Castro, por otra parte, habían estado trabajando normalmente hasta formar parte de la comisión que fue a negociar en Casa de Gobierno”, añadió el abogado.

Daniela Guzmán, esposa de Hogas, aseguró que el suboficial estuvo el lunes pasado “de servicio”. 

“El martes se quedó en la casa, conmigo y nuestros hijos, porque estaba la gente que saqueaba y había mucho temor. Además, estuvo resguardando el barrio, con la gente, viendo que venían de un lado, del otro, prendiendo fuego en las esquinas”, relató la mujer. “Al otro día (miércoles) fue a trabajar en el adicional en Friar, y entra de guardia el jueves”, explicó. El viernes fue detenido. “Lo único que hizo fue ir (a la Subjefatura el martes) conmigo porque nuestro hijo quería ver (la protesta). Como mucha gente. Llegamos a las 21, y cuando se largó a llover empezaron los saqueos, así que nos volvimos”, dijo Guzmán.