La Justicia y el Gobierno apuntan contra policías

La Justicia penal está tratando de hallar las causas -y a los responsables- de la crisis social de esta semana, que implicó saqueos, pánico y muertes en Tucumán. Durante las últimas horas de ayer, y hasta la madrugada de hoy, se realizaron procedimientos en diferentes puntos, con el objetivo de detener a nueve policías, sospechados de presunta autoría mediata de una serie de delitos (desde robos hasta otros hechos más graves, indicaron fuentes judiciales a este diario).

Hasta el cierre de esta edición, según las autoridades consultadas por LA GACETA, habían sido atrapados cuatro uniformados, cuyos nombres se mantienen en reserva debido a que se decretó el secreto de sumario en la causa.

Los demás presuntos implicados estaban siendo buscados, al cierre de esta edición. La intención es llevar a todos los apresados directamente al penal de Villa Urquiza, indicó una fuente judicial.

Entre el lunes y el miércoles se vivieron horas de tensión en diferentes puntos de la provincia. Sobre todo, en las periferias de la capital, donde bandas de saqueadores atacaron supermercados y distribuidoras. Los incidentes también alcanzaron a localidades del interior como Yerba Buena y Famaillá, entre otras.

Los delincuentes aprovecharon que la Policía de Tucumán, en medio de una protesta salarial, había optado por dejar de prestar el servicio de vigilancia. Con las calles sin patrulleros ni agentes, los vecinos y comerciantes decidieron armarse y levantar barricadas para evitar el avance de los saqueadores. Varios de los intentos fueron en vano. Hubo millones de pesos en pérdidas por bienes sustraídos o destrozados; al menos cinco muertos; e incontables heridos.

El martes, los voceros de la fuerza local cerraron el acuerdo con el Poder Ejecutivo (PE), según el cual un agente, al ingresar a esa institución, recibirá desde 2014 unos $ 8.700 de bolsillo. Además, el Gobierno provincial aceptó reincorporar a ex uniformados que habían sido cesanteados en quejas anteriores.

Ante este panorama, Antonio Gandur, presidente de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT), había pedido al ministro fiscal Luis de Mitri que el fuero penal prestara especial atención a estos incidentes y sus consecuencias. En principio, De Mitri impartió la orden de que los 10 fiscales de Instrucción de la sede penal de Tribunales se abocaran a estos casos. Finalmente, se designó a la fiscala Adriana Reinoso Cuello (de la VI Nominación) para que investigue los saqueos y atracos. Y se encomendó a los fiscales Diego López Ávila (de la IV Nominación) y Adriana Giannoni (de la VIII Nominación) que llevaran adelante la pesquisa referida al conflicto policial y sus consecuencias. Ayer, los representantes del Ministerio Público Fiscal solicitaron la detención de nueve policías. La jueza de Instrucción Mirta Lenis de Vera dio lugar a las medidas.

Los detalles de los procedimientos aún se mantienen en reserva, debido a que el expediente se maneja bajo estricto secreto. Fuentes de la Casa de Gobierno confirmaron que ya había cuatro policías detenidos; entre ellos, al menos un comisario. “La figura de autoría mediata se refiere a un presunto delincuente que, a sabiendas de que se podían producir determinados hechos, como robos, lesiones y hasta homicidios, con su accionar colaboren e instiguen para que aquellos finalmente sucedan”, explicó una alta fuente judicial a este diario.

En las próximas horas, los sospechosos deberían prestar declaración en la sede penal de Tribunales.

El Gobierno provincial, a través del fiscal de Estado, Jorge Posse Ponessa, había realizado en los Tribunales penales una denuncia por sedición contra policías, debido a la modalidad de protesta que adoptaron. Fuentes judiciales aclararon que los procedimientos no se realizaron en el marco de esa causa, aunque también se analizan evidencias referidas a esta presentación.