11 Diciembre 2013
En una sesión tensa, legisladores blindaron al Poder Ejecutivo
El Poder Legislativo provincial y los concejos deliberantes municipales sesionaron ayer para abordar la crisis policial y social. La Legislatura aprobó una declaración y una resolución mediante la que condenó el acuartelamiento, respaldó el aumento salarial prometido por el Poder Ejecutivo y se comprometió a reparar a los particulares que fueron saqueados. Bajada.
CONTACTOS. Álvarez (de mangas cortas) dialoga con García; Fernández hace lo propio con Romano Norri y Sánchez. prensa legislatura
Los primeros golpeteos eran espaciados y provenían de los pisos altos de los edificios del microcentro. Había que alzar el cuello para divisar a los vecinos que hacían sonar sus cacerolas, los ojos fijos en las veredas inéditamente desiertas de media tarde. Hacia las 18, la bulla metálica que salía de cada balcón, de cada umbral, de cada terraza, encontró una desembocadura común, la plaza Independencia, donde se hizo más fuerte y persistente, y se mezcló con cánticos y aplausos.
Decenas de personas -en su mayoría jóvenes- se reunieron ayer frente a la Casa de Gobierno para manifestar su temor, bronca e impotencia ante los hechos violentos que se registraron en la provincia en los últimos dos días. Blandiendo tapas de ollas, cucharones y sartenes, y hasta botellas plásticas que hacían sonar contra postes del alumbrado público, los manifestantes reclamaron mayor seguridad y exigieron que se identifique y se castigue a los saqueadores. La invitación al cacerolazo se había difundido por las redes sociales, aunque muchos de los presentes dijeron haber llegado a ella espontáneamente.
“¿Por qué vinimos? Por el enojo que nos generó lo que ocurrió. También nos molestó la reacción de las autoridades nacionales: ¿cómo puede ser que en Buenos Aires haya una fiesta (por los festejos de los 30 años de democracia) mientras aquí la gente está guardada en sus casas? Estamos decepcionados”, señalaron Miguel Moya y Santiago Lozano, dos estudiantes de 22 años que viven cerca de la plaza.
Jorge Ávalos fue otro de los que salieron a la puerta de su negocio, una peluquería sobre 25 de Mayo, para expresar su descontento. “A la Presidenta me gustaría decirle que hay mucha gente que quiere trabajar en vez de custodiar sus locales, y que esta no es forma de festejar la democracia. Todo me parece muy triste”, razonó.
Con él coincidió Alicia, empleada de un local céntrico de venta de indumentaria. “Lo peor fue la impotencia de no poder trabajar en un mes tan importante no sólo para el comercio sino también para el espíritu de la comunidad. Afortunadamente no me tocó ver ningún enfrentamiento, pero varias veces creímos que el negocio estaba a punto de ser saqueado y corrimos desesperados a tapar todo y preservar la mayor cantidad de mercadería posible. Es una sensación horrible. Los policías deberían saber que lo que hicieron fue más cercano a un golpe de estado que a un acuartelamiento”, manifestó, mientras se sumaba al cacerolazo golpeando un envase plástico.
La democracia también cumplía años en Tucumán, pero los legisladores no estaban para fiestas. Con una sesión de urgencia no exenta de escarceos, el Poder Legislativo blindó al Ejecutivo respecto de la decisión de aumentar el salario de la Policía. El aval legislativo era aguardado para proceder a desalojar a los acuartelados por las buenas o las malas, medida que ya había sido consentida por los Tribunales penales. Sólo el allanamiento de los agentes rebeldes evitó un choque de fuerzas con consecuencias imprevisibles.
Aunque la declaración y resolución fueron aprobadas por unanimidad, tal y como exigían las circunstancias, lo que se suponía un trámite rápido y limpio terminó embarrado por el apuro del alperovichismo. Ocurre que, antes de que terminasen los parlamentos acordados, Ramiro González Navarro (FpV) mocionó para pasar de inmediato a la votación (previamente, José Gutiérrez, compañero de la bancada oficialista, había pedido celeridad a sus pares). En un pispás, el oficialismo adoptó la moción de González Navarro y dio su aval al proyecto de declaración.
La imposición del número cayó mal a la oposición. Ricardo Bussi (FR), irritado, anunció que se abstenía de votar en esas condiciones. Ariel García (UCR) tomó la palabra y cuestionó: “no entiendo la moción (de González Navarro) cuando habíamos acordado otra cosa. Ahora, si cambiaron la conducción del bloque (oficialista Tucumán Crece), pido que nos comuniquen para que no nos quedemos sin hacer uso de la palabra”. En el barullo, Manuel Fernández (FpV) reprochó a García la pretensión de la oposición de “hacer política” con la crisis. El radical le respondió si acaso correspondía homenajear al gobernador de la provincia (José Alperovich).
La disputa cedió cuando Roque Álvarez (FpV), jefe del bloque Tucumán Crece, propuso dar marcha atrás. Por fin, la Legislatura aprobó los textos con los cambios aportados por García. Además de respaldar el incremento salarial, condenaron la huelga policial, y asumieron el compromiso de palear la situación de quebranto de las familias y comerciantes tucumanos que sufrieron los saqueos.
La sesión fue corta, pero rica en anécdotas. El oficialista José Teri se retiró a los gritos aduciendo que debía cuidar su hogar. Su compañero de bloque, Gerónimo Vargas Aignasse, expresó que se sentía desilusionado con el sector de la sociedad que había salido a robar aprovechando la zona liberada. También expresó que había denunciado en la Justicia penal al ex legislador José Luis Bussi por promover la sedición de los uniformados en las redes sociales. El Bussi parlamentario, a su turno, manifestó: “repudio enérgicamente las lastimosas y lamentables declaraciones públicas del señor José Luis Bussi. Sus palabras ofenden la memoria de mi padre (el represor Antonio Domingo Bussi)”. Tras la sesión, los parlamentarios salieron como tiros. Afuera los aguardaba un cielo ceniza y el sonido metálico de los cacerolazos.
Decenas de personas -en su mayoría jóvenes- se reunieron ayer frente a la Casa de Gobierno para manifestar su temor, bronca e impotencia ante los hechos violentos que se registraron en la provincia en los últimos dos días. Blandiendo tapas de ollas, cucharones y sartenes, y hasta botellas plásticas que hacían sonar contra postes del alumbrado público, los manifestantes reclamaron mayor seguridad y exigieron que se identifique y se castigue a los saqueadores. La invitación al cacerolazo se había difundido por las redes sociales, aunque muchos de los presentes dijeron haber llegado a ella espontáneamente.
“¿Por qué vinimos? Por el enojo que nos generó lo que ocurrió. También nos molestó la reacción de las autoridades nacionales: ¿cómo puede ser que en Buenos Aires haya una fiesta (por los festejos de los 30 años de democracia) mientras aquí la gente está guardada en sus casas? Estamos decepcionados”, señalaron Miguel Moya y Santiago Lozano, dos estudiantes de 22 años que viven cerca de la plaza.
Jorge Ávalos fue otro de los que salieron a la puerta de su negocio, una peluquería sobre 25 de Mayo, para expresar su descontento. “A la Presidenta me gustaría decirle que hay mucha gente que quiere trabajar en vez de custodiar sus locales, y que esta no es forma de festejar la democracia. Todo me parece muy triste”, razonó.
Con él coincidió Alicia, empleada de un local céntrico de venta de indumentaria. “Lo peor fue la impotencia de no poder trabajar en un mes tan importante no sólo para el comercio sino también para el espíritu de la comunidad. Afortunadamente no me tocó ver ningún enfrentamiento, pero varias veces creímos que el negocio estaba a punto de ser saqueado y corrimos desesperados a tapar todo y preservar la mayor cantidad de mercadería posible. Es una sensación horrible. Los policías deberían saber que lo que hicieron fue más cercano a un golpe de estado que a un acuartelamiento”, manifestó, mientras se sumaba al cacerolazo golpeando un envase plástico.
La democracia también cumplía años en Tucumán, pero los legisladores no estaban para fiestas. Con una sesión de urgencia no exenta de escarceos, el Poder Legislativo blindó al Ejecutivo respecto de la decisión de aumentar el salario de la Policía. El aval legislativo era aguardado para proceder a desalojar a los acuartelados por las buenas o las malas, medida que ya había sido consentida por los Tribunales penales. Sólo el allanamiento de los agentes rebeldes evitó un choque de fuerzas con consecuencias imprevisibles.
Aunque la declaración y resolución fueron aprobadas por unanimidad, tal y como exigían las circunstancias, lo que se suponía un trámite rápido y limpio terminó embarrado por el apuro del alperovichismo. Ocurre que, antes de que terminasen los parlamentos acordados, Ramiro González Navarro (FpV) mocionó para pasar de inmediato a la votación (previamente, José Gutiérrez, compañero de la bancada oficialista, había pedido celeridad a sus pares). En un pispás, el oficialismo adoptó la moción de González Navarro y dio su aval al proyecto de declaración.
La imposición del número cayó mal a la oposición. Ricardo Bussi (FR), irritado, anunció que se abstenía de votar en esas condiciones. Ariel García (UCR) tomó la palabra y cuestionó: “no entiendo la moción (de González Navarro) cuando habíamos acordado otra cosa. Ahora, si cambiaron la conducción del bloque (oficialista Tucumán Crece), pido que nos comuniquen para que no nos quedemos sin hacer uso de la palabra”. En el barullo, Manuel Fernández (FpV) reprochó a García la pretensión de la oposición de “hacer política” con la crisis. El radical le respondió si acaso correspondía homenajear al gobernador de la provincia (José Alperovich).
La disputa cedió cuando Roque Álvarez (FpV), jefe del bloque Tucumán Crece, propuso dar marcha atrás. Por fin, la Legislatura aprobó los textos con los cambios aportados por García. Además de respaldar el incremento salarial, condenaron la huelga policial, y asumieron el compromiso de palear la situación de quebranto de las familias y comerciantes tucumanos que sufrieron los saqueos.
La sesión fue corta, pero rica en anécdotas. El oficialista José Teri se retiró a los gritos aduciendo que debía cuidar su hogar. Su compañero de bloque, Gerónimo Vargas Aignasse, expresó que se sentía desilusionado con el sector de la sociedad que había salido a robar aprovechando la zona liberada. También expresó que había denunciado en la Justicia penal al ex legislador José Luis Bussi por promover la sedición de los uniformados en las redes sociales. El Bussi parlamentario, a su turno, manifestó: “repudio enérgicamente las lastimosas y lamentables declaraciones públicas del señor José Luis Bussi. Sus palabras ofenden la memoria de mi padre (el represor Antonio Domingo Bussi)”. Tras la sesión, los parlamentarios salieron como tiros. Afuera los aguardaba un cielo ceniza y el sonido metálico de los cacerolazos.
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