09 Diciembre 2013
El fiscal de la V° Nominación, Washington Navarro Dávila, puso en marcha una serie de medidas judiciales en el marco de la investigación que lleva a cabo para constatar si en la capital existió una “municipalidad paralela” destinada al cobro irregular de tributos que nunca ingresaron a las arcas públicas.
Durante la semana que pasó, Navarro Dávila culminó una rueda de testimoninales y les tomó declaración indagatoria a las personas que están siendo investigadas por presunto fraude al Estado y a una distribuidora mayorista.
Según confirmaron fuentes judiciales, ya declararon el lavandero Víctor Saad, a cuyo nombre habían sido cedidos los cheques para el pago de las tasas. También concurrieron a Tribunales los ex inspectores de la Dipsa Gabriel Gerez y José López. Ariel García Isidro (ex empleado de la firma Basualdo SA) es otro de los imputados en la causa que también concurrió a declarar, según lo consignó a LA GACETA el abogado Jorge Lobo Aragón, quien hasta la semana pasada era su defensor. Hasta el momento, Navarro Dávila no solicitó la detención de ninguna de las personas investigadas.
De acuerdo a la pesquisa que conduce el funcionario judicial, se pudo constatar que López es el propietario de una lavandería ubicada en Maipú al 2.200. A mediados de este año, Saad había vinculado a López en una presunta maniobra, cuando relató a LA GACETA los pasos que debió realizar hasta cobrar los valores. Según la hipótesis judicial, los dos inspectores de la Dipsa habrían formado parte de una estructura organizada que se encargó de desviar cheques a cuentas de terceros.
Según la línea investigativa que maneja la Fiscalía V, en la presunta maniobra para desviar cheques, y en la confección de sellos y recibos truchos habría más personas involucradas, además de los dos inspectores de la Dipsa y del ex empleado de la empresa Basualdo SA. La pesquisa se encamina a dilucidar si quienes habrían falsificado las boletas del Tributo de Emergencia Municipal (TEM) y los sellos del Banco Tucumán son empleados municipales o particulares.
Durante la semana que pasó, Navarro Dávila culminó una rueda de testimoninales y les tomó declaración indagatoria a las personas que están siendo investigadas por presunto fraude al Estado y a una distribuidora mayorista.
Según confirmaron fuentes judiciales, ya declararon el lavandero Víctor Saad, a cuyo nombre habían sido cedidos los cheques para el pago de las tasas. También concurrieron a Tribunales los ex inspectores de la Dipsa Gabriel Gerez y José López. Ariel García Isidro (ex empleado de la firma Basualdo SA) es otro de los imputados en la causa que también concurrió a declarar, según lo consignó a LA GACETA el abogado Jorge Lobo Aragón, quien hasta la semana pasada era su defensor. Hasta el momento, Navarro Dávila no solicitó la detención de ninguna de las personas investigadas.
De acuerdo a la pesquisa que conduce el funcionario judicial, se pudo constatar que López es el propietario de una lavandería ubicada en Maipú al 2.200. A mediados de este año, Saad había vinculado a López en una presunta maniobra, cuando relató a LA GACETA los pasos que debió realizar hasta cobrar los valores. Según la hipótesis judicial, los dos inspectores de la Dipsa habrían formado parte de una estructura organizada que se encargó de desviar cheques a cuentas de terceros.
Según la línea investigativa que maneja la Fiscalía V, en la presunta maniobra para desviar cheques, y en la confección de sellos y recibos truchos habría más personas involucradas, además de los dos inspectores de la Dipsa y del ex empleado de la empresa Basualdo SA. La pesquisa se encamina a dilucidar si quienes habrían falsificado las boletas del Tributo de Emergencia Municipal (TEM) y los sellos del Banco Tucumán son empleados municipales o particulares.
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