Por Rubén Rodó
08 Diciembre 2013
Dada la monarquía reinante, el gobernador bien podría prescindir de la Legislatura y no pasaría absolutamente nada. A 30 años de la restaurada democracia, su abolición no la notaría la sociedad por su intrascendencia existencial. Desde el vamos, con su autoritarismo verticalista, el César aldeano la despojó de sus funciones indelegables dentro del sistema republicano. Manejada por teléfono, la degradó a nivel de mero apéndice administrativo para responder a sus órdenes draconianas, que no fueron pocas. Así, se llegó a validar leyes abiertamente inconstitucionales.El Estado ahorraría $ 750 millones, que es el presupuesto del ejercicio 2014. Ese dinero, gastado sin control, sale de los raquíticos bolsillos de tucumanos que pagan sus impuestos. La provincia merece otra mejor Sala de Representantes.
En el decenio de la gestión actual quedó acabadamente demostrado que esa pata del Estado -supuestamente para hacer leyes y controlar al PE en sus desvaríos-, es un órgano inútil. Las erogaciones del Parlamento son un misterio con rango de dogma. Se disponen secretamente y los monitorea el zar a través del secretario administrativo, Juan Antonio Ruíz Olivares, quien, alguna vez, supo ser socialista. Los gastos secretos se guardan en catacumbas con el blindaje de setenta llaves.
No obstante ese hermetismo, es posible acceder a algunas pistas. En la página Web de la Provincia y en el Boletín Oficial están publicados datos gruesos del ejercicio del año que concluye. El monto total, en números enteros, es $ 552 millones. Hasta el 30 de setiembre se llevan gastados 341 millones, destinados al pago de personal, incluidas las dietas de los legisladores. Representa el 62% del presupuesto anual. El resto, es decir $ 194 millones, es la partida correspondiente al rubro “transferencias” (35% del presupuesto). Aquí está la madre del borrego.
De ahí salen los doblones que se entregan a los legisladores, mes a mes, para los muy comentados “gastos sociales”, que constitucionalmente no corresponden. El reparto es un jolgorio de desigualdades y discriminaciones. La escala está regida por el grado de fidelidad y sumisión al zar. La distribución inequitativa genera broncas y rencores. Se descubre, así, que existen primus inter pares, o sea, impares entre pares. Entre los que reciben trato preferencial están parlamentarios de lomo negro, fieles hasta dar la vida por el Supremo, contados funcionarios y otros legisladores del palo, y alguno de la acera de enfrente. Se habla, igualmente, de un congresista y de un jerarca en el firmamento nacional. La considerada tropa está por debajo de esas pitanzas. Y más debajo aun algunos de la oposición.
La suma que se imputa a transferencias corrientes (gastos sociales) representa $ 68,88 millones para este año, pero la partida anual que figura en la Web es de $ 194 millones. Entonces, falta justificar $ 125 millones. La ley 6930, denominada “de excedentes financieros”, permite al Poder Judicial, a la Legislatura y al Tribunal de Cuentas abrir una cuenta en el Banco Tucumán que es “extrapresupuestaria” para el manejo de los fondos que sobran cada año. Sería interesante conocer el movimiento de esos caudales y a dónde van a parar.
Al ver la planilla de distribución y los recibos -muchos rudimentarios y solo con los montos- es posible advertir que entre los legisladores hay hijos y entenados. La función de un parlamentario -lo determina la Constitución con nitidez- es hacer leyes. Sin embargo, bajo esa denominación genérica de “gastos sociales”, se filtran subsidios y otras erogaciones non sanctas, con rendiciones de cuentas flojitas de papeles, aprobados por la Legislatura sin mucho rigor. Algo muy similar a lo que ocurrió en la Convención Constituyente. Más de un asambleísta de entonces pasa sofocones hoy, como Osvaldo Morelli, intendente de Concepción, quien tenía como “asesor” a su chofer y éste nada sabía, como declaró a LA GACETA.
Esa es la razón por la cual la Legislatura -la corporación oficialista- se niega dar a conocer los gastos de funcionamiento, en detalles, como manda la ley. Da a pensar a la gente que algo se oculta. Si se hiciera un ADN patrimonial a los representantes del pueblo, más de uno tendría problemas en demostrar cómo hizo su enriquecimiento exprés. Los legisladores, a más de sus dietas de alrededor de $ 20.000 por mes, perciben -no todos- viáticos y movilidad, gastos médicos del grupo familiar y de cortesía, y combustible. Más “gastos sociales”.
El alperovichismo comenzó a desmoronarse. De la peor manera. El fin de fiesta se precipita mucho antes de lo que Yo, José suponía. No puede ser más patético y doloroso para él. Está acorralado en una operación de pinzas, que no controla y va cercándolo cada vez más. De un flanco, el crimen de Paulina Lebbos, registrado bajo su gestión, por cuyo esclarecimiento nada efectivo hizo. Del otro, las pústulas de la corrupción que toman estado público, para espanto de la gente.
El encubrimiento y la impunidad empiezan a disiparse por la tenacidad del nuevo fiscal Diego López Ávila, con estocadas al corazón del poder. Salió a la luz la participación de ex jerarcas policiales y, también, de algunos de sus colaboradores a los que mantuvo a su diestra desde aquel ominoso suceso. El fuego de las acusaciones estalla en las cercanías de su despacho. Por este entuerto, de insondables derivaciones políticas, hay rostros adustos en la Casa de Gobierno.
En la lejanía, cada día que pasa, se oye con más intensidad el tañer de campanas. ¿Por quién doblan?, se pregunta el César. Las declaraciones de los policías de Raco, de dos peones y un taxista, en sede judicial, confirman lo que Alberto Lebbos, viene sosteniendo con nombres y apellidos, desde el hallazgo de su hija, asesinada, en un zanjón en las inmediaciones de Tapia. Por órdenes superiores, se alteraron las actas y se desbarató el lugar donde apareció el cadáver. Esas confesiones comprometen al ex jefe de la Unidad Norte, Héctor Brito, detenido por encubrimiento, junto con el ex subjefe de Policía, Nicolás Barrera. ¿Quién dio las órdenes desde “arriba”? A medida que la Cámara Penal ahonda las indagatorias, el hilo de la pesquisa viborea, en espiral ascendente, por los recovecos gubernamentales.
En paralelo, se aguardan nuevas medidas del fiscal López Ávila. Investiga a qué números se llamó desde el celular de la estudiante, utilizado durante dos días después del femicidio, con chips pertenecientes a los imputados Gallardo y Gómez. Así se sabrá quiénes recibieron esas llamadas. Gallardo, defendido por el penalista Roberto Flores, pidió ampliar su declaratoria. Ninguno de los dos detenidos pudo explicar por qué tuvo en su poder el móvil de la víctima, ni cómo llegó a ellos. Ambos están imputados por privación de la libertad seguida de muerte. La pena que les cabe, si se comprobara su responsabilidad, es cadena perpetua.
El otro brazo de las pinzas que atenaza a Alperovich, son los gastos de la Convención Constituyente que le otorgó la canonjía del tercer mandato, que hoy transita a los barquinazos. Casi en simultáneo con el avance de las averiguaciones del asesinato de la joven, saltó a la luz pública la podredumbre institucionalizada y legalizada que envolvió a la Convención. Los vahos de la corrupción inundan la provincia. Pese a que la ley de convocatoria determinaba su funcionamiento ad honorem, se detectó, siete años después, erogaciones sospechosas por arriba de dos millones de pesos.
Hasta que LA GACETA diera a conocer los facsímiles de recibos con firma de convencionales que recibieron dinero por debajo de la mesa -no todos-, la sociedad estaba convencida que el cambio constitucional se había hecho sin gasto alguno, como ocurrió con la anterior mutación de 1990. Alegremente, se fumaron el dinero, sin la debida rendición de cuentas como todo gasto público. Las explicaciones del gobernador, de Juan Manzur, titular de la Constituyente, y de Sergio Díaz Ricci, vocal del Tribunal de Cuentas, no sólo son inconvincentes y endebles, sino que resultan hasta ridículas por sus vaguedades. El jefe del Ejecutivo de nada se acuerda y su amigo del alma contestó que los maravedíes evaporados se invirtieron “en el andamiaje de la reforma”. Cara para alumbrar, al final, un adefesio como el que se hizo, con normas ajurídicas a granel.
En el decenio de la gestión actual quedó acabadamente demostrado que esa pata del Estado -supuestamente para hacer leyes y controlar al PE en sus desvaríos-, es un órgano inútil. Las erogaciones del Parlamento son un misterio con rango de dogma. Se disponen secretamente y los monitorea el zar a través del secretario administrativo, Juan Antonio Ruíz Olivares, quien, alguna vez, supo ser socialista. Los gastos secretos se guardan en catacumbas con el blindaje de setenta llaves.
No obstante ese hermetismo, es posible acceder a algunas pistas. En la página Web de la Provincia y en el Boletín Oficial están publicados datos gruesos del ejercicio del año que concluye. El monto total, en números enteros, es $ 552 millones. Hasta el 30 de setiembre se llevan gastados 341 millones, destinados al pago de personal, incluidas las dietas de los legisladores. Representa el 62% del presupuesto anual. El resto, es decir $ 194 millones, es la partida correspondiente al rubro “transferencias” (35% del presupuesto). Aquí está la madre del borrego.
De ahí salen los doblones que se entregan a los legisladores, mes a mes, para los muy comentados “gastos sociales”, que constitucionalmente no corresponden. El reparto es un jolgorio de desigualdades y discriminaciones. La escala está regida por el grado de fidelidad y sumisión al zar. La distribución inequitativa genera broncas y rencores. Se descubre, así, que existen primus inter pares, o sea, impares entre pares. Entre los que reciben trato preferencial están parlamentarios de lomo negro, fieles hasta dar la vida por el Supremo, contados funcionarios y otros legisladores del palo, y alguno de la acera de enfrente. Se habla, igualmente, de un congresista y de un jerarca en el firmamento nacional. La considerada tropa está por debajo de esas pitanzas. Y más debajo aun algunos de la oposición.
La suma que se imputa a transferencias corrientes (gastos sociales) representa $ 68,88 millones para este año, pero la partida anual que figura en la Web es de $ 194 millones. Entonces, falta justificar $ 125 millones. La ley 6930, denominada “de excedentes financieros”, permite al Poder Judicial, a la Legislatura y al Tribunal de Cuentas abrir una cuenta en el Banco Tucumán que es “extrapresupuestaria” para el manejo de los fondos que sobran cada año. Sería interesante conocer el movimiento de esos caudales y a dónde van a parar.
Al ver la planilla de distribución y los recibos -muchos rudimentarios y solo con los montos- es posible advertir que entre los legisladores hay hijos y entenados. La función de un parlamentario -lo determina la Constitución con nitidez- es hacer leyes. Sin embargo, bajo esa denominación genérica de “gastos sociales”, se filtran subsidios y otras erogaciones non sanctas, con rendiciones de cuentas flojitas de papeles, aprobados por la Legislatura sin mucho rigor. Algo muy similar a lo que ocurrió en la Convención Constituyente. Más de un asambleísta de entonces pasa sofocones hoy, como Osvaldo Morelli, intendente de Concepción, quien tenía como “asesor” a su chofer y éste nada sabía, como declaró a LA GACETA.
Esa es la razón por la cual la Legislatura -la corporación oficialista- se niega dar a conocer los gastos de funcionamiento, en detalles, como manda la ley. Da a pensar a la gente que algo se oculta. Si se hiciera un ADN patrimonial a los representantes del pueblo, más de uno tendría problemas en demostrar cómo hizo su enriquecimiento exprés. Los legisladores, a más de sus dietas de alrededor de $ 20.000 por mes, perciben -no todos- viáticos y movilidad, gastos médicos del grupo familiar y de cortesía, y combustible. Más “gastos sociales”.
El alperovichismo comenzó a desmoronarse. De la peor manera. El fin de fiesta se precipita mucho antes de lo que Yo, José suponía. No puede ser más patético y doloroso para él. Está acorralado en una operación de pinzas, que no controla y va cercándolo cada vez más. De un flanco, el crimen de Paulina Lebbos, registrado bajo su gestión, por cuyo esclarecimiento nada efectivo hizo. Del otro, las pústulas de la corrupción que toman estado público, para espanto de la gente.
El encubrimiento y la impunidad empiezan a disiparse por la tenacidad del nuevo fiscal Diego López Ávila, con estocadas al corazón del poder. Salió a la luz la participación de ex jerarcas policiales y, también, de algunos de sus colaboradores a los que mantuvo a su diestra desde aquel ominoso suceso. El fuego de las acusaciones estalla en las cercanías de su despacho. Por este entuerto, de insondables derivaciones políticas, hay rostros adustos en la Casa de Gobierno.
En la lejanía, cada día que pasa, se oye con más intensidad el tañer de campanas. ¿Por quién doblan?, se pregunta el César. Las declaraciones de los policías de Raco, de dos peones y un taxista, en sede judicial, confirman lo que Alberto Lebbos, viene sosteniendo con nombres y apellidos, desde el hallazgo de su hija, asesinada, en un zanjón en las inmediaciones de Tapia. Por órdenes superiores, se alteraron las actas y se desbarató el lugar donde apareció el cadáver. Esas confesiones comprometen al ex jefe de la Unidad Norte, Héctor Brito, detenido por encubrimiento, junto con el ex subjefe de Policía, Nicolás Barrera. ¿Quién dio las órdenes desde “arriba”? A medida que la Cámara Penal ahonda las indagatorias, el hilo de la pesquisa viborea, en espiral ascendente, por los recovecos gubernamentales.
En paralelo, se aguardan nuevas medidas del fiscal López Ávila. Investiga a qué números se llamó desde el celular de la estudiante, utilizado durante dos días después del femicidio, con chips pertenecientes a los imputados Gallardo y Gómez. Así se sabrá quiénes recibieron esas llamadas. Gallardo, defendido por el penalista Roberto Flores, pidió ampliar su declaratoria. Ninguno de los dos detenidos pudo explicar por qué tuvo en su poder el móvil de la víctima, ni cómo llegó a ellos. Ambos están imputados por privación de la libertad seguida de muerte. La pena que les cabe, si se comprobara su responsabilidad, es cadena perpetua.
El otro brazo de las pinzas que atenaza a Alperovich, son los gastos de la Convención Constituyente que le otorgó la canonjía del tercer mandato, que hoy transita a los barquinazos. Casi en simultáneo con el avance de las averiguaciones del asesinato de la joven, saltó a la luz pública la podredumbre institucionalizada y legalizada que envolvió a la Convención. Los vahos de la corrupción inundan la provincia. Pese a que la ley de convocatoria determinaba su funcionamiento ad honorem, se detectó, siete años después, erogaciones sospechosas por arriba de dos millones de pesos.
Hasta que LA GACETA diera a conocer los facsímiles de recibos con firma de convencionales que recibieron dinero por debajo de la mesa -no todos-, la sociedad estaba convencida que el cambio constitucional se había hecho sin gasto alguno, como ocurrió con la anterior mutación de 1990. Alegremente, se fumaron el dinero, sin la debida rendición de cuentas como todo gasto público. Las explicaciones del gobernador, de Juan Manzur, titular de la Constituyente, y de Sergio Díaz Ricci, vocal del Tribunal de Cuentas, no sólo son inconvincentes y endebles, sino que resultan hasta ridículas por sus vaguedades. El jefe del Ejecutivo de nada se acuerda y su amigo del alma contestó que los maravedíes evaporados se invirtieron “en el andamiaje de la reforma”. Cara para alumbrar, al final, un adefesio como el que se hizo, con normas ajurídicas a granel.
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