07 Diciembre 2013
BUENOS AIRES.- La investigación judicial que trata de determinar el origen y destino que tienen los fondos que administra el empresario kirchnerista Lázaro Báez, tuvieron un agregado impensado.
La decisión que adoptó la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, de pedir la suspensión de las funciones del fiscal José María Campagnoli, a cargo de la investigación, cayó como un balde de agua fría en los ámbitos tribunalicios nacionales.
El fiscal tildó de “bastante demencial” que su superior, la procuradora Gils Carbó, haya pedido su suspensión “por hacer” su “trabajo que es investigar” a Báez, amigo personal y confidente del ex presidente Néstor Kirchner, quien repetidamente se benefició con la adjudicación de obras públicas en la provincia de Santa Cruz.
“Me voy a defender en los expedientes y en la Justicia, porque esto que me está pasando es por trabajar, no es por otra cosa”, sostuvo el fiscal del fuero ordinario y anunció: “Yo voy a dar la pelea que tengo que dar, porque no puedo permitir que, por investigar, me saquen de la Fiscalía y me quieran sacar de un caso”. Campagnoli denunció que desde la Procuración lo “sacan de la Fiscalía para evitar que pueda avanzar en esta causa”, sobre supuesta extorsión de parte del empresario Báez a los dueños de la financiera SGI, también conocida como “La Rosadita”, porque estaba ubicada en un edificio de Puerto Madero en el que viven altos funcionarios del Gobierno.
La reacción del funcionario del Ministerio Público, entrevistado en radio “Mitre”, fue por la decisión de Gils Carbó de someterlo a un “jury de enjuiciamiento político” acusado de supuestos “mal desempeño” y “abuso de poder”, y pedir su suspensión provisoria.
Campagnoli es titular de la fiscalía de Saavedra y Núñez, y de la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos con Autor Desconocido.
La resolución de la Procuradora se produjo luego de un dictamen en el mismo sentido emitido por un Consejo Evaluador, compuesto por varios fiscales integrantes de la kirchnerista “Justicia Legítima”.
“Este caso nos enfrenta a la hipótesis de un magistrado que avasalla reglas de competencia y que, actuando de un modo descoordinado y sin respetar normas de confidencialidad y prudencia, invade ilegítimamente la actuación de otro colega”, dijo Gils Cargó.
Según la página de noticias de la Procuración, a Campagnoli se le imputa “no haber investigado un caso de administración fraudulenta contra Federico Elaskar”, quien involucró en irregularidades a Báez, “y transformar el objeto procesal de esa causa, para avanzar con una pesquisa paralela a la que tramitaba el fiscal Guillermo Marijuán”.
Campagnoli indagó las empresas de Báez y siguió, en el país y el exterior, la ruta del supuesto dinero lavado; solicitó informes y allanamientos, y vinculó a “la familia Kirchner” con el caso. También investigó paraísos fiscales por donde se habría lavado dinero.
Habían pasado menos de 24 horas del programa “Periodismo para Todos”, de Jorge Lanata, que dio a conocer el caso con los “arrepentidos” Leonardo Fariña y Elaskar, cuando Campagnoli promovió una investigación “de oficio” (sin haber recibido una denuncia) y pidió medidas de prueba. La justicia ordinaria se declaró incompetente y pasó el caso a la federal. Pero Campagnoli siguió con la investigación en la fiscalía que subrogaba, hasta que Gils Carbó lo corrió.
Contra la Procuradora
Cabe recordar que Gils Carbó suma problemas con las denuncias en su contra por la designación de fiscales subrogantes; la embestida del fiscal Marijuan, que pidió su indagatoria, y el descontento que existe en varias de las fiscalías federales de Comodoro Py 2002 con su jefa. (DyN-Especial)
La decisión que adoptó la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, de pedir la suspensión de las funciones del fiscal José María Campagnoli, a cargo de la investigación, cayó como un balde de agua fría en los ámbitos tribunalicios nacionales.
El fiscal tildó de “bastante demencial” que su superior, la procuradora Gils Carbó, haya pedido su suspensión “por hacer” su “trabajo que es investigar” a Báez, amigo personal y confidente del ex presidente Néstor Kirchner, quien repetidamente se benefició con la adjudicación de obras públicas en la provincia de Santa Cruz.
“Me voy a defender en los expedientes y en la Justicia, porque esto que me está pasando es por trabajar, no es por otra cosa”, sostuvo el fiscal del fuero ordinario y anunció: “Yo voy a dar la pelea que tengo que dar, porque no puedo permitir que, por investigar, me saquen de la Fiscalía y me quieran sacar de un caso”. Campagnoli denunció que desde la Procuración lo “sacan de la Fiscalía para evitar que pueda avanzar en esta causa”, sobre supuesta extorsión de parte del empresario Báez a los dueños de la financiera SGI, también conocida como “La Rosadita”, porque estaba ubicada en un edificio de Puerto Madero en el que viven altos funcionarios del Gobierno.
La reacción del funcionario del Ministerio Público, entrevistado en radio “Mitre”, fue por la decisión de Gils Carbó de someterlo a un “jury de enjuiciamiento político” acusado de supuestos “mal desempeño” y “abuso de poder”, y pedir su suspensión provisoria.
Campagnoli es titular de la fiscalía de Saavedra y Núñez, y de la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos con Autor Desconocido.
La resolución de la Procuradora se produjo luego de un dictamen en el mismo sentido emitido por un Consejo Evaluador, compuesto por varios fiscales integrantes de la kirchnerista “Justicia Legítima”.
“Este caso nos enfrenta a la hipótesis de un magistrado que avasalla reglas de competencia y que, actuando de un modo descoordinado y sin respetar normas de confidencialidad y prudencia, invade ilegítimamente la actuación de otro colega”, dijo Gils Cargó.
Según la página de noticias de la Procuración, a Campagnoli se le imputa “no haber investigado un caso de administración fraudulenta contra Federico Elaskar”, quien involucró en irregularidades a Báez, “y transformar el objeto procesal de esa causa, para avanzar con una pesquisa paralela a la que tramitaba el fiscal Guillermo Marijuán”.
Campagnoli indagó las empresas de Báez y siguió, en el país y el exterior, la ruta del supuesto dinero lavado; solicitó informes y allanamientos, y vinculó a “la familia Kirchner” con el caso. También investigó paraísos fiscales por donde se habría lavado dinero.
Habían pasado menos de 24 horas del programa “Periodismo para Todos”, de Jorge Lanata, que dio a conocer el caso con los “arrepentidos” Leonardo Fariña y Elaskar, cuando Campagnoli promovió una investigación “de oficio” (sin haber recibido una denuncia) y pidió medidas de prueba. La justicia ordinaria se declaró incompetente y pasó el caso a la federal. Pero Campagnoli siguió con la investigación en la fiscalía que subrogaba, hasta que Gils Carbó lo corrió.
Contra la Procuradora
Cabe recordar que Gils Carbó suma problemas con las denuncias en su contra por la designación de fiscales subrogantes; la embestida del fiscal Marijuan, que pidió su indagatoria, y el descontento que existe en varias de las fiscalías federales de Comodoro Py 2002 con su jefa. (DyN-Especial)
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