Por Federico Türpe
07 Diciembre 2013
Esta semana se desnudó que en la primera etapa de la investigación del crimen de Paulina Lebbos hubo un supuesto encubrimiento. Policías que mintieron, jefes policiales que les ordenaron mentir y civiles que fueron amenazados para que mientan.
Nada nuevo que no hubiera denunciado la querella (Alberto Lebbos) y parte de la oposición política y de la prensa que no están subordinadas a la chequera del Gobierno.
El miércoles se inició el juicio por falsificación de instrumento público contra tres ex policías, en el marco de la causa Lebbos. En forma paralela, el fiscal Diego López Avila comenzó a tirar de la punta de un ovillo y armó un desparramo en la Casa de Gobierno. Hay quienes sostienen que el hilo se cortará antes de llegar a saber quién está al final del ovillo. Otros afirman que la causa está nacionalizada y que los veedores de la Rosada no permitirán que otro caso de impunidad salpique a la presidenta. Un tercer sector, siempre hay un tercer sector, especula. Todo dependerá de lo que ocurra con la construcción política de los próximos dos años. A nivel nacional, si el que suceda a Cristina continuará en esta línea y si en la provincia el alperovichismo conservará el poder, aunque ya no en la figura de Alperovich, imposibilitado de volver a comprar su reelección como lo hizo en 2006. Casualmente, el mismo año en que mataron a Paulina.
“No conozco”, respondió el gobernador cuando el miércoles 20 de noviembre se le preguntó por los millonarios desembolsos a la Convención Constituyente, ocurridos hace siete años, pero sacados a la luz ahora por LA GACETA.
Una Convención Constituyente que debía trabajar ad honorem, excepto por los gastos administrativos destinados al pago de asesores y al alquiler de oficinas. Una Convención creada para mejorar la Carta Magna, pero que finalmente sólo sirvió para que Alperovich accediera a su tercer mandato consecutivo.
“Ese dinero se fue invirtiendo, en lo que fue el funcionamiento y andamiaje administrativo de la Convención Constituyente”, explicó el ministro de Salud de la Nación, vicegobernador de licencia y diputado nacional electo para no asumir, Juan Manzur.
“Andamiaje administrativo” por el que se desembolsó 100 veces más dinero a algunos convencionales oficialistas que a los opositores. ¿Será que los alperovichistas trabajaron más? Puede ser, después de todo debían garantizar la continuidad de su jefe.
“Andamiaje administrativo” que permitió que el chofer (José Enrique Salica) de un convencional (Osvaldo Morelli) cobrara 32.000 pesos, pero no por conducir el auto del actual intendente de Concepción, sino como asesor constitucional.
“Andamiaje administrativo” que no figuró en ningún presupuesto y que se mantuvo oculto hasta que el diario accedió a los recibos que acreditan los pagos.
LA GACETA cuenta en su poder con recibos de 2006 por unos dos millones de pesos, monto que hoy equivaldría a más de cinco millones. Según algunas fuentes ese “andamiaje administrativo” que trabajó para obtener el tercer mandato de Alperovich costó bastante más. Los recibos no están numerados y por la correlación de cifras y de nombres está claro que faltan comprobantes. Además, ninguno de los actores afectados se quejó por la cifra que se les endilgaba, sino por el contrario, hasta parecieron sentirse aliviados. ¿Cuánto nos habrá costado a los tucumanos que Alperovich estuviera 12 años en el gobierno? No será fácil saberlo. Pero es un “andamiaje administrativo” que siete años después comienza a desarmarse, como siete años después también empieza a desmoronarse el andamiaje de impunidad del caso Lebbos. Toda una coincidencia.
Nada nuevo que no hubiera denunciado la querella (Alberto Lebbos) y parte de la oposición política y de la prensa que no están subordinadas a la chequera del Gobierno.
El miércoles se inició el juicio por falsificación de instrumento público contra tres ex policías, en el marco de la causa Lebbos. En forma paralela, el fiscal Diego López Avila comenzó a tirar de la punta de un ovillo y armó un desparramo en la Casa de Gobierno. Hay quienes sostienen que el hilo se cortará antes de llegar a saber quién está al final del ovillo. Otros afirman que la causa está nacionalizada y que los veedores de la Rosada no permitirán que otro caso de impunidad salpique a la presidenta. Un tercer sector, siempre hay un tercer sector, especula. Todo dependerá de lo que ocurra con la construcción política de los próximos dos años. A nivel nacional, si el que suceda a Cristina continuará en esta línea y si en la provincia el alperovichismo conservará el poder, aunque ya no en la figura de Alperovich, imposibilitado de volver a comprar su reelección como lo hizo en 2006. Casualmente, el mismo año en que mataron a Paulina.
“No conozco”, respondió el gobernador cuando el miércoles 20 de noviembre se le preguntó por los millonarios desembolsos a la Convención Constituyente, ocurridos hace siete años, pero sacados a la luz ahora por LA GACETA.
Una Convención Constituyente que debía trabajar ad honorem, excepto por los gastos administrativos destinados al pago de asesores y al alquiler de oficinas. Una Convención creada para mejorar la Carta Magna, pero que finalmente sólo sirvió para que Alperovich accediera a su tercer mandato consecutivo.
“Ese dinero se fue invirtiendo, en lo que fue el funcionamiento y andamiaje administrativo de la Convención Constituyente”, explicó el ministro de Salud de la Nación, vicegobernador de licencia y diputado nacional electo para no asumir, Juan Manzur.
“Andamiaje administrativo” por el que se desembolsó 100 veces más dinero a algunos convencionales oficialistas que a los opositores. ¿Será que los alperovichistas trabajaron más? Puede ser, después de todo debían garantizar la continuidad de su jefe.
“Andamiaje administrativo” que permitió que el chofer (José Enrique Salica) de un convencional (Osvaldo Morelli) cobrara 32.000 pesos, pero no por conducir el auto del actual intendente de Concepción, sino como asesor constitucional.
“Andamiaje administrativo” que no figuró en ningún presupuesto y que se mantuvo oculto hasta que el diario accedió a los recibos que acreditan los pagos.
LA GACETA cuenta en su poder con recibos de 2006 por unos dos millones de pesos, monto que hoy equivaldría a más de cinco millones. Según algunas fuentes ese “andamiaje administrativo” que trabajó para obtener el tercer mandato de Alperovich costó bastante más. Los recibos no están numerados y por la correlación de cifras y de nombres está claro que faltan comprobantes. Además, ninguno de los actores afectados se quejó por la cifra que se les endilgaba, sino por el contrario, hasta parecieron sentirse aliviados. ¿Cuánto nos habrá costado a los tucumanos que Alperovich estuviera 12 años en el gobierno? No será fácil saberlo. Pero es un “andamiaje administrativo” que siete años después comienza a desarmarse, como siete años después también empieza a desmoronarse el andamiaje de impunidad del caso Lebbos. Toda una coincidencia.
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