Por Luis María Ruiz
07 Diciembre 2013
AGOSTO DE 2012. Frente a la Legislatura, personas hacían fila para recibir ayudas económicas de la oficialista Khoder. la gaceta / foto de archivo
Varios de los actuales legisladores integraron la Convención Constituyente (CC) que reformó la Carta Magna provincial en 2006. Y según le confiaron diversas fuentes del parlamento a LA GACETA, en el edificio de Muñecas y avenida Sarmiento siguieron con atención y comentaron en charlas de café las publicaciones referidas a los gastos administrativos habilitados para la modificación de la Constitución provincial, y que según un decreto del Poder Ejecutivo (PE) de 2007, insumió $ 1,8 millón.
No les preocupa, aclararon, la polémica en torno de la rendición de cuentas. “Fueron todos recursos invertidos en el andamiaje de una reforma”, advirtió en una entrevista con este diario el presidente de aquella CC, Juan Manzur. Las declaraciones del ministro de Salud de la Nación y vicegobernador tucumano en uso de licencia, y el respaldo público del Tribunal de Cuentas (TC) al procedimiento administrativo que aprobó las erogaciones de la Convención, llevaron alivio en ese sentido.
Pero la divulgación de que José Enrique Salica, el chofer del ex convencional de Participación Cívica (PC) y actual intendente de Concepción, Osvaldo Morelli, había firmado comprobantes por $ 32.000 como asesor -según se desprende de los recibos aportados por el ex jefe de la bancada de PC, Carlos Courel- generó revuelo en parlamentarios del oficialismo y de la oposición; incluso, motivó consultas a referentes del cuerpo y altos funcionarios. Lo que inquieta a estos legisladores, según relataron en estricto off the record, es cómo se “filtró” la información sobre el uso de aquellos fondos. Sobre todo, porque los detalles de la rendición de los gastos sociales de la Cámara no se dan a conocer hace años, y no quieren “sorpresas”. “Este sistema, en algún momento, tiene que cambiar. No podemos seguir con una dieta inferior a un empleado legislativo de la máxima categoría, y firmar por la plata de gastos sociales por separado”, planteó un integrante del cuerpo ante algunos pares.
Un alperovichista de alta jerarquía en el parlamento renegó de esos pensamientos. “No conozco cómo trabajó la CC, pero nosotros cuando justificamos el dinero que usamos no entregamos sólo el comprobante; si es una ayuda social, se adjunta la fotocopia del DNI de la persona beneficiada; si se compran medicamentos, no se da la plata, sino que se encarga el remedio, se lo entrega a quien hizo el pedido y eso respalda todo. No hay por qué preocuparse”, remarcó el dirigente oficialista. Ni él ni otros de sus pares consultados por este diario aceptaron brindar estas explicaciones con nombre y apellido.
Hubo novedades que no mejoraron el humor de parlamentarios de los diferentes bloques: ya vieron en sus boletas el incremento del 20% en la dieta (alcanzaría un bruto superior a los $ 20.000); además, ya impactó el pago en retroactivo de unos $ 6.000 (abonados en dos cuotas), en consonancia con el acuerdo salarial de este año entre el PE y gremios estatales, indicó un alto referente del PJ. En tanto, se estaría abonando el aguinaldo de fin de año por estos días (algunos afirmaron que el depósito ya aparece en su cuenta bancaria).
Las inquietudes que surgieron a partir de la difusión de los comprobantes de erogaciones operativas de la CC (la ley N° 7.469 habilitaba el uso de esos dineros, pero aclaraba que la labor del convencional debía ser ad honórem) llevaron a que el tema se planteara informalmente. Y la cuestión se trasladó a la interna oficialista. En el alperovichismo sostienen que un sector del peronismo disidente se encargó de sacar a la luz, tras siete años de permanecer en algún cajón, los certificados de pago de la CC.
Las presunciones y sospechas se mantienen en tono de murmullos; pero los legisladores que responden a la Casa de Gobierno leyeron con desánimo las declaraciones del intendente de la Capital, Domingo Amaya. “No recibí dinero como convencional constituyente. Íbamos a las reuniones, trabajábamos con los textos de la Constitución y nada más (...). No firmé nada, ni me dieron dinero. Me acuerdo que me pusieron dos personas de la misma Cámara, no me acuerdo los nombres ahora”, lanzó el jefe municipal en la semana.
A fines de noviembre, Courel había visitado LA GACETA para entregar comprobantes de los recursos utilizados con fines administrativos destinados a la labor de asesores de sus pares de bloque (integrado además por Morelli, Roberto Martínez Zavalía y Cecilia Serra). Este sector, de vertientes radicales pero aliado al alperovichismo, aprobó junto al PJ la Carta Magna vigente, en la sesión de la CC de junio de 2006. Este debate acabó con el abandono de opositores del recinto. Según la ex convencional y actual legisladora amayista Beatriz Ávila, al cierre se aprobaron las resoluciones internas en “paquete”, sin que se leyeran los detalles de los gastos operativos.
Revuelo en el sur.- Osvaldo Morelli era intendente de Concepción cuando, en 2006, fue electo convencional constituyente por el partido Participación Cívica (PC). Según papeles aportados por el presidente de esa bancada, Carlos Courel, el jefe municipal de la “Perla del Sur” obtuvo entonces el asesoramiento para la reforma de José Enrique Salica, cuya firma y número de documento aparecen en cinco comprobantes, por un total de $ 32.000. A este asesor se adjudicó el 38% de los recursos para erogaciones operativas que la Convención Constituyente (CC) había aportado a PC. El escándalo surgió porque, según reveló este diario, Salica en realidad es chofer del intendente Morelli. “Yo, la verdad, no sabía de esta cosa”, dijo el chofer, al ser consultado por los recibos. Dirigentes oficialistas de Concepción afirmaron que el tema generó gran revuelo entre los políticos del sur.
Sin respuestas.- Desde el jueves, LA GACETA intenta comunicarse con el intendente Osvaldo Morelli, pero no devolvió los llamados ni SMS enviados a su teléfono celular. Este diario también llamó a la Municipalidad de Concepción, y le solicitó al trabajador municipal que enviara el mensaje a su superior. No hubo respuestas. Dos versiones se pudieron recoger respecto a dónde estaría Morelli. Fuentes de esa ciudad aseguraron que se encontraba fuera de la provincia. Sin embargo, un dirigente alperovichista aseguró que el jefe municipal pasó el último día hábil en su casa. “La Intendencia funcionó ahí”, graficó la fuente, en off the record. El informante sostuvo además que Morelli habría dado directivas a sus funcionarios para que no realicen declaraciones públicas sobre el tema.
Investigación en curso.- El peronista disidente Enrique Romero realizó una denuncia penal, en la que indica que hubo una presunta malversación de fondos en la Convención Constituyente de 2006, que habilitó la reelección para cargos legislativos y ejecutivos provinciales. La ley N° 7.469, que había habilitado la reforma y establecido sus límites, marcaba que los cargos de los constituyentes eran ad honórem; estos podían sin embargo utilizar recursos con fines operativos. Un decreto del PE indica que, a través del Ministerio de Gobierno y Justicia, se giró $ 1,8 millón que fue administrado por el presidente de la Convención, Juan Manzur, destacó Romero. La causa está en manos de la fiscal de Instrucción de la IX Nominación, María de las Mercedes Carrizo, y aún no tiene imputados. “Es necesario garantizar que no habrán de quedar impunes las aberraciones cometidas por funcionarios que utilizan el Estado en su propio beneficio”, remarcó el peronista Romero en un escrito, mediante el que pidió celeridad en la pesquisa al Ministerio Público Fiscal.
No les preocupa, aclararon, la polémica en torno de la rendición de cuentas. “Fueron todos recursos invertidos en el andamiaje de una reforma”, advirtió en una entrevista con este diario el presidente de aquella CC, Juan Manzur. Las declaraciones del ministro de Salud de la Nación y vicegobernador tucumano en uso de licencia, y el respaldo público del Tribunal de Cuentas (TC) al procedimiento administrativo que aprobó las erogaciones de la Convención, llevaron alivio en ese sentido.
Pero la divulgación de que José Enrique Salica, el chofer del ex convencional de Participación Cívica (PC) y actual intendente de Concepción, Osvaldo Morelli, había firmado comprobantes por $ 32.000 como asesor -según se desprende de los recibos aportados por el ex jefe de la bancada de PC, Carlos Courel- generó revuelo en parlamentarios del oficialismo y de la oposición; incluso, motivó consultas a referentes del cuerpo y altos funcionarios. Lo que inquieta a estos legisladores, según relataron en estricto off the record, es cómo se “filtró” la información sobre el uso de aquellos fondos. Sobre todo, porque los detalles de la rendición de los gastos sociales de la Cámara no se dan a conocer hace años, y no quieren “sorpresas”. “Este sistema, en algún momento, tiene que cambiar. No podemos seguir con una dieta inferior a un empleado legislativo de la máxima categoría, y firmar por la plata de gastos sociales por separado”, planteó un integrante del cuerpo ante algunos pares.
Un alperovichista de alta jerarquía en el parlamento renegó de esos pensamientos. “No conozco cómo trabajó la CC, pero nosotros cuando justificamos el dinero que usamos no entregamos sólo el comprobante; si es una ayuda social, se adjunta la fotocopia del DNI de la persona beneficiada; si se compran medicamentos, no se da la plata, sino que se encarga el remedio, se lo entrega a quien hizo el pedido y eso respalda todo. No hay por qué preocuparse”, remarcó el dirigente oficialista. Ni él ni otros de sus pares consultados por este diario aceptaron brindar estas explicaciones con nombre y apellido.
Hubo novedades que no mejoraron el humor de parlamentarios de los diferentes bloques: ya vieron en sus boletas el incremento del 20% en la dieta (alcanzaría un bruto superior a los $ 20.000); además, ya impactó el pago en retroactivo de unos $ 6.000 (abonados en dos cuotas), en consonancia con el acuerdo salarial de este año entre el PE y gremios estatales, indicó un alto referente del PJ. En tanto, se estaría abonando el aguinaldo de fin de año por estos días (algunos afirmaron que el depósito ya aparece en su cuenta bancaria).
Las inquietudes que surgieron a partir de la difusión de los comprobantes de erogaciones operativas de la CC (la ley N° 7.469 habilitaba el uso de esos dineros, pero aclaraba que la labor del convencional debía ser ad honórem) llevaron a que el tema se planteara informalmente. Y la cuestión se trasladó a la interna oficialista. En el alperovichismo sostienen que un sector del peronismo disidente se encargó de sacar a la luz, tras siete años de permanecer en algún cajón, los certificados de pago de la CC.
Las presunciones y sospechas se mantienen en tono de murmullos; pero los legisladores que responden a la Casa de Gobierno leyeron con desánimo las declaraciones del intendente de la Capital, Domingo Amaya. “No recibí dinero como convencional constituyente. Íbamos a las reuniones, trabajábamos con los textos de la Constitución y nada más (...). No firmé nada, ni me dieron dinero. Me acuerdo que me pusieron dos personas de la misma Cámara, no me acuerdo los nombres ahora”, lanzó el jefe municipal en la semana.
A fines de noviembre, Courel había visitado LA GACETA para entregar comprobantes de los recursos utilizados con fines administrativos destinados a la labor de asesores de sus pares de bloque (integrado además por Morelli, Roberto Martínez Zavalía y Cecilia Serra). Este sector, de vertientes radicales pero aliado al alperovichismo, aprobó junto al PJ la Carta Magna vigente, en la sesión de la CC de junio de 2006. Este debate acabó con el abandono de opositores del recinto. Según la ex convencional y actual legisladora amayista Beatriz Ávila, al cierre se aprobaron las resoluciones internas en “paquete”, sin que se leyeran los detalles de los gastos operativos.
Revuelo en el sur.- Osvaldo Morelli era intendente de Concepción cuando, en 2006, fue electo convencional constituyente por el partido Participación Cívica (PC). Según papeles aportados por el presidente de esa bancada, Carlos Courel, el jefe municipal de la “Perla del Sur” obtuvo entonces el asesoramiento para la reforma de José Enrique Salica, cuya firma y número de documento aparecen en cinco comprobantes, por un total de $ 32.000. A este asesor se adjudicó el 38% de los recursos para erogaciones operativas que la Convención Constituyente (CC) había aportado a PC. El escándalo surgió porque, según reveló este diario, Salica en realidad es chofer del intendente Morelli. “Yo, la verdad, no sabía de esta cosa”, dijo el chofer, al ser consultado por los recibos. Dirigentes oficialistas de Concepción afirmaron que el tema generó gran revuelo entre los políticos del sur.
Sin respuestas.- Desde el jueves, LA GACETA intenta comunicarse con el intendente Osvaldo Morelli, pero no devolvió los llamados ni SMS enviados a su teléfono celular. Este diario también llamó a la Municipalidad de Concepción, y le solicitó al trabajador municipal que enviara el mensaje a su superior. No hubo respuestas. Dos versiones se pudieron recoger respecto a dónde estaría Morelli. Fuentes de esa ciudad aseguraron que se encontraba fuera de la provincia. Sin embargo, un dirigente alperovichista aseguró que el jefe municipal pasó el último día hábil en su casa. “La Intendencia funcionó ahí”, graficó la fuente, en off the record. El informante sostuvo además que Morelli habría dado directivas a sus funcionarios para que no realicen declaraciones públicas sobre el tema.
Investigación en curso.- El peronista disidente Enrique Romero realizó una denuncia penal, en la que indica que hubo una presunta malversación de fondos en la Convención Constituyente de 2006, que habilitó la reelección para cargos legislativos y ejecutivos provinciales. La ley N° 7.469, que había habilitado la reforma y establecido sus límites, marcaba que los cargos de los constituyentes eran ad honórem; estos podían sin embargo utilizar recursos con fines operativos. Un decreto del PE indica que, a través del Ministerio de Gobierno y Justicia, se giró $ 1,8 millón que fue administrado por el presidente de la Convención, Juan Manzur, destacó Romero. La causa está en manos de la fiscal de Instrucción de la IX Nominación, María de las Mercedes Carrizo, y aún no tiene imputados. “Es necesario garantizar que no habrán de quedar impunes las aberraciones cometidas por funcionarios que utilizan el Estado en su propio beneficio”, remarcó el peronista Romero en un escrito, mediante el que pidió celeridad en la pesquisa al Ministerio Público Fiscal.
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