03 Diciembre 2013
DESDE CÓRDOBA. Menéndez participó del debate mediante videoconferencia: es juzgado en tres procesos. LA GACETA / FOTO DE JORGE OLMOS SGROSSO
En la pantalla se lo vio ayer vestido de traje gris, camisa blanca y corbata negra. Hizo anotaciones mientras se balanceaba sobre la silla con rueditas. Inmutable, el represor Luciano Benjamín Menéndez escuchó así desde Córdoba las imputaciones como autor mediato de los delitos de violación de domicilio de la familia Toledo-Ygel y privación ilegítima de la libertad de Rita ArizadeToledo y de su yerno Jorge Ygel (ambos murieron) en noviembre de 1977.
El ex comandante del III Cuerpo del Ejército durante la última dictadura es el único imputado en el séptimo juicio por delitos de lesa humanidad que se celebra en la provincia (el otro era el fallecido Antonio Bussi). El proceso juzga, por un lado, la presunta apropiación, mediante amenazas de muerte por parte del Gobierno militar, de las tierras sobre la que se levantó el pueblo de Capitán Cáceres (Monteros). Por el otro, las responsabilidades civiles de la Provincia y de la Nación. La demanda por daños y perjuicios es por más de $ 48 millones.
Menéndez participó mediante el sistema de videoconferencia. Esperó a que el presidente del Tribunal Oral Federal (TOF), el juez Gabriel Casas, inaugurara el debate y le diera la palabra. Con la voz firme, desestimó la legitimidad del Tribunal para juzgarlo y afirmó estar "sorprendido" por las acusaciones. Inmediatamente después pidió hacer una aclaración: "las órdenes militares discurrían por el canal militar. Respondo a lo atinente a lo militar. Paralelamente, pero sin contacto, estaba el canal político-civil. Esas cuestiones las atendía directamente el general Bussi con (Albano) Harguindeguy, ministro del Interior". Sus defensores Adolfo Bertini y Vanessa Lucero habían planteado más temprano la nulidad del requerimiento y del auto de elevación a juicio.
"Nunca dejó de llorar"
Recordó la tarde del 18 de noviembre de 1977 en la que se llevaron a su marido (Ygel); a su pequeño hijo aferrado a las piernas de él y los insultos judeofóbicos. "Nuestra duda era por qué. Lo golpearon y torturaron. No le creían que las tierras no eran de él. Le dijeron que convenciera a mi mamá de donarlas o que nos matarían a todos", relató la denunciante, Elena ToledodeYgel, hija y viuda de las víctimas. Sin pausa, ante las preguntas de su abogado, Bernardo Lobo Bougeau, y del fiscal Leopoldo Peralta Palma, pintó un cuadro de desesperación y tristeza. Luego, a los pocos días, el 25, ocurrió el penoso secuestro de Ariza.
"Eran las 6 y apenas la dejaron vestirse. Ella decía que no les firmaría nada, que era lo único que tenía para dejarme. Era mayor... nunca dejó de llorar. La llevaron a la Casa de Gobierno. Con una pistola sobre el escritorio, Bussi le dijo que debía ceder las tierras porque el pueblo estaba terminado. La tuvieron hasta que firmó. Me dijo que mojó los papeles con lágrimas", expresó con la voz entrecortada. La mujer añadió que quedaron quebrados y que su madre nunca se recuperó de una depresión. "Necesito justicia, por favor. Por mi mamá. Quiero pedir al Gobierno que ese lugar lleve el nombre de mi madre", concluyó.
Al cierre de esta edición, el TOF seguía escuchando a testigos. También debía definir cuándo continuaría la audiencia. El debate podría continuar la semana que viene.
El ex comandante del III Cuerpo del Ejército durante la última dictadura es el único imputado en el séptimo juicio por delitos de lesa humanidad que se celebra en la provincia (el otro era el fallecido Antonio Bussi). El proceso juzga, por un lado, la presunta apropiación, mediante amenazas de muerte por parte del Gobierno militar, de las tierras sobre la que se levantó el pueblo de Capitán Cáceres (Monteros). Por el otro, las responsabilidades civiles de la Provincia y de la Nación. La demanda por daños y perjuicios es por más de $ 48 millones.
Menéndez participó mediante el sistema de videoconferencia. Esperó a que el presidente del Tribunal Oral Federal (TOF), el juez Gabriel Casas, inaugurara el debate y le diera la palabra. Con la voz firme, desestimó la legitimidad del Tribunal para juzgarlo y afirmó estar "sorprendido" por las acusaciones. Inmediatamente después pidió hacer una aclaración: "las órdenes militares discurrían por el canal militar. Respondo a lo atinente a lo militar. Paralelamente, pero sin contacto, estaba el canal político-civil. Esas cuestiones las atendía directamente el general Bussi con (Albano) Harguindeguy, ministro del Interior". Sus defensores Adolfo Bertini y Vanessa Lucero habían planteado más temprano la nulidad del requerimiento y del auto de elevación a juicio.
"Nunca dejó de llorar"
Recordó la tarde del 18 de noviembre de 1977 en la que se llevaron a su marido (Ygel); a su pequeño hijo aferrado a las piernas de él y los insultos judeofóbicos. "Nuestra duda era por qué. Lo golpearon y torturaron. No le creían que las tierras no eran de él. Le dijeron que convenciera a mi mamá de donarlas o que nos matarían a todos", relató la denunciante, Elena ToledodeYgel, hija y viuda de las víctimas. Sin pausa, ante las preguntas de su abogado, Bernardo Lobo Bougeau, y del fiscal Leopoldo Peralta Palma, pintó un cuadro de desesperación y tristeza. Luego, a los pocos días, el 25, ocurrió el penoso secuestro de Ariza.
"Eran las 6 y apenas la dejaron vestirse. Ella decía que no les firmaría nada, que era lo único que tenía para dejarme. Era mayor... nunca dejó de llorar. La llevaron a la Casa de Gobierno. Con una pistola sobre el escritorio, Bussi le dijo que debía ceder las tierras porque el pueblo estaba terminado. La tuvieron hasta que firmó. Me dijo que mojó los papeles con lágrimas", expresó con la voz entrecortada. La mujer añadió que quedaron quebrados y que su madre nunca se recuperó de una depresión. "Necesito justicia, por favor. Por mi mamá. Quiero pedir al Gobierno que ese lugar lleve el nombre de mi madre", concluyó.
Al cierre de esta edición, el TOF seguía escuchando a testigos. También debía definir cuándo continuaría la audiencia. El debate podría continuar la semana que viene.
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