Por Gustavo Cobos
01 Diciembre 2013
Los informes de entrecruzamientos telefónicos o de tráfico de IMEI dependen de dos voluntades. La primera es la del investigador, quien toma la decisión de solicitarlos y de reiterarlos en caso de demoras. Cuando los informes llegan, hay que estudiarlos para que no sean simples papeles con un listado de números y horarios.
La tecnología para emitir estos informes existía en febrero de 2006, cuando se produjo el crimen de Paulina Lebbos. El fiscal de Instrucción Carlos Albaca, que tuvo a su cargo la investigación entre mayo de 2006 y junio de 2013, solicitó algunos de estos informes, pero la mayoría no fueron respondidos. El pedido fue reiterado a principios de este año. Las planillas de entrecruzamientos que estaban en el expediente casi no habían sido analizadas, contaron fuentes judiciales.
La segunda voluntad para tener estas pruebas que pueden ser fundamentales para la investigación de un delito, es la de las empresas de telefonía celular. En muchos casos los fiscales provinciales tienen que reiterar los pedidos, ante la falta de respuestas. Los informes que llegaron más rápidamente a los despachos de los fiscales tucumanos lo hicieron en 10 días, según contaron algunos representantes del Ministerio Público. Tampoco está claro cuál es el tiempo que las empresas deben tener almacenados esos registros. Afortunadamente, los del caso Lebbos aún estaban guardados.
La tecnología para emitir estos informes existía en febrero de 2006, cuando se produjo el crimen de Paulina Lebbos. El fiscal de Instrucción Carlos Albaca, que tuvo a su cargo la investigación entre mayo de 2006 y junio de 2013, solicitó algunos de estos informes, pero la mayoría no fueron respondidos. El pedido fue reiterado a principios de este año. Las planillas de entrecruzamientos que estaban en el expediente casi no habían sido analizadas, contaron fuentes judiciales.
La segunda voluntad para tener estas pruebas que pueden ser fundamentales para la investigación de un delito, es la de las empresas de telefonía celular. En muchos casos los fiscales provinciales tienen que reiterar los pedidos, ante la falta de respuestas. Los informes que llegaron más rápidamente a los despachos de los fiscales tucumanos lo hicieron en 10 días, según contaron algunos representantes del Ministerio Público. Tampoco está claro cuál es el tiempo que las empresas deben tener almacenados esos registros. Afortunadamente, los del caso Lebbos aún estaban guardados.
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