01 Diciembre 2013
MADRID. Manifestantes con pancartas con la imagen del ministro Wert. REUTERS
MADRID.- Miles de personas recorrieron el centro de la capital española para mostrar su rechazo a la reforma del sistema educativo español que aprobó el jueves, de forma definitiva y en solitario, el conservador gobierno de Mariano Rajoy. Docentes, padres y estudiantes destacaron que seguirán protestando contra la política educativa y por los recortes del Ejecutivo, cifrados en más de 6.000 millones de euros (U$S 8.153 millones) en los dos últimos cursos escolares.
La ley orgánica para la mejora de la calidad educativa, la séptima en España desde 1975, ha sido tildada de "adoctrinadora, españolista y fanática" por los sindicatos y la oposición. Solo en este año ha suscitado dos huelgas generales -la última, el 24 de octubre- y numerosas manifestaciones y protestas en todos los ciclos educativos. La nueva norma incluye, una división de los estudiantes en itinerarios a partir de los 14 años y evaluaciones externas en cada etapa educativa, dos medidas que los sindicatos consideran "segregadoras".
El impulsor de la reforma es el ministro de Educación, José Ignacio Wert, uno de los más polémicos del gobierno y el peor valorado por los españoles.
Pero este no es el único problemas que enfrenta el gobierno del Partido Popular: la futura Ley de Seguridad comienza a agregarle trastornos. La que ya se conoce como "ley mordaza" ha suscitado duras críticas entre los progresistas y ha vuelto a cuestionar la agenda ideológica de Rajoy. Unas horas después de que el Ejecutivo aprobara el anteproyecto de ley, un millar de personas salió a la calle para mostrar el rechazo a una norma que sancionará las protestas ilegales con multas de hasta 600.000 euros (unos U$S 800.000). La izquierda la califica como una ley "represiva" que devuelve a los ciudadanos a los tiempos de la dictadura de Francisco Franco (1939-1975). "Tratan de evitar que los ciudadanos ejerzan su derecho a la protesta", expresó el líder de Izquierda Unida (IU), Cayo Lara. (DPA)
La ley orgánica para la mejora de la calidad educativa, la séptima en España desde 1975, ha sido tildada de "adoctrinadora, españolista y fanática" por los sindicatos y la oposición. Solo en este año ha suscitado dos huelgas generales -la última, el 24 de octubre- y numerosas manifestaciones y protestas en todos los ciclos educativos. La nueva norma incluye, una división de los estudiantes en itinerarios a partir de los 14 años y evaluaciones externas en cada etapa educativa, dos medidas que los sindicatos consideran "segregadoras".
El impulsor de la reforma es el ministro de Educación, José Ignacio Wert, uno de los más polémicos del gobierno y el peor valorado por los españoles.
Pero este no es el único problemas que enfrenta el gobierno del Partido Popular: la futura Ley de Seguridad comienza a agregarle trastornos. La que ya se conoce como "ley mordaza" ha suscitado duras críticas entre los progresistas y ha vuelto a cuestionar la agenda ideológica de Rajoy. Unas horas después de que el Ejecutivo aprobara el anteproyecto de ley, un millar de personas salió a la calle para mostrar el rechazo a una norma que sancionará las protestas ilegales con multas de hasta 600.000 euros (unos U$S 800.000). La izquierda la califica como una ley "represiva" que devuelve a los ciudadanos a los tiempos de la dictadura de Francisco Franco (1939-1975). "Tratan de evitar que los ciudadanos ejerzan su derecho a la protesta", expresó el líder de Izquierda Unida (IU), Cayo Lara. (DPA)
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