01 Diciembre 2013
Mañana comenzará en el Tribunal Oral Federal (TOF) el debate oral por la causa de delitos de lesa humanidad "Toledo de Ygel". De acuerdo con la acusación, la familia Toledo-Ygel habría sido amenazada de muerte en 1977 para donar tierras en la localidad de Yacuchina sobre las que se levantó Capitán Cáceres (Monteros), uno de los cuatro pueblos fundados en el sur tucumano durante el terrorismo de estado.
Los magistrados Gabriel Casas, Carlos Jiménez Montilla y Juan Carlos Reynaga juzgarán dos aspectos. Por un lado, la presunta participación penal de Luciano Benjamín Menéndez. El represor era entonces comandante del III Cuerpo del Ejército y estará presente mediante videoconferencia desde Córdoba. Es el único imputado y se lo acusa por supuestos violación de domicilio y secuestro coactivo. Por el otro, se determinará la responsabilidades civiles de la Nación y de la Provincia. La familia reclama una indemnización por daños y perjuicios derivada de la supuesta adquisición ilícita. El monto exigido, basado en una pericia contable, es de más de $ 48 millones.
Se prevé que el proceso no se extienda más allá de tres audiencias. Los testigos citados serán 14. Entre ellos, hay ex funcionarios bussistas e integrantes del grupo familiar denunciante. También se escucharán declaraciones en causas anteriores de los dirigentes políticos Antonio Cafiero y Carlos Ruckauf, ex ministros del gobierno de Estela Martínez de Perón.
En representación de la acusación pública intervendrá el fiscal Leopoldo Peralta Palma (subrogante). Como querellante actuará Bernardo Lobo Bugeau y como representante de la actora civil Francisco de la Vega Madueño. En la Defensa, por otro lado, estará Ciro Lo Pinto.
Los magistrados Gabriel Casas, Carlos Jiménez Montilla y Juan Carlos Reynaga juzgarán dos aspectos. Por un lado, la presunta participación penal de Luciano Benjamín Menéndez. El represor era entonces comandante del III Cuerpo del Ejército y estará presente mediante videoconferencia desde Córdoba. Es el único imputado y se lo acusa por supuestos violación de domicilio y secuestro coactivo. Por el otro, se determinará la responsabilidades civiles de la Nación y de la Provincia. La familia reclama una indemnización por daños y perjuicios derivada de la supuesta adquisición ilícita. El monto exigido, basado en una pericia contable, es de más de $ 48 millones.
Se prevé que el proceso no se extienda más allá de tres audiencias. Los testigos citados serán 14. Entre ellos, hay ex funcionarios bussistas e integrantes del grupo familiar denunciante. También se escucharán declaraciones en causas anteriores de los dirigentes políticos Antonio Cafiero y Carlos Ruckauf, ex ministros del gobierno de Estela Martínez de Perón.
En representación de la acusación pública intervendrá el fiscal Leopoldo Peralta Palma (subrogante). Como querellante actuará Bernardo Lobo Bugeau y como representante de la actora civil Francisco de la Vega Madueño. En la Defensa, por otro lado, estará Ciro Lo Pinto.
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